29 investigados por la venta de parcelas ilegales en Mutxamel: había hasta una intermediaria
El terreno, situado en Baiona Alto, está clasificado en el Plan General como suelo no urbanizable
Un agente de la Guardia Civil en la parcela de Mutxamel / INFORMACIÓN
Suma y sigue contra las construcciones ilegales. La Guardia Civil ha investigado a un total de 29 personas por su presunta implicación en un delito contra la ordenación del territorio y el urbanismo, relacionado con la construcción de viviendas ilegales en suelo no urbanizable en la partida de Baiona Alta, término municipal de Mutxamel.
En el marco de las actuaciones en materia de ordenación del territorio, la investigación se inició en el mes de febrero, cuando la patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Xixona obtuvo información sobre posibles construcciones irregulares en una zona rústica del municipio mutxamelero.
Tras desplazarse al lugar comprobaron que se trataba de una parcela de más de 34.000 metros cuadrados, clasificada como suelo no urbanizable, explican fuentes de la Guardia Civil.
Durante la inspección, los agentes observaron que el terreno había sido dividido en 16 subparcelas, algunas de ellas posteriormente nuevamente fraccionadas, y que en su interior se habían instalado casas móviles o mobil homes sin contar con ningún tipo de licencia urbanística.
La Guardia Civil, en la parcela / INFORMACIÓN
Detrás de esta promoción ilegal se encontraba una mujer de 41 años que actuaba como intermediaria y que ya contaba con antecedentes por hechos similares. La mujer figuraba en la escritura pública de compraventa como mandataria verbal del vendedor, confiando en su gestión.
Copropiedad
Los compradores habían adquirido un porcentaje o participación del terreno total, lo que implicaba también la copropiedad de las subdivisiones ilegales del terreno.
Tras meses de trabajo, el Seprona ha investigado a la intermediaria y a 28 personas más, con edades comprendidas entre 26 y 72 años, todos ellos propietarios actuales de las parcelas segregadas ilegalmente.
La Benemérita recuerda que comprar una vivienda ilegal supone asumir riesgos económicos, legales y de seguridad
Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Instrucción del Partido Judicial de San Vicente del Raspeig y se han realizado gestiones con el Ayuntamiento de Mutxamel.
Demolición
La Guardia Civil alerta de que adquirir una vivienda ilegal no solo implica la posibilidad de perder el dinero invertido, sino también exponerse a sanciones, órdenes de demolición y graves problemas legales.
Además, este tipo de construcciones irregulares carecen de garantías técnicas y urbanísticas, lo que puede ocasionar daños materiales severos y dificultar el acceso a servicios básicos como el agua, la electricidad o el saneamiento.
Hace una semana la Guardia Civil realizó una operación contra las construcciones ilegales en partidas rurales de Alicante que culminó con la investigación de 64 personas como presuntas autoras de delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo, y, en algunos casos, también por falsedad documental y delitos contra la Hacienda Pública.
Entramado fraudulento
A principios de enero se informó de otra operación con 20 imputados al desmantelar en Alicante un entramado fraudulento de compra y venta de parcelas en suelo rústico no urbanizable. En esta nueva operación también se trata, en la mayoría de los casos, de construcciones en suelo no urbanizable y muchas de ellas en zonas de rambla.
Las actuaciones han sido llevadas a cabo por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil dentro de las actuaciones que desarrolla para garantizar un modelo urbanístico sostenible y equilibrado en la provincia.
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