Batería de alegaciones contra la tasa de terrazas de San Vicente (para no pagar 400 euros más que en Alicante)

Aluvión de alegaciones contra la tasa de veladores en San Vicente del Raspeig. La ordenanza que llevaba en un cajón desde la pandemia y que sacó hace unas semanas el gobierno local de PP y Vox se ha encontrado con los recursos de la Asociación de Hosteleros, comerciantes, ciudadanos particulares, PSOE y EU-Podem.

La norma fue aprobada de forma inicial en el pleno extraordinario de octubre, con cambios respecto a la del año 2019 que suponen una reducción del recibo del 7 %. Eso sí, pese a esta disminución, los hosteleros que pongan mesas y sillas en las terrazas en una calle de primera categoría pagarán 400 euros más que los que lo hacen en Alicante: 1.409 euros frente a 998 euros.

La Asociación de Empresarios y Hosteleros de San Vicente del Raspeig ha incidido en su recurso en que haya bonificaciones en las que se tenga en cuenta la antigüedad del establecimiento o aquellos locales que vayan a tener ocupación a largo plazo.

No podemos aceptar pagar las terrazas más caras de la provincia, que no estamos en Maisonnave o en Callao de Madrid

José Antonio López Vizcaíno

— Presidente de la Asociación de Empresarios y Hosteleros

El presidente del colectivo, José Antonio López Vizcaíno, asegura que las alegaciones son "de sentido común" y ha agradecido el apoyo tanto de Facpyme como de Aphea.

Se han reunido estas semanas también con PSOE y EU-Podem, pero rechazan que haya un "pulso político", es solo que "no podemos aceptar pagar las terrazas más caras de la provincia, que no estamos en Maisonnave o en Callao de Madrid".

Para la asociación, la ordenanza de veladores es "la gota de colma el vaso" después de que el equipo de gobierno, "que tiene superávit y dinero en el banco, aprieta con tasas e impuestos, estamos agobiados".

Cobrarles la cuota máxima (18,77 euros por metro cuadrado) en su peor momento de facturación no es recaudar, es asfixiar

Asun París

— Portavoz del PSOE

Por su parte, el PSOE ha presentado alegaciones con el objetivo de rebajar en un 50 % la tasa para "ajustarla a la realidad existente y hacerla más justa".

La portavoz socialista, Asun París, ha lamentado que la norma "está pensada para otra ciudad, no para San Vicente, y recuerda que "no somos un municipio de turismo de playa".

Al ritmo de los estudiantes

Por ello, incide en que es una localidad que vive más al ritmo de la universidad, por lo que en verano los hosteleros no hacen su agosto; al contrario, sufren la marcha de miles de estudiantes. "Cobrarles la cuota máxima (18,77 euros por metro cuadrado) en su peor momento de facturación no es recaudar, es asfixiar", denuncia París.

Además de solicitar una reestructuración de las tarifas para ajustarlas a la realidad económica local, el PSOE ha puesto el foco en la protección del hostelero frente a la administración. De ahí la propuesta de una reducción del 50 % de la tarifa "para que nuestra hostelería sea más competitiva".

También, en las alegaciones, París reclama incorporar un mecanismo de bonificación por obras que puedan afectar a las mismas terrazas. "Es de sentido común: si el Ayuntamiento levanta una calle para reasfaltar o cambiar tuberías y el bar no puede poner su terraza, no se le puede cobrar ni un céntimo por esos días. Queremos que la ordenanza obligue al Ayuntamiento a no cobrar esos días”, explica la portavoz.

Lo que planteamos no es una rebaja arbitraria, sino un modelo fiscal más equilibrado que incentive la estabilidad del sector

Alberto Beviá

— Portavoz de EU-Podem

Por último, el PSOE propone sustituir el farragoso sistema de cuatro tarifas trimestrales por una cuota anual única: "Queremos facilitar la vida al empresario, no complicársela con cálculos constantes. Una cuota anual, ponderada a la baja, da seguridad y reduce el papeleo".

EU-Podem, por su parte, mantiene que la ordenanza tiene un "marcado carácter recaudatorio", ya que el equipo de gobierno no ha tenido en cuenta ninguna bonificación ni reducción tal y como hacen otros municipios, donde sí han aplicado reducciones o sistemas de incentivos para apoyar al sector.

Las alegaciones que han presentado incorporan varias medidas destinadas a hacer la ordenanza "más justa y ajustada a la realidad económica" del municipio, entre ellas:

• un factor de permanencia, que reduce la tasa a quienes soliciten ocupaciones más estables y de larga duración
• bonificaciones en temporada baja, cuando el uso del espacio público es mucho menor
• incentivos por sostenibilidad o reducción de ruido, premiando las buenas prácticas ambientales y de convivencia
• bonificaciones por antigüedad, para apoyar a los negocios que generan empleo estable y actividad continuada

"Lo que planteamos no es una rebaja arbitraria, sino un modelo fiscal más equilibrado que incentive la estabilidad del sector y mejore la convivencia en el uso del espacio público", explica el portavoz de la formación, Alberto Beviá.

Poco trabajada

El edil carga contra la concejal de Hacienda, Isabel Domínguez, de Vox, impulsora de la iniciativa: "Ha trabajado de manera insuficiente la ordenanza. Las propuestas que planteamos no son complejas ni novedosas: son medidas conocidas, aplicables y beneficiosas para un sector que sostiene empleo y dinamiza nuestro municipio".

El gobierno local explica que los técnicos "evaluarán la posibilidad de aceptar aquellas alegaciones que puedan ser tenidas en cuenta"

La alegación no solo plantea medidas correctoras, sino que recoge el descontento de muchos hosteleros "que consideran injusta" la subida y la falta de bonificaciones.

Por su parte, el gobierno local ha explicado que los técnicos "estudiarán las alegaciones presentadas para evaluar la posibilidad de aceptar aquellas que puedan ser tenidas en cuenta", conforme a la ordenanza y a lo aprobado en el pasado pleno de octubre.

La tasa se repondrá "siguiendo el criterio de los servicios técnicos" tras seis años de suspensión, desde 2019, "motivada por la situación económica del sector" durante la pandemia, recalcan fuentes municipales.

El Ayuntamiento ha estudiado alternativas para reducir estas tarifas por ocupación de suelo público hasta un 7% con respecto a las aplicadas antes del covid en San Vicente, "con precios acordes a otros municipios del entorno", al tiempo que ha trabajado para introducir en la ordenanza mayor claridad y flexibilidad, añaden las mismas fuentes.

El periodo de alegaciones acaba de finalizar y la ordenanza ha de pasar por el pleno para su aprobación definitiva, donde se verá si se aceptan las modificaciones que pide el sector y dos de los tres partidos de la oposición.

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