Más alegaciones contra el tasazo de la basura en San Vicente: errores en las zonas y tarifas desiguales

"Injusta, desproporcionada y alejada de la realidad económica y social" de San Vicente del Raspeig. Con ese argumento, Esquerra Unida-Podem ha presentado alegaciones a la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de recogida de residuos urbanos.

La norma, que fue aprobada de forma inicial en el pleno de octubre, incluye reducciones para las familias más vulnerables del municipio, pero 20.100 hogares de los 26.500 que hay tendrán una subida del recibo de la basura del 10%, mientras que en el resto subirá un 7 %, excepto en el barrio de Santa Isabel, donde lo hará un 5 %.

Las principales alegaciones se centran en la estructura tarifaria "injusta y discriminatoria", ya que a su entender ignora dos principios esenciales: la capacidad económica real de cada familia y el principio de quien contamina paga.

A ello se une las bonificaciones sociales repercutidas con una subida al resto de vecinos, lo que "es legal, pero no ético ni justo", señala el portavoz de la formación, Alberto Beviá, que recuerda que el Ministerio de Hacienda desaconseja expresamente esta práctica.

Asimismo, la ordenanza prevé descuentos por reciclaje, pero el municipio no cuenta con un plan ni un sistema real de medición, por lo que dichos descuentos son inaplicables, mientras que el cierre continuado de la planta de transferencia genera un sobrecoste "Injustificado" al tener que llevar más camiones al vertedero de Xixona por no tratar la basura.

Poda

Otra de las alegaciones es que la ordenanza "penaliza a barrios residenciales con cuotas muy superiores a las debidas" y con errores graves en la clasificación de zonas. Es el caso de aquellas viviendas que se considera que generan restos vegetales cuando no cuentan con jardines ni arbolado, "clasificándolas erróneamente como urbanizaciones", o de los barrios El Tubo o Los Manchegos, englobados en zonas tarifarias "inadecuadas, duplicando su coste sin justificación técnica".

Por último, EU-Podem considera que las bonificaciones deben a ampliarse a pensionistas, desempleados, jóvenes y pequeñas empresas en dificultades "para garantizar una tasa realmente justa y equilibrada".

Beviá reclama al gobierno local de PP y Vox la retirada "inmediata" del texto, la apertura de un proceso de diálogo con la ciudadanía y la elaboración de una ordenanza "más justa, equitativa y adaptada a la realidad del municipio".

En el próximo pleno, que está previsto que se celebre el próximo día 22 de diciembre, día de la lotería de Navidad, se conocerá si finalmente se aceptan las alegaciones de EU-Podem encaminadas a rebajar el tasazo,

El principal partido de la oposición, por su parte, ha descartado presentar alegaciones y lo fía todo a que prospere el contencioso administrativo contra la ordenanza que puso el pasado mes de febrero.

Retoques

"No vamos a participar en el juego del PP y Vox de presentar alegaciones a un texto que nace viciado de origen. El problema no se arregla con retoques; el problema es que la tasa sigue siendo lineal e indiscriminada, incumpliendo el principio básico de 'quien contamina paga' que exige la Ley de Residuos", explican los socialistas.

El PSOE denuncia además la "hipocresía política" del alcalde, Pachi Pascual. "Es indignante que el equipo de gobierno rechazara en bloque todas las alegaciones presentadas en febrero para, meses después, intentar apropiarse de algunas de esas ideas y presentarlas como propias en esta modificación", señalan.

Para los socialistas, esta maniobra demuestra que el gobierno municipal actúa de mala fe: "Tumbaron nuestro trabajo para luego intentar usarlo parcialmente y lavar su imagen. No vamos a legitimar con nuevas alegaciones un proceso que solo busca maquillar una tasa injusta. Esperaremos a que la Justicia hable y ponga orden donde el gobierno municipal ha puesto injusticia".

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