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El Campello pone el candado en el registro para la oposición

El gobierno local limita el acceso a los grupos políticos después de una década pudiendo hacer uso

Fachada del Ayuntamiento de El Campello

Fachada del Ayuntamiento de El Campello / INFORMACIÓN

L. Gil López

L. Gil López

El Campello pone el candado en el registro de entrada y salida. Desde 2015 todos los miembros de la corporación municipal contaban con acceso directo a este procedimiento, pero desde mediados de diciembre el gobierno local lo ha bloqueado.

El Ayuntamiento del PP se basa en un informe realizado por la Secretaría para garantizar la protección de datos. Los cargos públicos pueden seguir pidiendo cuantos documentos registrados quieran y conocer su contenido, pero no tendrán acceso a datos privados, explican fuentes municipales.

Pero cuatro partidos de la oposición, PSOE, Compromís, Per El Campello y Esquerra Unida-Podem, consideran que no es así y han pedido por registro que se les restituya el acceso directo al registro de entrada y salida para poder desarrollar su labor.

Compromís solicita que se permita una vista previa anónima que permita visualizar, como mínimo, el número de registro, la fecha y el asunto o materia genérica del documento, sin que se incluyan datos personales para garantizar la protección de datos.

Per El Campello denuncia que ha visto "recortados" sus derechos para realizar las funciones de control y fiscalización tras la medida del PP.

Síndic

Piden recuperar el acceso directo para realizar su cometido como oposición "en unas condiciones óptimas y sin cortapisas" y adjuntan un escrito del Síndic de Greuges en el que se recoge que resolvió a favor de una edil que solicitaba los mismos derechos en el Ayuntamiento de Redován.

Mientras, para EU-Podem supone una "merma evidente" de las funciones del cargo público y un "atropello claro" de los derechos de la ciudadanía campellera de contar con una oposición "que pueda ejercer plenamente sus funciones".

La formación ha acudido al Síndic de Greuges, que ha admitido la queja al considerar que la decisión del Ayuntamiento "podría afectar al derecho fundamental de acceso a la información pública". Por ello, le da un mes para que justifique el cambio de criterio.

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