El PSOE insiste en que el TSJ anula el tasazo de la basura en San Vicente

El PSOE de San Vicente del Raspeig ha insistido este viernes en que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha anulado la modificación de la ordenanza fiscal de la tasa de basuras aprobada en diciembre de 2024 por PP y Vox, frente a la interpretación realizada por el equipo de gobierno, que sostiene que la sentencia respalda la legalidad del texto.

La portavoz del grupo municipal socialista, Asun París, ha acusado al alcalde, Pachi Pascual (PP), y a Vox de “mentir” y de ofrecer una lectura “partidista e interesada” del fallo judicial para “tratar de cerrar el asunto”. Según ha defendido, la resolución judicial estima el recurso presentado por el PSOE y declara la nulidad de la modificación de la ordenanza al considerar preceptiva la inclusión de un informe de impacto de género que no fue incorporado en su tramitación.

“La sentencia es clara: la ausencia de ese informe, por su carácter obligatorio, supone la estimación del recurso y la anulación de la ordenanza impugnada”, ha afirmado París, quien ha recalcado que el fallo “tumbaría el tasazo lineal y desproporcionado” aplicado a los vecinos y vecinas de San Vicente. En este sentido, ha señalado que la medida fue aprobada “de forma apresurada” y sin el debido trabajo técnico por parte de la derecha y la extrema derecha.

Nueva votación

Desde el PSOE sostienen que la nulidad no es subsanable a posteriori, como defiende el equipo de gobierno, y reclaman que la ordenanza vuelva a pleno para aprobar una nueva tasa “más justa” y acorde con el principio de la Ley de Residuos de “quien contamina paga”. Además, París ha criticado que la actual ordenanza haya situado a San Vicente “entre las cinco ciudades con el recibo de basura más alto de España”.

En la misma línea, el portavoz adjunto socialista, Bruno Radermecker, ha afirmado que el TSJCV ha “fulminado” la modificación de la tasa de 2024 por ser “ilegal y discriminatoria”, al anular dos artículos que, a su juicio, constituyen “la espina dorsal” de la ordenanza fiscal. Por ello, ha advertido de que el Ayuntamiento está obligado a revisar de oficio el alcance real de las modificaciones posteriores y del incremento aplicado.

El equipo de gobierno

Estas declaraciones contrastan con la valoración realizada ayer por el equipo de gobierno tras conocerse la sentencia. Según fuentes municipales, el TSJCV ha desestimado el recurso presentado por Esquerra Unida–Unides Podem y ha avalado el cálculo de las tarifas de la ordenanza de residuos, al considerar que se realizó “de forma minuciosa y motivada”, con criterios “objetivos, admisibles y no discriminatorios”.

La resolución respalda la división del municipio en siete zonas homogéneas según el valor catastral, así como el criterio de capacidad económica basado en la superficie de los inmuebles, el número de convivientes empadronados y la dotación de contenedores, además de la ponderación de la zona de podas. También avala las tasas diferenciadas para actividades económicas y las cuotas aplicadas en la Universidad de Alicante y los polígonos industriales.

En cuanto al recurso interpuesto por el PSOE, el tribunal solo acepta uno de los aspectos planteados: la ausencia del informe de impacto de género. Desde el área de Gestión Tributaria del Ayuntamiento se ha señalado que esta carencia ya ha sido subsanada con la incorporación de dicho informe en la ordenanza actualmente en vigor desde el 1 de enero de 2026, junto a los informes de familia e infancia.

Los servicios técnicos municipales están analizando el alcance del fallo, que, según una primera estimación, podría afectar como máximo al 0,35% de los cerca de 60.000 recibos emitidos en 2025, correspondientes a contribuyentes que presentaron recursos que aún están pendientes de resolución por parte de SUMA.

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