El juzgado anula la organización de competencias de los funcionarios que decretó el alcalde de El Campello

Un juzgado ha anulado la organización de competencias de los funcionarios municipales del Ayuntamiento de El Campello que estableció el alcalde, Juanjo Berenguer, por decreto en abril del año pasado.

La jueza de lo Contencioso Administrativo número 4 del tribunal de Instancia de Alicante ha estimado íntegramente el recurso de la Federación de Sindicatos de Empleados Públicos (Fesep) y ha declarado nula y contraria a derecho dicha organización.

El alcalde dictó una serie de misiones, materias de gestión y competencias en 17 servicios municipales, desde intervención hasta recursos humanos, pasando por tesorería, patrimonio o bienestar social.

La magistrada fundamenta su sentencia en que resulta "evidente" que la modificación operada precisaba de la preceptiva negociación colectiva "por exceder del ámbito de la potestad de autoorganización que ostenta la administración", dado que la modificación operada "afecta directamente a las condiciones laborales" del personal del Ayuntamiento de El Campello.

Puestos de trabajo

Recalca la jueza que se ha producido "una vulneración" de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, según la cual corresponde al pleno municipal la aprobación de la plantilla de personal y de la relación de puestos de trabajo, la fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y periódicas de los funcionarios y el número y régimen del personal eventual.

En este caso, incide, "se ha procedido a una modificación" de la estructura municipal mediante un decreto de Alcaldía cuando debería haber sido aprobada por el pleno.

Fesep sostiene que el alcalde y la concejal de Recursos Humanos "se atribuyen competencias que no les corresponden"

La jueza impone el pago de las costas procesales, por valor de 1.500 euros, al Ayuntamiento, que tiene quince días de plazo para interponer recurso de apelación en la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

El sindicato Fesep formuló la demanda por estimar que la resolución del alcalde, del PP, no se ajustaba a derecho por la omisión de la negociación colectiva con los sindicatos, la falta de competencia del órgano que acordó la estructura y la vulneración del principio de legalidad y jerarquía normativa.

"Contundencia" del fallo

La sentencia es "contundente", asegura a INFORMACIÓN el sindicato, que añade que la aprobación por decreto fue "una clara muestra del abuso de poder que ejerce" el alcalde, a propuesta de la concejal de Recursos Humanos, Lourdes Llopis, "que se atribuyen competencias que no les corresponden".

Este mismo juzgado ya declaró nula, como recuerda la magistrada en la sentencia, otra restructuración municipal por idénticos motivos, la separación de servicios de Infraestructuras y Servicios Públicos, "así como el nombramiento a dedo" de la jefa de Servicio, una funcionaria interina, para la ejecución de un programa temporal.

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento van a analizar la sentencia y todo apunta a que se recurrirá la sentencia

Para el sindicato, el decreto ahora anulado recogía de nuevo dicha separación "en una clara maniobra para mantener la organización anulada, saltándose nuevamente el procedimiento legal y la legislación vigente, conculcando a la mesa general de negociación y al pleno sus competencias".

Productividades

Fesep considera que el objetivo del gobierno local era mantener "una estructura organizativa afín a sus intereses partidistas que, además, conlleva el pago de importantes productividades a algunos jefes de Servicio afines a la dirección política".

Por ello, anuncia que seguirá "vigilante" en defensa de los intereses generales y derechos laborales de los empleados municipales, "no permitiendo este tipo de arbitrariedades impropias de una buena y eficaz gestión de los servicios públicos".

El alcalde de El Campello, por su parte, asegura que los servicios jurídicos van a analizar la sentencia y apunta a que se presentará un recurso contra esta resolución judicial.

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