¿Otro caso Les Naus? Sant Joan investiga a la promotora de la parcela subastada para VPP por pedir 1.750 euros para reservar un piso

El Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant ha detectado posibles graves irregularidades de la promotora a la que adjudicó una parcela en el municipio para construir 131 viviendas de protección pública.

El alcalde, Santiago Román (PP), ha comunicado este viernes a los portavoces de los grupos políticos que ha tenido conocimiento de que Promored Velilla 1 S. L. ha iniciado el proceso de comercialización sin cumplir la normativa legal autonómica.

Según el regidor, la empresa está exigiendo entregas a cuenta de 1.750 euros para realizar una reserva, pese a que la parcela todavía no está definitivamente adjudicada, ya que falta la firma el contrato con el Ayuntamiento.

Esta decisión se produce en medio del escándalo en Alicante con las polémicas adjudicaciones de viviendas protegidas en el residencial Les Naus a cargos del PP, que está investigando la justicia.

En una nota enviada posteriormente a los medios, el Ayuntamiento comunica que ha detectado en diversos correos electrónicos y publicidad en medios digitales que la promotora adjudicataria de la parcela municipal de Nou Nazareth está realizando la comercialización en una inmobiliaria de Alicante de las futuras viviendas de protección pública que se construirán en dicha parcela.

El alcalde asegura que "no vamos a permitir ninguna irregularidad en este proceso, que ha sido transparente desde su licitación y va a seguir siéndolo". Por ello, anuncia que va a estar encima de todo el proceso y actualmente tienen preparada una cláusula en la que la preferencia de acceso a estas viviendas "va a ser para las sanjuaneras y los sanjuaneros en primer lugar".

Infracción muy grave

El alcalde también ha agradecido a la Conselleria de Vivienda su rapidez a la hora de requerir a la promotora toda la información. "Todo lo que no hizo el Botànic, lo hace ahora la conselleria que gestiona el PP, que ha actuado de manera inmediata, concretamente en tres días", advirtiéndole de que el pago a cuenta de cantidades sin obtener la calificación provisional está calificado como una infracción muy grave.

Del mismo modo, señala que, aunque la competencia es autonómica, el Ayuntamiento ha requerido la paralización de la comercialización y la posible revocación de la adjudicación de la parcela, ya que sigue siendo de titularidad municipal.

El requerimiento preparado por los servicios técnicos y jurídicos municipales contempla que el Ayuntamiento ha tenido conocimiento de que la mercantil adjudicataria estaría realizando actuaciones de publicidad presuntamente engañosas, promoción y captación de reservas o cantidades a cuenta respecto de las viviendas proyectadas en la citada parcela municipal, presentándolas como viviendas de protección pública e indicando, según la información difundida, que podrían destinarse tanto a vivienda habitual como a segunda residencia. Exactamente, la promotora solicita 1.750 euros a los particulares que deseen hacer una reserva previa de una vivienda.

Tales actuaciones, de confirmarse, podrían resultar incompatibles con el régimen jurídico aplicable a las viviendas de protección pública, establecido en el Decreto 180/2024, de 10 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba el régimen jurídico de las viviendas de protección pública de la Comunidad Valenciana, así como con la normativa aplicable en materia de comercialización de viviendas en construcción y entrega de cantidades a cuenta.

Asimismo, dichas actuaciones se habrían producido con anterioridad a la formalización del contrato con este Ayuntamiento y, en su caso, antes de la obtención de las autorizaciones administrativas necesarias en materia de vivienda protegida, lo que podría comprometer el correcto desarrollo jurídico de la promoción objeto del procedimiento de licitación.

Publicidad y promoción

Por todo lo anterior, el Ayuntamiento ha requerido a la mercantil para que, en el plazo de 10 días hábiles, aporte un informe detallado sobre las actuaciones de publicidad, promoción o comercialización realizadas en relación con la promoción de viviendas proyectada en la parcela objeto de adjudicación.

También pide la indicación expresa de si se han ofrecido o publicitado dichas viviendas como viviendas de protección pública, así como las condiciones de acceso o destino indicadas a los posibles adquirientes, como la relación de cantidades económicas que, en su caso, se hayan solicitado o recibido en concepto de reservas, anticipos o entregas a cuenta, con indicación del número de personas afectadas.

Por último, reclama a la empresa que aporte la acreditación de las garantías o avales constituidos, en su caso, respecto de las cantidades anticipadas por terceros, así como la copia de toda la documentación publicitaria o comercial utilizada (folletos, páginas web, redes sociales, anuncios u otros medios).

No vamos a permitir ninguna irregularidad en este proceso"

Santiago Román

— Alcalde de Sant Joan

Hasta la "completa aclaración" de los hechos y la valoración jurídica de la situación descrita, el Ayuntamiento acuerda suspender cautelarmente cualquier actuación dirigida a la formalización del contrato derivado del procedimiento de licitación, sin perjuicio de las actuaciones administrativas que puedan derivarse del resultado de las aclaraciones solicitadas.

Asimismo, insta a la mercantil adjudicataria a abstenerse de realizar nuevas actuaciones de promoción, publicidad o captación de reservas vinculadas a la citada promoción de viviendas protegidas, en tanto no se determine la plena adecuación de las mismas a la normativa aplicable.

Requerimiento

Por último, se hace constar que la falta de atención al presente requerimiento o la confirmación de actuaciones incompatibles con el régimen jurídico aplicable podrá ser objeto de las actuaciones administrativas que procedan, incluyendo la adopción de medidas en relación con la adjudicación acordada y la eventual formalización del contrato.

Por parte de la Conselleria de Vivienda, el servicio territorial ha remitido al promotor que ha tenido conocimiento a través de la comunicación de un ciudadano de que se está comercializando la siguiente promoción con el siguiente anuncio: "Residencial en San Juan, Alicante complejo residencial denominado Nova Vita, conformado por 131 viviendas protegidas de 1, 2 y 3 dormitorios con plaza de garaje y trasteros incluidos, sita en San Juan Alicante". Dicho ciudadano informa que a las personas interesadas y posibles compradoras se les solicita un primer pago de 1.750 euros en concepto de reserva.

A la vista de toda la legislación vigente, la Conselleria de Vivienda se le concede a la promotora un plazo de 10 días para que aclare la veracidad de la información denunciada. En caso de no hacerlo en el plazo indicado, se acordará el inicio del oportuno expediente sancionador, con las consecuencias que de ello pudieran derivarse.

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