La compra de un BIC de Mutxamel llega al Consell Jurídic

La compra de un Bien de Interés Cultural (BIC) de Mutxamel, envuelta en la polémica. El PSOE ha solicitado la revisión de oficio por nulidad de pleno derecho de los acuerdos plenarios de 2023 que permitieron la compra del conjunto histórico l'Hort de Ferraz por un importe de 2,5 millones de euros, ya que considera que la operación presenta irregularidades en la fijación del precio.

El pleno municipal de noviembre de 2023 dio luz verde a la operación que impulsó el PP gracias al apoyo clave de Compromís y Podem-Esquerra Unida, dado que el PSOE y Vox votaron en contra, al igual que hicieron dos meses antes con la modificación de créditos para este proyecto.

Según el escrito registrado por el concejal y portavoz adjunto del PSOE, Heriberto Forner, la operación se sustentó en la providencia de Alcaldía del 6 de septiembre de 2023, documento en el que, según denuncia el grupo socialista, se sumaron dos tasaciones del mismo jardín histórico, una de 385.000 euros realizada por un técnico externo y otra posterior de 644.589,28 euros realizada por un técnico municipal a petición de la propiedad.

Esta acumulación de importes "habría servido para justificar el precio final acordado con la propiedad, generando una base económica artificial" para la modificación presupuestaria y la compra. En el mismo escrito se recuerda que los servicios técnicos municipales desestimaron expresamente una de las tasaciones, circunstancia que, sin embargo, no fue tenida en cuenta en la determinación del precio final.

Incremento artificial

Además, el documento advierte de que el Ayuntamiento no descontó cargas urbanísticas cuantificadas por importe de 266.897,4 euros, relativas a honorarios técnicos y costes de urbanización pendientes, lo que "habría incrementado artificialmente" la inversión pública asumida por el consistorio.

El escrito también pone de relieve que algunas valoraciones utilizadas como referencia económica se realizaron sin acceso físico a los inmuebles y con información incompleta, siendo calificadas por los propios técnicos como estimativas, según el PSOE. Pese a estas limitaciones, dichas cifras fueron incorporadas al expediente y empleadas para justificar tanto la modificación de crédito como el precio definitivo de adquisición.

De acuerdo con el análisis realizado por el grupo socialista, la aplicación estricta de los criterios técnicos municipales habría situado el coste real de la operación en torno a 1,78 millones de euros, lo que supondría una diferencia aproximada de 717.000 euros respecto al precio aprobado, que fue de 2,5 millones, con el consiguiente perjuicio potencial para las arcas públicas.

Causas de nulidad

Asimismo, el escrito recuerda que la legislación administrativa establece que la declaración de nulidad de pleno derecho de los actos impugnados requiere el dictamen preceptivo del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, órgano encargado de ejercer el control jurídico externo sobre la actuación administrativa y garantizar la correcta aplicación de las causas de nulidad previstas en la normativa vigente.

Por todo ello, el PSOE considera que existen indicios suficientes de nulidad de pleno derecho, al haberse podido prescindir de elementos esenciales del procedimiento y adoptarse decisiones contrarias a informes técnicos municipales, vulnerando los principios de buena administración, eficiencia en el gasto público y protección del patrimonio municipal.

El portavoz adjunto socialista ha señalado que la iniciativa pretende "aclarar lo ocurrido, defender el interés general y garantizar que ningún euro público se gaste sin una base técnica rigurosa y transparente".

Informe del Consell Jurídic

Por su parte, el alcalde de Mutxamel, Rafael García Berenguer, ha explicado que los técnicos municipales están ya revisando de oficio todo el procedimiento y enviarán los informes al Consell Jurídic, quien emitirá un informe.

En cualquier caso, el regidor está "muy tranquilo" porque lo único que ha hecho ha sido avalar los informes técnicos y "todo" está conforme a la normativa. García Berenguer considera "llamativo" que si el PSOE lo tenía claro desde el principio, podía haber presentado desde finales de 2023 un recurso a la decisión del plenario. "Lo hacen a un año de las elecciones, quieren sacar polémicas contra mí donde no las hay", añade.

El primer edil recalca que en realidad están "atacando" a los funcionarios del Ayuntamiento y que él se ha limitado a cristalizar un acuerdo histórico de PP y PSOE sobre l'Hort de Ferraz. Por último, recuerda que los socialistas ya le denunciaron por no proteger el yacimiento del barranco del Juncaret y meses después la Agencia Valenciana Antifraude archivó la investigación al descartar años al patrimonio.

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