Vecinos del Amerador de El Campello llevan a los tribunales al Ayuntamiento por dar licencia de obra a un camping

Una zona con 94 parcelas para autocaravanas, cuatro bungalós, restaurante con 15 mesas, tienda, piscina para adultos y para niños, módulos de aseos, zonas verdes y barbacoa en 3.000 metros cuadrados. Una empresa ha obtenido licencia provisional de obra mayor para la instalación en El Campello de un camping en la partida Venta La Remuda, en la zona de Amerador.

El Ayuntamiento, tras varios años de trámites, concedió finalmente el pasado diciembre el permiso a una mercantil para una camper area, una más de las varias con las que ya cuenta el municipio, de hecho una de ellas está a apenas unos metros de la que se prevé construir.

Y decimos prevé porque un grupo de vecinos ha presentado un recurso contencioso administrativo ante el tribunal de instancia de Alicante contra la decisión del gobierno local del PP de otorgar la licencia de obra mayor a Jengibre S. L. Además, solicita al juzgado que, como medida cautelar, durante la tramitación del recurso suspenda la ejecución del acuerdo, esto es, que paralice las obras, que comenzaron en enero en un terreno entre la calle Els Ports y la avenida de Amerador.

El Ayuntamiento, por su parte, recalca que se trata de una licencia provisional.

Los vecinos afectados tienen sus viviendas colindantes al terreno donde se pretende implantar la actuación autorizada, que defienden que es suelo urbanizable no programado, una zona de desarrollo residencial opcional de baja densidad, categoría cuyo diseño responde "inequívocamente" a un modelo de crecimiento exclusivamente vinculado a vivienda unifamiliar aislada, sin compatibilidad siquiera con vivienda colectiva.

En el recurso inciden en que el camping turístico de gran capacidad y uso intensivo no se proyecta sobre un espacio vacío, sino sobre el entorno inmediato de una urbanización plenamente consolidada y habitada de forma permanente por numerosas familias.

Los vecinos dan varias claves para que el tribunal admita la medida cautelar. La primera es la distancia "evidente" entre lo que el proyecto de la licencia de obra presentado describe y lo que la resolución denomina "provisional".

Sistemas de construcción

El Ayuntamiento, recuerdan, sostiene que la provisionalidad de la licencia no reside en la entidad material de las obras, ni en los sistemas constructivos empleados, sino en la limitación temporal del derecho concedido y en la potestad municipal de ordenar el cese, respaldada por una garantía económica.

Para los vecinos afectados, que el proyecto establezca expresamente una vida útil estructural de la instalación de 50 años "no parece un horizonte temporal propio de algo concebido como transitorio o de simple espera".

Tampoco se proyectan apoyos superficiales desmontables, ni soluciones ligeras susceptibles de retirada inmediata, al contrario, se prevé una losa de cimentación de hormigón armado, con excavación, armado, vertido y consolidación permanente del terreno. "La ejecución de una losa no es un acto reversible con una carretilla y buena voluntad. Implica alteración integral del suelo y una transformación material que deja una profunda huella en el territorio", resalta el recurso.

El segundo requisito para que se suspenda el acuerdo municipal es que el gobierno local sostiene que la legalidad de la licencia descansa en tres patas: el plazo máximo de cinco años, el compromiso formal de erradicación y la garantía económica constituida.

La provisionalidad, recalcan, "no puede sostenerse únicamente sobre una promesa. Cuando la estructura física proyectada está calculada para 50 años, el compromiso de desmontaje a los cinco adquiere un carácter marcadamente teórico".

Aval

A esto se une que el presupuesto de ejecución material del proyecto asciende a 307.859,37 euros y el aval representa menos del 9% de dicha cuantía, 27.600 euros. Y cuando el aval apenas alcanza una fracción mínima del coste de ejecución, la seguridad de desmantelamiento "no se encuentra siquiera mínimamente garantizada".

Uno de los elementos que más preocupan es el referente a que la parcela está afectada por un nivel de peligrosidad geomorfológica (vaguadas y barrancos de fondo plano) según el Patrivoca, el Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana, y no cuenta con estudio de inundabilidad.

Además, resaltan en el recurso que el gobierno local ha otorgado la licencia de obra provisional para la instalación de camping turístico pese a que la licencia ambiental tramitada paralelamente ha sido desestimada por silencio administrativo negativo, por lo que el proyecto no cuenta con la autorización ambiental exigida.

Por otra parte, sostienen que la ejecución de las obras en el entorno inmediato de una urbanización consolidada y habitada de forma permanente comportará meses de actividad constructiva intensa, con circulación constante de maquinaria pesada, excavaciones, vertidos de hormigón, compactaciones, tránsito de camiones, generación de polvo y ruidos continuados.

Alteración de la vida cotidiana

Las viviendas de los afectados constituyen su domicilio habitual, con lo que, inciden, se altera su vida cotidiana y tranquilidad, de ahí que reclamen que el juzgado paralice las obras hasta que tome una decisión al respecto.

"Muchos de los que vivimos aquí estamos desde hace muchos años, es un tesoro que nos han regalado y ahora vemos que está en peligro, es una cuestión emocional", explican los afectados.

Reprochan, además, al Ayuntamiento que "se preocupa más por los de fuera, por los turistas" que por la población local y alertan de que se trata de una zona "sin accesos ni alcantarillado decente, con cero servicios".

Los afectados, además, lamentan que la empresa no ha respetado el retranqueo y señalan que ha tenido que rebajar el terreno, que lo elevó 1,8 metros cuando lo permitido eran 90 centímetros, con decenas de camiones trayendo piedras de grandes dimensiones y tierra.

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