El alcalde de El Campello, a juicio por presunto acoso laboral

El alcalde de El Campello, Juanjo Berenguer, a juicio por presunto acoso laboral a una alta funcionaria del Ayuntamiento. El Juzgado de lo Social número 5 de Alicante ha citado al regidor del PP el próximo noviembre para la celebración de la vista tras la demanda que presentó hace casi tres años la trabajadora.

La ingeniera, que cuenta con más de dos décadas de carrera profesional en el Consistorio, señalaba el incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos psicosociales y daños al honor, a la salud y a la propia imagen "por la situación de acoso laboral sufrida" durante más de dos años por parte del alcalde "por falta de prevención de riesgos laborales". En la demanda, la técnica superior pedía que se le indemnizase con 120.000 euros por daños y perjuicios.

Este mismo juzgado declaró en un auto en septiembre de 2024 su "falta de jurisdicción", por lo que archivó la causa y remitió a la funcionaria a que presentase la demanda ante los juzgados de lo Contencioso Administrativo o de lo Penal.

La técnica municipal recurrió el auto, que fue desestimado en febrero de 2025. No obstante, no dio su brazo a torcer y acudió en suplicación a la sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

"Sistemático, consciente y continuado"

El TSJ, en un fallo del pasado noviembre, ha dado la razón a la funcionaria y considera que el juzgado de lo Social sí que tiene las competencias. En los fundamentos de derecho, recoge que el trasfondo auténtico de la demanda se sitúa en la denuncia de acoso laboral "sistemático, consciente y continuado" por parte del Ayuntamiento "personificado esencialmente" en el alcalde.

Considera el TSJ, conforme a autos y doctrinas del Supremo, que lo que se pretende es una indemnización de daños y perjuicios derivados de incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos psicosociales y daños al honor, a la salud y a la propia imagen, por lo que declara la competencia de la jurisdicción social. A la vista de esta decisión, el juzgado de lo Social número 5 ha fijado para noviembre el juicio contra el alcalde de El Campello.

Berenguer, por su parte, ha declinado hacer declaraciones a INFORMACIÓN sobre el tema al estar judicializado.

La causa de este presunto mobbing radica en la decisión tomada por la trabajadora, que se negó a firmar contratos menores ante el riesgo de cometer posibles ilegalidades que le salpicaran directamente al estar su firma presente en los documentos. Su postura provocó, según se recogía en la demanda, que el alcalde "tomara medidas" contra ella, que fue jefa del servicio del departamento de Infraestructuras y Servicios Públicos.

La empleada, según se desprendía en el documento oficial del proceso, sufrió presuntamente una situación de "hostigamiento" y "acoso" que dañó "gravemente su salud tanto física como mental". Según el escrito, sufrió un intento de ser echada del despacho y supuestamente fue objeto de "continuas disputas, presiones, desprestigios, humillación intimidación, faltas de respeto y dignidad", lo que convirtió su lugar de trabajo en "un entorno hostil y humillante".

Antecedentes

Y es que Berenguer aprobó en el año 2022 mediante decretos de Alcaldía la separación del área de Servicios Públicos e Infraestructuras para tratar de desbloquear la gestión del día a día, paralizada por los problemas para sacar adelante contratos menores por el riesgo de fraccionamiento. La principal perjudicada de esta división fue la demandante, que quedó relegada a la jefatura de Infraestructuras en esta nueva organización, mientras otra funcionaria de menor cualificación quedaba al frente de Servicios.

El alcalde de El Campello ya acudió en abril de 2024 al juzgado de lo Social, pero el juez suspendió la declaración a la espera de un informe, ya que consideraba "muy relevante" las conclusiones de un estudio elaborado por un comité de expertos externos encargado por el Consistorio para analizar la situación. Después, se archivó el proceso.

La trabajadora que ha presentado la demanda, que estuvo varios meses de baja, es la misma funcionaria que estuvo implicada en el caso de supuesto fraccionamiento de contratos. En este asunto, también se sentaron en el banquillo Berenguer, su antecesor, Benjamí Soler (Compromís), los exconcejales de Servicios Alejandro Collado (PP), David Ramírez (Compromís) y Alfred Botella (Compromís).

La Audiencia dio carpetazo a esta cuestión, aunque la Fiscalía Anticorrupción recurrió la decisión en el Tribunal Supremo debido a que el tribunal dictaminó la sentencia absolutoria sin entrar en el fondo del asunto por considerar que estaba fuera de plazo.

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