El Consell inicia el proceso para sancionar a la promotora que comercializó VPP en Sant Joan sin tener autorización
La Conselleria de Vivienda determina, tras estudiar la documentación que aportó la empresa, que existen indicios de infracción muy grave
Polémica por la venta de unas viviendas protegidas en Sant Joan / Alex Domínguez
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La empresa que comercializaba viviendas de protección pública en Sant Joan d'Alacant sin tener la calificación provisional ni la autorización para recibir dinero a cuenta ya conoce las conclusiones de la investigación que abrió la Conselleria de Vivienda.
La dirección territorial de Vivienda en la provincia de Alicante ha iniciado expediente sancionador a Promored Velilla, la adjudicataria del proyecto de viviendas protegidas que el Ayuntamiento impulsa en Nou Nazareth, tras comprobar "indicios de infracción muy grave", tipificados en la Ley 8/2004 de Vivienda de la Comunidad Valenciana, aseguran fuentes de la conselleria.
Tras recibir dos denuncias ciudadanas, la administración autonómica inició a finales de febrero una serie de actuaciones previas de inspección, solicitando información a la empresa para aclarar la información sobre la comercialización de inmuebles y la presunta solicitud de cantidades a cuenta.
Además, la conselleria solicitó el cese inmediato de la comercialización de dicha promoción en tanto en cuanto no obtuviera la calificación provisional de viviendas de protección pública y la preceptiva autorización de percepción de cantidades a cuenta por parte del Servicio territorial de Vivienda de Alicante, conforme a lo indicado en el decreto 180/2024.
Con toda la información recibida y una vez estudiada, el servicio territorial de Vivienda determina que existen indicios de infracción muy grave, por lo que ha puesto la maquinaria en marcha para incoar el correspondiente expediente sancionador.
La mercantil, tras conocer la apertura del expediente, señala que la asesoría jurídica "está analizando las opciones legales"
Promored Velilla, por su parte, tras tener conocimiento de la apertura del proceso sancionador, se ha limitado a señalar a INFORMACIÓN que la asesoría jurídica "está analizando las opciones legales".
Multas
En el artículo 71 de la ley 8/2004, las infracciones tipificadas como muy graves recogen una multa que puede ir desde los 3.000 hasta los 30.000 euros. Estas cuantías podrán ser revisadas y actualizadas por el Consell y, en caso de que el beneficio que resulte de la comisión de la infracción fuese superior al de la multa que le corresponda, deberá ser esta incrementada en la cuantía equivalente al beneficio obtenido.
El artículo 69 de dicha ley recoge, entre otras, como infracciones muy graves el percibir de los compradores de viviendas de protección pública cantidades a cuenta del precio o en concepto de reserva, señal u otro, sin autorización expresa de la administración o sin el cumplimiento de los requisitos establecidos legalmente.
Como ha venido publicando este diario, el servicio territorial de Vivienda de Alicante tuvo conocimiento por particulares de que la empresa estaba comercializando una promoción de viviendas en una parcela municipal de Nou Nazareth que había obtenido en un proceso de subasta.
Promoción de viviendas en Nou Nazareth que eliminó la comercializadora de su web / INFORMACIÓN
El anuncio era el siguiente: "Residencial en San Juan, Alicante complejo residencial denominado Nova Vita, conformado por 131 viviendas protegidas de 1, 2 y 3 dormitorios con plaza de garaje y trasteros incluidos, sita en San Juan, Alicante". A las personas interesadas y posibles compradoras se les solicitaba un primer pago de 1.750 euros en concepto de reserva. A partir de ahí, se activó el proceso de investigación.
Solar a subasta
El gobierno local del PP sacó a subasta el pasado octubre la parcela en Nou Nazareth destinada exclusivamente a la construcción de 130 VPP y locales comerciales. El solar, de propiedad municipal, tenía un precio de salida de 4.074.138 euros (más IVA) y pujaron por ella cuatro mercantiles.
La mesa de contratación, reunida en noviembre, tras valorar las ofertas, propuso adjudicar la parcela a la empresa madrileña Promored Velilla, que ofrecía el precio más alto de las cuatro: 4.824.139 euros. La mercantil hizo un primer pago del 35%, pero faltaba por abonar al Ayuntamiento el 65% restante y en ese intervalo es cuando se destapó la presunta comercialización irregular.
El solar es todavía propiedad municipal, ya que el proceso de formalización del contrato está paralizado a la espera de que el Ayuntamiento tome una decisión sobre si sigue adelante con la venta o revoca la adjudicación del contrato.
Tras destaparse las supuestas irregularidades, el alcalde, Santiago Román, puso sobre la mesa de opción de romper con la promotora, pero con el paso de las semanas viró y dio la clave de por qué puede no resultar tan beneficiosa esta posibilidad: la empresa que quedó segunda en el proceso ofrece 400.000 euros menos y construir unas treinta viviendas menos, con el consiguiente perjuicio para el municipio.
El PSOE acusa al alcalde de "oscurantismo"
El PSOE de Sant Joan ha reprochado al alcalde que en un asunto "tan grave" que afecta a viviendas públicas y a familias que pusieron dinero de reserva sin que la empresa tuviera autorización para pedirlo, se haya tenido que enterar por la prensa de que la conselleria ha resuelto un expediente sancionador por presuntas infracciones muy graves contra la promotora. "Y, mientras tanto, Román sin decir nada, ni una palabra a la ciudadanía, ni una palabra a los grupos de la oposición. Eso se llama oscurantismo", ha asegurado la portavoz, Esther Donate.
Los socialistas recuerdan que han exigido en varias ocasiones la convocatoria de una comisión de investigación, que no se ha creado ante la negativa del gobierno local del PP. Por ello, solicitaron la convocatoria de un pleno extraordinario para que el alcalde y la concejala de Vivienda, Charo Tomás, "por fin sean transparentes, den explicaciones y rindan cuentas a la ciudadanía". Pleno al que el primer edil sigue sin poner fecha.
"La transparencia no es opcional y esto no justifica que durante meses el silencio ha sido su opción y la concejala del ramo no haya dado ni una sola explicación", lamenta Donate.
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