H acia las 20,30 horas del 19 de enero de 1977, Enrique Davia había aparcado su vehículo Renault 8 junto a la carretera del Preventorio, donde ahora está la antena; en su interior estaba también una mujer soltera, M. O. V., unos años mayor que él, casado y peluquero de profesión. De repente, un encapuchado armado con una escopeta se acercó al coche; Enrique salió y tras una discusión, le quitó el pasamontañas. Según el testimonio de la mujer, Enrique exclamó: «Manolo, ¿Y por dinero haces esto», y regresó hacia el coche. El agresor disparó su arma dos veces y Enrique, herido de muerte, caminó 18 metros y cayó en medio de la calzada. El atacante se marchó, al parecer con un Renault 6 color blanco o marfil, y la mujer tuvo que ser atendida de lesiones leves.

Acababa de nacer el caso Manolo, que prescribió penalmente hace 10 años sin que se pudiera identificar al autor, tras la mayor operación jamás efectuada por estas tierras, a cargo de la Policía y la Guardia Civil. Las autoridades de la época -todavía estaba activa la estructura franquista- impulsaron, en base al testimonio de la mujer, una investigación en la que se miraron una por una las 50.000 fichas del DNI para localizar a los «manolos», que fueron identificados e interrogados individualmente. Cada Manolo tuvo que decir qué había hecho a la hora del crimen y dónde había estado.

Asimismo, se siguió la pista a las 1.800 escopetas registradas en Alcoy y, evidentemente, a todos los Renault 6 de la ciudad y los alrededores; incluso se llegó a controlar uno en San Pedro del Pinatar. La operación se extendió al control de todos los delincuentes con antecedentes por asalto a parejas en descampados, lo que acabó motivando una detención en Gandía, que luego se comprobó carecía de relación.

Los agentes siguieron, entre una gran expectación social, una tras otra las pistas que creyeron factibles, sin encontrar en ningún momento la buena. Desde la prescripción, de hecho, no se ha producido avance alguno en este caso, según han indicado fuentes de la Comisaría.

Sin embargo, toda la investigación pudo partir de una base imprecisa, según ha podido averiguar este diario de fuentes cercanas al caso, ya que la mujer no fue sometida a un interrogatorio adecuado. Su condición de hija de un militar de alto rango del Regimiento Vizcaya 21, hizo que fuese interrogada en su casa, dos semanas después y en presencia de su padre. Este tipo de situaciones eran habituales en la época franquista, según ha contrastado este diario, cuando los sucesos afectaban a personas relacionadas con el régimen.

De ahí que uno de los investigadores que intervino, consultado por este diario, hable de un «gigantesco palo de ciego», en algunos casos «surrealista», que se prolongó durante muchísimos meses y se pregunte cuál habría sido el resultado de haber mediado un interrogatorio intensivo a la testigo principal.