Un juzgado investiga la adjudicación del proyecto de l'Alamí a la Generala

El Juzgado de Instrucción número 2 de Ibi ha abierto diligencias para investigar la concesión de la urbanización de l'Alamí a la compañía Grupo Generala, tras recibir un informe pericial que dictamina que pudo haber manipulación en la contrata, aprobada por el Ayuntamiento el 8 de noviembre de 2004. Se trata de la segunda demanda presentada por un vecino, José Gimeno, que se acepta por un juzgado ibense en relación con l'Alamí, en poco más de un mes.

El Ayuntamiento, ya presidido por Mayte Parra, pero gobernando entonces en coalición, adjudicó a la Generala el plan para urbanizar unos 350.000 metros cuadrados de suelo, con la previsión de edificar hasta 1.000 viviendas. Toda la zona fue urbanizada, pero no se ha llegado a levantar ni un piso por la crisis.

La contrata resultó polémica, tras revelar este diario que se había concedido a la Generala por 16 millones de euros, siendo precisamente la oferta más cara; los propietarios de terrenos, bajo el paraguas de una Agrupación de Interés Económico (AIU), plantearon una propuesta que se quedaba justo en la mitad. Los recursos presentados ante el TSJ no prosperaron.

Ahora, José Gimeno, también propietario, ha presentado una denuncia judicial que ha sido admitida a trámite, con el fin de esclarecer los hechos que concurrieron en la citada adjudicación. El principal detonante de esta medida estriba en un informe pericial remitido al juzgado que apunta que la concesión pudo haber sido manipulada.

En concreto, el citado dictamen subraya que a la hora de fijar los criterios para la adjudicación, solamente primaba la propiedad de los terrenos -que era de los titulares ibenses al 100%-, el coste de la urbanización -el presupuesto de la Generala duplicaba otros- y las calidades, que según las informaciones recabadas eran "similares" en todos los casos. Según el dictamen, la puntuación obtenida por la AIU era mucho mayor que la que resultó ganadora.

El juzgado ya ha citado para el próximo día 25 de enero las primeras comparecencias, con el fin de iniciar los trámites de este proceso, que se tramita por la vía penal, según las informaciones recabadas.

Hay que significar que aunque la aprobación en el pleno fue mayoritaria, este proyecto acabó rompiendo el gobierno de coalición entre PP y ADIi, al considerar este último grupo que no le había sido facilitada toda la información. Los trámites posteriores fueron avalados en solitario por el PP.

Se trata, además, de la segunda denuncia que acaba en la apertura de diligencias previas en poco más de un mes, con l'Alamí como telón de fondo. En diciembre, el mismo juzgado abrió una investigación por una posible estafa que implica a la Generala y a la alcaldesa Mayte Parra, al considerar que en la ejecución del proyecto faltan miles de placas de protección del cableado eléctrico subterráneo, que han sido cobradas. Las estimaciones apuntan a que podrían faltar hasta 24.000 placas.

También en este caso se han previsto comparecencias en el juzgado para la próxima semana, en las que el denunciante tiene que ratificar estos extremos, en presencia del fiscal.

Denuncian un posible trato de favor a familiares de Parra

También a requerimiento del mismo vecino, el Juzgado número 2 ha abierto otras diligencias para esclarecer una denuncia por las obras realizadas en la calle San Miguel, por cuatro propietarios -de los que dos eran familiares de la alcaldesa Mayte Parra-, en la que señala la comisión de posibles delitos, incluso de malversación de caudales público y prevaricación. Este proceso se ha incoado tras un informe pericial hecho al juzgado, que ratifica otros anteriores y que dictamina que existen "obras e instalaciones pagadas y no construidas" y "fuera de planeamiento. Pese a ello, el Ayuntamiento devolvió las fianzas, por importe de 48.000 euros. M. C.