Mañana se cumple justo un año desde que un pavoroso incendio registrado entre los términos municipales de La Torre de les Maçanes, Penàguila y Benifallim arrasara 700 hectáreas de monte y, lo que fue más trágico, se llevara por delante la vida de un brigadista y un agente medioambiental que participaban en las tareas de extinción. Transcurrido todo este tiempo, nada ha trascendido de las investigaciones llevadas a cabo por el juzgado y la Conselleria de Gobernación para concretar las causas del fatal desenlace, y tampoco se han delimitado las responsabilidades de un suceso que, según los propios implicados, pudo estar propiciado por una forma de atacar las llamas que muchos han calificado de errónea e imprudente.

Fue el domingo 12 de agosto de 2012. El motor de un vehículo que circulaba por el término municipal de La Torre de les Maçanes empezó a arder y, según todos los indicios, ese fue el detonante de un incendio que se extendió rápidamente por un frondoso bosque de pinar adulto en dirección a Penàguila y Benifallim. Las altas temperaturas, la sequedad del terreno y la densidad de la vegetación fueron factores que facilitaron la propagación de las llamas y que el siniestro adquiriera en poco tiempo grandes dimensiones.

Hasta el lugar llegaron los medios de extinción, tanto aéreos como terrestres, que empezaron a trabajar para intentar detener las llamas. Fue en la estrecha carretera que enlaza los puertos de Tudons y Benifallim donde se produjo el trágico desenlance. Hacia allí se dirigieron unas 15 personas, entre brigadistas, agentes medioambientales y bomberos. El objetivo era intentar detener en este punto las llamas que avanzaban montaña arriba desde La Torre de les Maçanes, aprovechando precisamente la citada carretera.

El fuego en un principio venía lento, pero según narraron algunos de los que allí estaban, de repente se produjo una especie de deflagración y las llamas les pasaron por encima. El resultado fue nefasto, dado que el agente medioambiental Ernesto Aparicio, vecino de Ibi, falleció en el mismo lugar de los hechos, mientras que el brigadista Emilio Abargues, de la Pobla del Duc, lo hacía después de ser trasladado a un centro sanitario. En el mismo incidente resultaban heridos de gravedad otros dos brigadistas, que permanecieron varios días ingresados en el hospital para recuperarse de las severas quemaduras sufridas.

Desde un primer momento hubo críticas por el lugar en el que se habían colocado los brigadistas y el método empleado para combatir el fuego. Sin ir más lejos, uno de los heridos, Pedro López, explicaba a este diario poco después del incendio que «lo primero que te enseñan es que no hay que realizar un ataque directo a la cabeza del incendio, como sucedió en este caso», al tiempo que calificaba la zona elegida como «muy insegura, en una pinada y con la vegetación muy seca».

De la misma opinión era y continúa siendo el sindicato UGT, que días después acusaba a la empresa Tragsa de estar encubriendo al capataz coordinador que estuvo al frente de las brigadas que se vieron involucradas en el suceso. «Les ordenaron hacer un contrafuego cuando el incendio venía de frente», destacaba Carlos Orbea, delegado de la sección de Tragsa-UGT.

Los reproches, además, se intensificaron a raíz de que la propia empresa decidiera despedir al brigadista Francisco Peralta, que se había mostrado crítico con la intervención llevada a cabo. Esta decisión motivó actos de protesta de sus compañeros y la presentación este pasado mes de julio por parte de la junta de personal del Consorcio de Bomberos de Alicante de un escrito dirigido a la Conselleria de Gobernación, a través del cual reclamaban la readmisión del trabajador.

En este mismo escrito, los bomberos también mostraban su disconformidad con la falta de información sobre la investigación que debe esclarecer los motivos que ocasionaron el dramático accidente.

Hay que destacar, en este sentido, que los juzgados de San Vicente tienen abierta una causa por lo sucedido, y también la Inspección de Trabajo está sobre el asunto. Sin embargo, este es el momento en que todavía no ha trascendido nada, y ni mucho menos se han delimitado responsabilidades. El delegado de UGT Carlos Orbea manifestaba que «la justicia está claro que lleva su ritmo, pero la Conselleria de Gobernación dijo que investigaría y tampoco ha informado de nada. Todos, brigadistas y bomberos, queremos un esclarecimiento de los hechos, y que se termine con el miedo que se está intentando imponer, por lo que exigimos también la readmisión del trabajador despedido».

Cabe reseñar, por último, que los dos brigadistas que resultaron heridos se han reincorporado a su trabajo tras recuperarse de las quemaduras, si bien no han querido hacer declaraciones. La Conselleria tampoco, alegando que está en marcha el proceso judicial.