El juez imputa a los dos últimos alcaldes de Onil por prevaricación y falsificación

El actual alcalde de Onil, José Ramón Francés, y su antecesora en el cargo, Elisa Ribera, declararon ayer como imputados en una causa abierta, entre otros, por los delitos de prevaricación, falsificación y negociación prohibida. El proceso judicial tiene su origen en la denuncia interpuesta por propietarios de los terrenos del polígono de La Marjal, quienes reclaman 7 millones de euros al Ayuntamiento por las expropiaciones.

Tal y como avanzó este diario, propietarios de los terrenos sobre los que se asienta el polígono industrial de La Marjal en Onil interpusieron una denuncia contra José Ramón Francés y Elisa Ribera, ambos del PP, en un proceso relacionado con las expropiaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento.

El conflicto arranca en 2002, dado que estos propietarios siempre han estado reclamando una compensación económica más elevada que la ofrecida por el Consistorio. En concreto, el precio establecido por el municipio fue de poco más de 5 euros el metro cuadrado, mientras que el justiprecio instado por los dueños lo eleva a 32,7.

Así las cosas, los propietarios reclaman al Ayuntamiento de Onil más de 7 millones de euros por sus antiguas propiedades, cantidad en la que se incluyen los intereses devengados a lo largo de todo este tiempo.

Tras diversos pleitos, finalmente se interponía la denuncia contra los últimos dos alcaldes, quienes tuvieron que declarar ayer en el Juzgado número 2 de Ibi. Según la información facilitada por la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ), lo hicieron en calidad de imputados en una causa abierta, entre otros, por los delitos de prevaricación, falsificación y negociación prohibida.

También se encuentra en esta tesitura el exconcejal de Urbanismo César Albero, quien inicialmente tenía que prestar declaración el próximo martes. Sin embargo, y de acuerdo con la información procedente del TSJ, las siguientes declaraciones tendrán lugar el próximo 31 de marzo, dado que por petición de una de las partes, se han tenido que trasladar a ese día.

El juez, al final de esta fase inicial, tendrá que decidir si mantiene las imputaciones y por qué delitos en concreto en cada caso.

Francés y Ribera declinaron ayer hacer declaraciones sobre el contenido de las declaraciones. Con todo, el alcalde actual reiteró que todas las decisiones adoptadas sobre este asunto han sido en base a informes de expertos, y expresó su convencimiento de que este contencioso «tendrá un resultado favorable para la honorabilidad de nuestro Ayuntamiento». También indicó que todas las corporaciones del PP, y del PSOE, Bloc y EU, han tenido que gestionar alguna cuestión relativa a este tema.

Sin embargo, desde el PSOE se ha destacado a través de un comunicado que no ha sido la corporación municipal la que ha sido querellada, sino José Ramón Francés y Elisa Ribera. «No pongamos a todos en el mismo saco», reclaman los socialistas.