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Alcoy se personará en la causa abierta contra Zaplana

El Ayuntamiento pide responsabilidades por el presunto enriquecimiento ilícito del expresidente del Consell en la urbanización de Serelles

Alcoy se personará en la causa abierta contra ZaplanaJUANI RUZ

El alcalde de Alcoy, Antonio Francés, ha encargado a los servicios jurídicos del Ayuntamiento que se personen en la causa abierta contra Eduardo Zaplana por el que se conoce como caso "Erial". El Consistorio reclama responsabilidades por el presunto enriquecimiento ilícito del expresidente de la Generalitat con la urbanización de Serelles, adjudicada a la empresa Luxender.

Francés apunta que «las informaciones que hemos conocido alrededor de la causa abierta contra Zaplana son muy preocupantes, puesto que presuntamente apuntan que la urbanización de Serelles en Alcoy, realizada por la empresa Luxender, y aprobada por el anterior gobierno del Partido Popular, no sólo fue una quiebra económica sino que formó parte de una red de corrupción política. Vamos a personarnos en la causa, puesto que los alcoyanos nos merecemos saber qué pasó con esta operación urbanística y averiguar de primera mano todo lo que se hizo y quienes fueron todos aquellos que de una manera u otra participaron de esta trama».

Cabe recordar que la urbanización, proyectada en la falda del parque natural de Mariola, pretendía construir 1.500 viviendas, que después la Conselleria de Medio Ambiente redujo a 500. Tras la aprobación de la operación urbanística y con la quiebra económica de la empresa, la urbanización se quedó a medias, con centenares de casas a medio construir, diferentes servicios sin acabar y muchos vecinos afectados.

Por otro lado, el alcalde añade que «queremos ver, ahora que parece que se ha localizado dinero oculto y se han decomisado bienes, si también podemos exigir daños y perjuicios, para que en la medida de las posibilidades, Alcoy recupere el dinero que nos ha costado esta desastrosa gestión urbanística del Partido Popular».

Destacar, en este sentido, que el Ayuntamiento tuvo que hacer frente a una sanción de la Confederación Hidrográfica del Júcar, por valor de 600.000 euros y también ha tenido que asumir la finalización de la urbanización con el coste económico que esto supuso. Un coste que ha repercutido en las arcas municipales y, por lo tanto, recuerdan desde el Ayuntamiento, en los bolsillos de todos los alcoyanos.

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