El concejal de obras y servicios, Jordi Martínez, ha querido aclarar algunas cuestiones relativas a la gestión del agua en la ciudad que la plataforma “Iniciativa per la Gestió Pública de l’Aigua” ha realizado en los medios de comunicación. Desde el gobierno se explica que, si bien es cierto que las instalaciones de Sant Antoni debían tener un contador distinto del actual, que está instalado en el Polideportivo Francisco Laporta, y que el importe de dicho consumo debería repercutirse en la empresa concesionaria Aqualia, la dificultad de la obra y la demora en el tiempo han provocado que dicha actuación, que debía pagar el Ayuntamiento de Alcoy, no se haya realizado. Pero, también se enfatiza que son falsas las afirmaciones referentes a que dicho importe ha sido ingresado como beneficios en la cuenta de la empresa.

Por una parte, Martínez destaca que el importe de la plataforma ha sido calculado por ella misma en 500.000 euros y, por tanto, es un cálculo del que no se conoce la fiabilidad del mismo, y que ha sido realizado de un modo claramente parcial. Por otra parte, Martínez explica: “En el caso de que ese gasto por el consumo del bombeo hubiera sido asumido por la empresa concesionaria, en lugar del Ayuntamiento, dicho importe lo hubiera repercutido la empresa Aqualia a todos los recibos de los ciudadanos, puesto que todos los gastos que se generan el en servicio de aguas se incluyen en el estudio y se trasladan a los recibos de los alcoyanos y alcoyanas. Por tanto no se ha beneficiado en nada a la empresa concesionaria, en todo caso se ha beneficiado a los 30.000 recibos que pagan los alcoyanos y alcoyanas que no han visto incrementado lo que tiene que pagar como tasa por el servicio de aguas”.

Respecto a la cuestión plateada por la plataforma sobre quienes son los responsables de esta decisión, Martínez contesta: “Les podemos aclarar a la plataforma que los responsables han sido los concejales y gobiernos que han tenido responsabilidades durante la concesión del contrato. Es decir, los concejales del Partido Socialista Obrero Español, del Partido Popular, de Compromís y de Izquierda Unida que han tenido competencias en materia de agua y que han formado parte de gobiernos municipales de la ciudad. También nos podríamos preguntar por la responsabilidad de omisión en la fiscalización de estas cuestiones de alguno de los portavoces de la plataforma, ya que han sido personal de confianza de Izquierda Unida o por qué esta persona, como miembro de una candidatura que tuvo responsabilidades de gobierno en materia de agua como era Esquerra Unida en el periodo del que hablamos, no planteó entonces ninguna duda en la gestión de casos como el indicado”.

Para terminar, el edil concluye: “Instamos a la plataforma que cuando quiera aclarar dudas de algún tema como el anteriormente citado, solicite la información para valorar si ésta es correcta antes de publicarla en los medios de comunicación, sino, puede parecer que su intención sea otra claramente distinta”.