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La falta de recursos frena las inversiones en los pueblos pequeños de Alicante

El mantenimiento de servicios básicos y los gastos de personal se llevan casi todo el exiguo presupuesto de los municipios con menos habitantes, que no pueden gestionar sus propios fondos por la «ley Montoro»

Vista del casco urbano de Benillup sobre el barranco de Caraita, la consolidación de cuya ladera no puede acometer el Ayuntamiento.

Vista del casco urbano de Benillup sobre el barranco de Caraita, la consolidación de cuya ladera no puede acometer el Ayuntamiento. Juani Ruz

La falta de recursos en la mayoría de los municipios con menor población reduce a la mínima expresión su capacidad para ejecutar inversiones y les obliga a depender de otras administraciones para poder acometer obras y proyectos. La mayoría de estos ayuntamientos cuentan con presupuestos muy exiguos, que por lo general se destinan en un porcentaje muy elevado o casi en su totalidad a cubrir gastos corrientes. En todo caso, se deja una partida para afrontar posibles imprevistos que puedan surgir a lo largo del ejercicio. De esta forma, la ayuda de las instancias superiores se hace imprescindible.

La población es un factor decisivo para que el presupuesto de un ayuntamiento sea más o menos cuantioso, puesto que los ingresos están muy ligados a los impuestos y tasas que pagan los vecinos, principalmente el de Bienes Inmuebles (IBI) y el de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM). Así, no resulta extraño que, de entre los 52 municipios de la provincia con menos de mil habitantes, fuera Llíber, con 935 empadronados, el que tuviera el año pasado las cuentas municipales con un mayor montante, de más de 1,222 millones de euros, según datos difundidos a través de la Diputación de Alicante. No obstante, hay que tener en cuenta también el aspecto puramente económico: cuanta más actividad haya en el municipio mayor será la recaudación por todos los tributos y tasas a las que deben hacer frente las empresas y negocios y, en consecuencia, también podrá ser más elevado el presupuesto. Así, según las mismas cifras de 2019 dadas a conocer por la Diputación, en El Castell de Guadalest, con 217 vecinos, la cuantía de las cuentas municipales asciende a 1,1 millones de euros. Una cifra que evidencia el dinamismo de esta localidad y su mayor capacidad para acometer inversiones.

Los presupuestos que manejan Llíber y El Castell de Guadalest, no obstante, son abrumadoramente más elevados que los de la mayoría de los municipios de la provincia con menos de un millar de vecinos. Buena parte de ellos rondan los 300.000 euros anuales, pero incluso esa cantidad se antoja lejana para algunas localidades. El año pasado, el presupuesto municipal de Famorca fue de 58.140 euros, y aún más bajo es el que ha aprobado ya el Ayuntamiento de Tollos para este año, de 51.735 euros. También son exiguas las cifras de Benillup, Benimassot, Fageca y Almudaina, con 64.250, 77.650, 87.000 y 90.520,75 euros el año pasado, siempre según los datos que ofrece la Diputación. Famorca y Tollos apenas tienen 50 vecinos y el resto de localidades señaladas ronda el centenar, y la actividad económica en todas ellas es mínima, sin apenas empresas ni comercios. De hecho, en Tollos se hace patente el duro golpe que ha supuesto el cierre de la residencia geriátrica que existía en el municipio: frente a las modestas cuentas de 2020, el año pasado eran de 458.100 euros.

El problema de los imprevistos

¿Y qué puede hacer un Ayuntamiento con menos de 100.000 euros para todo el año? Fundamentalmente, tal y como explican algunos alcaldes a este periódico, atender gastos corrientes como el alumbrado público y los suministros y el mantenimiento de los edificios municipales, y pagar los salarios de los empleados públicos, que por lo general se reducen a un administrativo y algún peón u operario; los cargos políticos no cobran por ejercer su función. «Lo más importante es pagar al personal», reitera la alcaldesa de Alcosser de Planes, Lucía Capablanca. Siempre se guarda alguna cantidad para gastos imprevistos, pero aún así «si el problema es grande, toca pedir una subvención», señala el primer edil de Famorca, Vicente Ruiz, porque el Consistorio no tiene capacidad para hacer frente a grandes cantidades.

En estos casos es habitual que las administraciones superiores lancen de forma urgente una línea específica de ayudas, tal y como ha hecho esta misma semana la Diputación para el arreglo de caminos rurales afectados por la borrasca «Gloria», con un importe total de 250.000 euros. La munícipe de Alcosser no descarta acogerse a ella, tal y como hizo a finales de 2019 con otra convocatoria que abrió también la Diputación para la reparación de viales tras la gota fría de septiembre. La institución provincial es la que presta un mayor apoyo a los municipios en el desarrollo de inversiones a través de sus distintas áreas; -es, de hecho, uno de sus principales cometidos. Estas ayudas se complementan con las que ofrece la Generalitat y, de manera más puntual, el Estado, que además asigna fondos a los municipios en función de su población.

Benillup es una de las localidades donde esperan a no muy largo plazo recibir ayudas de la Generalitat y el Estado, en forma de obras para consolidar la ladera del barranco de Caraita, que amenaza con hacer que parte del pueblo se venga abajo y que ha sufrido nuevos desprendimientos durante esta última borrasca. El alcalde, Javier Navarro, confía en «alcanzar un acuerdo» para que se acometa un proyecto que, aparte de no ser competencia municipal, no se podría sufragar con medios propios. Con todo, eso no quiere decir que el Consistorio no tenga dinero, tal y como apunta el primer edil ,que alude a de manera directa a una normativa que se ha convertido en un lastre para la gestión de las arcas de muchos municipios: la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, conocida como «ley Montoro».

El texto legal aprobado en 2012 obliga a un equilibrio entre gastos e ingresos, con lo cual los municipios no pueden disponer de sus propios fondos si los tienen. Así, en Benillup, explica el alcalde, «tenemos 270.000 euros que no podemos utilizar». Por ello, y como una forma de elevar los ingresos, defiende «la importancia de que aprobemos un Plan General» que prevé un mínimo crecimiento del casco urbano y que podría dar pie también a un incremento de población. En otras localidades sin esa expectativa, en cambio, la posible solución es aún más difícil: «No podemos aumentar la presión fiscal», sentencia el primer edil de Famorca, quien también cree paradójico «que no se pueda gastar dinero pese a no tener deuda». En este sentido, Ruiz reclama la necesidad de «poder hacer cosas» si hay dinero para ello.

Alcalde de Famorca

Vicente Ruiz: «Sería peor si ayuntamientos como el nuestro se suprimieran»

El alcalde del municipio con menos habitantes de la provincia explica que los gastos corrientes del Ayuntamiento y los salarios de la mínima plantilla municipal se llevan unos 40.000 de los apenas 64.000 euros de presupuesto anual. Resulta por ello fundamental la ayuda de otras administraciones, especialmente la Diputación. La última convocatoria de inversiones financieramente sostenibles de la institución provincial ha permitido realizar una renovación de pavimento e imbornales en una de las calles de la localidad, así como arreglar el acceso a la pista polideportiva. Pequeñas obras para un municipio de pocos recursos, aunque sin deuda pública, pero suficientes. En su opinión, una clave para la supervivencia de estas localidades es «reducir gastos unificando personal y servicios» o mancomunándolos, tal y como ya se hace. Pero eso sí, manteniendo la autonomía municipal: «Sería aún peor si se suprimieran ayuntamientos. Cada uno sabe lo que en su pueblo hay y lo que se necesita, y el solo hecho de tener que distribuir inversiones en más núcleos podría generar rivalidades».

Alcalde de Benillup

Javier Navarro: «No es coherente que tengamos dinero y no podamos invertirlo»

Javier Navarro se muestra bastante crítico con la «ley Montoro», responsable de que el Ayuntamiento de Benillup no pueda disponer de su fondo remanente. «Comprendo que haya que justificarlo todo por las barbaridades que algunos hicieron [en relación a la deuda de muchos municipios, que propició la aprobación de esa ley], pero hay que ser más flexible, hay cosas que no tienen coherencia», como lo que ocurre en su localidad de «que tengamos dinero y no podamos invertirlo» porque en el presupuesto los gastos deben estar equilibrados con los ingresos. También considera que las subvenciones de las administraciones podrían ser más efectivas si los ayuntamientos pudieran destinarlas a aquello que fuera más perentorio en cada localidad, y no a cuestiones específicas de manera cerrada. «¿Para qué tanta burocracia? Si al final de todos modos hay que justificar la obra y el dinero que se ha invertido», se pregunta. En cualquier caso, apela a una mayor sensibilidad en general hacia los municipios más pequeños, «tanto que ahora se les llena a todos la boca con la España vacía».

Alcaldesa de Alcosser de Planes

Lucía Capablanca: «Es imposible afrontar grandes inversiones sin subvenciones»

La primera edil de Alcosser se estrenó en política en los comicios del año pasado, pero «por suerte», comenta, «he trabajado en la Administración y sabía a lo que me enfrentaba» en cuanto a la burocracia necesaria para conseguir una subvención pública. Con un presupuesto cercano a los 225.000 euros, el Ayuntamiento puede asumir gastos imprevistos de cierta cuantía, pero «es imposible afrontar grandes inversiones si no están subvencionadas al 100%». Opciones como la de pedir un crédito ni se plantean: «¿Cuándo y cómo lo íbamos a pagar?», se pregunta. También ella cree que las ayudas deberían ser más flexibles, de manera que cada municipio las pudiera gastar según sus necesidades. «Tenemos todos los recursos que nos hacen falta a través de la Diputación, pero sería mejor si las convocatorias no fueran tan cerradas». «No pedimos por pedir», apostilla, «sino para cosas necesarias para el pueblo y que después vamos a tener que mantener nosotros de todas formas». Los gastos del presupuesto se quedan ahora para aspectos perentorios como gastos corrientes.

Alcalde de l'Alqueria d'Asnar

Jaume Pascual: «Hay que ir hacia un reparto más equitativo de los fondos»

El veterano alcalde de l'Alqueria d'Asnar es bien conocedor del papel que ejercen las subvenciones en municipios como el suyo, de apenas 500 vecinos y con un presupuesto que ronda los 615.000 euros. «Tenemos que estar siempre al acecho de las convocatorias», señala. No obstante, pese a estar muy satisfecho con estas ayudas critica también que cada ayuntamiento no pueda destinar la inversión a lo que necesite en cada momento, y considera que «hay que caminar hacia una redistribución más equitativa de los fondos». Además, apela a que la Diputación «se baje del burro y se sume al Fondo de Cooperación Municipal de la Generalitat». Eso sí, las mayores críticas van también hacia la «ley Montoro»: «Es injusta y debe derogarse, al menos para los municipios que tenemos superávit y no podemos invertir si no subimos los impuestos», que es la forma de aumentar los ingresos. Además, cree que es el momento de que «el municipalismo tenga una mira más alta y coopere para que se lleven a cabo proyectos que beneficien a varias localidades» al margen de dónde se realicen.

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