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Alcoy recurre el archivo de la denuncia por sobrecostes en la reforma del «Calderón»

El Ayuntamiento considera que «hay suficientes pruebas con las periciales existentes para abrir juicio» por el teatro

Fachada del Calderón en Alcoy.

Fachada del Calderón en Alcoy.

El Ayuntamiento de Alcoy ha presentado recurso al sobreseimiento de la denuncia por sobrecostes en la rehabilitación del Teatro Calderón al considerar que «hay suficientes pruebas con las periciales existentes para abrir juicio oral».

El juzgado número 2 de Primera Instancia de Alcoy ha declarado el sobreseimiento de las diligencias previas de la denuncia presentada contra el contratista Enrique Ortiz por presuntos sobrecostes en las obras de rehabilitación. Tras conocer la noticia, el Ayuntamiento ha presentado un recurso al considerar que la motivación del archivo «es insuficiente» y que las pruebas periciales existentes «son suficientes para abrir juico oral que determine si hubieron o no, tal y como se sospecha, «sobrecostes no justificados por más de un millón de euros para las arcas municipales».

Los hechos investigados se remontan a principios del siglo XXI, cuando se realizó la reforma y ampliación del Calderón, con el gobierno del PP al frente del Ayuntamiento. Con la salida de los populares, el nuevo ejecutivo de coalición (PSOE, EU, Bloc) presentó un contencioso administrativo al detectase «irregularidades en la justificación de las obras», y aunque la causa se desestimó, se abrió otra por la vía penal tras presentarse una denuncia el 23 de marzo de 2015, y que fue ampliada el 3 de marzo de 2016.

La denuncia, tal y como publicó este diario, fue admitida por el Ministerio Fiscal, que abrió diligencias previas, según también consta en el auto de sobreseimiento. Asimismo, varios años después el Juzgado de Primera Instancia intentó nombrar un perito judicial para constatar si hubo delito, pero tras renunciar cinco peritos, el propio juzgado manifestó que no era posible realizar la pericial y que, por tanto, «no se puede acreditar la perpetración del delito».

Pese a todo, el Ayuntamiento entiende que «hay suficientes periciales puesto que también existe una pericial de oficio, realizada dentro del procedimiento del contencioso administrativo», y que ésta «se incorporó al auto» y «ratificaba las posibles irregularidades que se denuncian». Desde el Consistorio, asimismo, han insistido que en el recurso municipal se argumenta que «el hecho de que hubiera sido mejor la práctica de otro nuevo informe, por un perito judicial, no le priva ni de credibilidad ni de eficacia a las diligencias de investigación ya practicadas».

La administración local considera que se debería abrir juicio oral para determinar si, por tanto, existió o no un delito, y si las arcas municipales pagaron más de lo debido.

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