El pleno municipal de Alcoy ha aprobado este viernes una prórroga de un año del contrato del servicio de agua potable. El gobierno municipal (PSOE) ha manifestado su intención de trabajar durante este tiempo en la creación de una empresa pública con la finalidad de recuperar el servicio. Este punto del orden del día ha salido adelante gracias al voto favorable del PSOE y Ciudadanos, con la abstención de Podem, y en contra de PP, Compromís, Guanyar y Vox.

Cabe recordar que Podem apoyó los presupuestos municipales de 2020 tras acordar, entre otras cuestiones, la municipalización de servicios con el gobierno local. Ambas formaciones explicaron en su momento que se empezaría a trabajar con el suministro de agua potable por ser uno de los contratos que vencía este año. Dado el poco margen de tiempo, hoy se ha aprobado una prórroga de un año, sin embargo desde Podem han insistido en que es el momento de crear una mesa de negociación para redactar los estatutos de la futura empresa pública, lo que supone el primer paso para recuperar el servicio.

Si bien algunos grupos de la oposición han puesto en duda que así sea, como es el caso de Guanyar, el concejal de Obras y Servicios, Jordi Martínez, ha manifestado que durante este tiempo se trabajará en ello. El edil de la plataforma ciudadana, Pablo González, no obstante ha insistido en que su formación ya presentó una propuesta igual en 2017 que fue aprobada por el gobierno socialista, así como un ruego presentado por Compromís para la realización de un estudio de viabilidad de la municipalización del agua, pero que en ningún caso, tal y como ha recordado, «se ha avanzado».

El portavoz popular, Quique Ruiz, también ha criticado con dureza la propuesta del ejecutivo local para prorrogar el contrato, llegando a exigir explicaciones al PSOE sobre «a quién beneficia prorrogar el contrato del agua». Además, Ruiz ha comparado el canon que pagó en su día la empresa en Alcoy con otras ciudades, ha recordado las deficiencias que presenta la red, como que «la mitad es de fibrocemento y fundición, materiales que ya no se utilizan y que, por tanto, deben ser sustituido», o que «el 51% de los contadores supera los 10 años de antigüedad», y ha insistido en que «un nuevo concurso permitiría al Ayuntamiento obtener recursos para acometer estas obras».