Los familiares de los residentes en el geriátrico de Oliver en Alcoy han constituido una asociación para exigir responsabilidades legales por los 73 fallecimientos registrados en el centro durante la pandemia de coronavirus. Los afectados se quejan de la falta de información y reclaman explicaciones respecto a si se cumplieron los protocolos de prevención y los motivos por los que a la gran mayoría no se les trasladó al hospital.
Una representación de los familiares de la residencia de Oliver, anunciaron ayer la creación de una asociación cuyo objetivo es la exigencia de responsabilidades por las 73 personas fallecidas en el centro desde el pasado 8 de mayo, a lo que se suman 41 trabajadores infectados por coronavirus.
El portavoz de la entidad acabada de constituir, José Luis García, no dudó a la hora de señalar que lo sucedido en este geriátrico ha sido «una de las cosas más trágicas que han acontecido en la historia de la ciudad», por lo que quieren conocer qué es lo que ha pasado.
«El 8 de marzo había 139 residentes y hoy quedan 66. En menos de dos meses fallecieron más de la mitad de los ancianos. ¿Por qué? ¿Qué ha fallado? ¿Qué errores han provocado este drama? Desgraciadamente, de poco sirvieron las denuncias que hicimos un grupo de familiares, en las que manifestamos las carencias que veníamos observando en la atención y cuidados a nuestros mayores. Ahora, con 73 muertes, nos preguntamos si en realidad todo estaba correcto, como nos aseguró la empresa, la conselleria y el Ayuntamiento», argumentó.
El colectivo desea conocer si se cumplieron los protocolos de prevención, los motivos por los que se produjeron más de 60 muertes después de que la Conselleria de Sanidad asumiese el control de la residencia, por qué no fueron atendidos todos los residentes por la Unidad de Hospitalización Domiciliaria, si hubo orden de no trasladar a los afectados al hospital y si se les abandonó «por el simple hecho de ser mayores y débiles».
Los familiares denuncian que al dolor sufrido «hemos de unir el temor y la impotencia por la falta de información y la incertidumbre. El trato de la empresa y de las administraciones ha sido inhumano y nos hemos sentido absolutamente desamparados».
Critican «la gestión de Domus Vi (que gestiona el centro), porque durante días no supimos lo que estaba sucediendo en el geriátrico. Todos estábamos a la espera de una llamada telefónica para saber si nuestro familiar permanecía con vida o si, lamentablemente, había muerto». La información por parte de las consellerias de Sanidad y Políticas Inclusivas, añaden, también «ha sido nula. Nunca hubo comunicación directa y ante la opinión pública justificaron su opacidad con el argumento de que no se quería herir la sensibilidad de residentes y familiares, algo que seguimos sin entender».
También han echado en falta una mayor coordinación entre administraciones, sobre todo entre las consellerias y el Ayuntamiento, y pese a que el consistorio aprobó tres declaraciones institucionales de apoyo al colectivo, «nos hubiese gustado recibir una llamada de aliento y apoyo por parte del alcalde».
Las vivencias personales han sido terribles, como la de Elvira Guillem. «La opacidad ha sido total y las únicas comunicaciones respecto a mi madre fueron para decirme que había dado positivo, después que la estaban medicando y al final que había muerto», lamentaba.
Mila José Tormo, por su parte, destacaba que la residencia «ha sido una trampa para estas personas, y habrá que ver cómo les habrá afectado a nivel psicológico a las que no han fallecido».
Jordi Santonja, cuya madre también ha muerto, subrayaba que «el único consuelo ha sido saber que los trabajadores han estado dando el 120% durante toda esta crisis».
Por todo ello se han puesto en manos de un despacho de abogados, cuyo representante, José Guillem, informaba que han solicitado información sobre lo sucedido a la empresa y todas las administraciones «para a partir de ahí plantearnos si iniciamos acciones legales de forma colectiva o individualizada».
