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Análisis

Para que no vuelva a ocurrir

La muerte de 73 residentes del geriátrico de Oliver en Alcoy deja muchas preguntas que tendrán que responderse para depurar responsabilidades

Un trabajador, ataviado con equipos de protección, se asoma a una ventana de la residencia de Oliver en el momento álgido del brote.

Un trabajador, ataviado con equipos de protección, se asoma a una ventana de la residencia de Oliver en el momento álgido del brote. juani ruz

Alcoy se ha enfrentado en el seno de la pandemia provocada por el coronavirus a una de las peores tragedias de su historia. Nada menos que 73 residentes del geriátrico de Oliver perdieron su vida como consecuencia del brote más virulento registrado en una residencia de mayores en el conjunto de la Comunidad Valenciana, dejando tras de sí un profundo sentimiento de dolor, pero también una lista interminable de preguntas que se tendrán que responder para depurar responsabilidades, si las hubiere, y evitar sobre todo que una situación como esta se pueda volver a repetir.

La ciudad encaró la crisis sanitaria con la incertidumbre y la preocupación que afectaban a todo el país, a medida que las noticias sobre la extensión de la pandemia iban intensificándose. Sin embargo, y quizá por el relativo aislamiento que supone estar situada en una comarca del interior rodeada de montañas, lo cierto es que reinaba en el ambiente un clima de relativa tranquilidad, fruto de unos mínimos contagios que además se producían en cuentagotas.

Nada más lejos de la realidad, puesto que entre las paredes de un centro geriátrico, el situado en el emblemático edificio del antiguo hospital de Oliver, se estaba gestando una auténtica tragedia. Los primeros dos casos de residentes contagiados se detectaron el 13 de marzo, un día antes de la declaración del estado de alarma, y a partir de ahí el virus se propagó de una forma devastadora.

La envergadura del problema era tal que el día 17 del mismo mes la Conselleria de Sanidad decidió intervenir el centro, de gestión privada, para medicalizarlo y asumir su control. Una prueba de la virulencia del brote lo constituye el hecho de que en esos momentos, de acuerdo con la información facilitada, ya eran 102 los residentes que estaban contagiados, lo que tuvo como resultado la enorme cifra de víctimas, 73, con que se saldó este lamentable episodio.

Ante la dramática situación vivida, son numerosas las preguntas que flotan en el aire, aunque todas quedan resumidas en una: ¿Qué pasó en el geriátrico para que pudiesen fallecer tantas personas?

A lo largo de las últimas semanas se han ido apuntando diversas cuestiones, como que los residentes no fueron aislados de manera conveniente, que había una doctora que aplicaba métodos naturistas, que el centro no siguió las recomendaciones de la Unidad de Hospitalización a Domicilio... una serie de acusaciones que han sido rebatidas por la empresa gestora del centro, Domus Vi, que asegura haberse volcado hasta la extenuación para controlar el brote. De hecho, la firma atribuye gran parte de lo sucedido a la elevada edad de los residentes, superior a la media, y con múltiples patologías previas.

Sea como fuere, será la justicia -la Fiscalía ha abierto diligencias y los familiares han anunciado el inicio de acciones legales- la que tenga que dirimir lo sucedido y, llegado el caso, concretar responsabilidades.

Toca analizar, por tanto, otras cuestiones derivadas de la tragedia y relacionadas con la gestión política que se ha hecho de todo este asunto. En primer lugar hay que hacer referencia a la desesperada situación vivida por los familiares, que desde un primer momento se han venido quejando de la falta de información. Pese a que la empresa asegura que ha mantenido una comunicación estable, el colectivo afirma que al principio solo tenían noticias de los residentes cuando enfermaban o acababan falleciendo, lo que les llevó a vivir con el corazón en un puño, temiendo recibir una llamada que les pudiese comunicar lo peor.

Una tensión a la que contribuyó la Conselleria de Sanidad, que argumentando hacer la situación más llevadera para familias y residentes, consiguió justo lo contrario cuando de la noche a la mañana dejó de informar de forma concreta sobre los casos de coronavirus que se registraban en cada geriátrico, en lo que supuso una decisión cercana a la opacidad.

Por otro lado, alguien debería explicar si cayeron en saco roto las quejas formuladas por los propios familiares, cuando antes de esta tragedia ya denunciaban a las administraciones competentes falta de personal y medios a raíz de diversos brotes de gastroenteritis en el centro.

Luego está la vertiente municipal, que se escenificó este pasado jueves en un pleno monográfico celebrado en el Ayuntamiento de Alcoy, en que oposición y gobierno municipal intercambiaron duras críticas. Mientras las diferentes formaciones políticas, principalmente el PP, reprochaban al ejecutivo socialista su inacción en este tema, este se escudaba en la falta de competencias para no haber podido hacer más.

Efectivamente, es totalmente cierto que el Ayuntamiento no tiene ninguna competencia en la materia, y que esta recae por entero en las consellerias de Sanidad y de Políticas Inclusivas, departamento, este último, dirigido por una Mónica Oltra que, dicho sea de paso, se ha mantenido muy de perfil en este drama.

Pero sí que hay comportamientos que como mínimo llaman la atención, como es el hecho de que el alcalde, Toni Francés, junto al resto de su gobierno, hayan caminado de puntillas en este asunto sin mostrarse reivindicativos, al menos públicamente, con las citadas consellerías a la hora de reclamar transparencia y efectividad, en una postura muy cercana al corporativismo. De hecho, ha dado la sensación a lo largo de todo este desgraciado suceso que el geriátrico de Oliver ha sido un islote desconectado del resto de la ciudad. También resulta difícil de entender que no haya habido más comunicación con los familiares -Francés reconoció en el pleno que había hablado con varios de ellos, pero no con el presidente de la plataforma-, lo que ha provocado una sensación de desafección y abandono en el colectivo.

También habría que analizar la postura de la oposición, y más en concreto la del PP, formación que con su portavoz Quique Ruiz al frente, solicitó la celebración del pleno monográfico. Si la intención era, como se ha afirmado, la de sumar esfuerzos para averiguar lo sucedido en el geriátrico y depurar responsabilidades, bastaba con haber convocado una comisión o las que hicieran falta hasta llegar a conclusiones. El hecho de decantarse por un pleno, con luz y taquígrafos, deja bastante a las claras que el principal objetivo era tratar de sacar rédito político de lo sucedido. El PP, además, ha vuelto a quedar atrapado en sus propias contradicciones, dado que critica la gestión que se ha hecho del tema y la de la propia residencia, olvidando que fue este mismo partido el que implantó el modelo de geriátricos privatizados.

De hecho, para el actual gobierno del Botànic, una parte muy importante del problema reside en la gestión privada de estos centros, al interpretar que en muchos casos se anteponen los intereses y beneficios empresariales a la correcta atención de los usuarios.

El ejecutivo autonómico, en base a ello, ha anunciado su intención de recuperar el control de estos geriátricos, empezando por el de Alcoy. Se trata de un auténtico reto, teniendo en cuenta la velocidad de tortuga con la que avanza la reversión sanitaria y los contratos blindados que dejó como herencia el PP. Pero mientras eso se tramita, lo principal en estos momentos es que se adopten las medidas oportunas para que el drama vivido en la residencia de Oliver en Alcoy no vuelva a repetirse. Y para ello no basta con ponerse de perfil ni andar de puntillas.

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