El coste de la reforma de la plaza de la Rosaleda en Alcoy se ha disparado a los 2,2 millones de euros. El proyecto definitivo ha incrementado la previsión inicial de 1,5 millones y el Ayuntamiento se verá obligado a asumir esta suma a través de dos ejercicios presupuestarios. La previsión en estos momentos, tanto por el volumen de la inversión como por el retraso en la redacción, es que las obras se liciten el próximo año. La actuación servirá para cumplir con la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, después de nada menos que 14 años de litigios.
Tal y como se ha venido informando, fue en verano de 2001 cuando el Ayuntamiento de Alcoy, gobernado en aquel entonces por el PP, inició los trámites para la construcción de un aparcamiento subterráneo en la Rosaleda, adjudicando las obras a la unión temporal de empresas formada por Enrique Ortiz e Hijos y Auplasa. El proyecto fue denunciado en los tribunales por el grupo ecologista La Carrasca, al enteder que vulneraba la normativa relativa a las zonas verdes y que además se sobrepasaba la altura en cuanto a edificabilidad.
Este contencioso dio paso a un largo camino de litigios con resoluciones siempre favorables a la postura defendida por La Carrasca, que culminó en 2005 con una sentencia del TSJ ratificada posteriormente por el Tribunal Supremo, que obligaba a reformar la plaza.
A partir de ahí el Ayuntamiento fue planteando diversas propuestas de remodelación que fueron rechazadas por los tribunales, hasta que finalmente, ya con el ejecutivo actual, se consensuó con los denunciantes una memoria arquitectónica que sí recibió el visto bueno del TSJ.
La memoria en cuestión consistía en un anteproyecto del arquitecto Ciro Pascual por la que se tiene que restaurar la zona verde y ajustar la rasante, todo ello sin perder ninguna plaza del aparcamiento subterráneo.
La pretensión inicial era la de licitar las obras en 2019. Sin embargo, el concurso para la redacción del proyecto definitivo fue convocado en julio de ese mismo año, y en estos momentos está en fase de supervisión por parte de los técnicos municipales, que han instado a los redactores a realizar algunos ajustes.
Lo que sí ha trascendido es que el coste de la obra se ha disparado a los 2,2 millones de euros, cuando inicialmente la previsión era de 1,5 millones. La concejala de Urbanismo, Lorena Zamorano, explica que este incremento se basa en el beneficio industrial y el IVA. No obstante, la cantidad es lo suficientemente importante para que, según la edil, el Ayuntamiento tenga que ejecutarlo a cargo de dos ejercicios presupuestarios.
De ahí que la licitación de las obras finalmente vaya a tener lugar el próximo año, tanto por este incremento de los costes como también por los retrasos que se han ido acumulando en la tramitación del proyecto.
Zamorano resalta que el objetivo que se persigue con la reforma de la Rosaleda es «resolver los problemas de legalidad que sufre este espacio urbano desde que el PP decidiese saltarse la disciplina urbanística y ejecutar una zona verde ilegal. Es uno de los numerosos proyectos problemáticos que se nos dejaron en herencia y a los cuáles hemos tenido que ir dándoles una solución».
La principal complicación que presenta la reforma es la de situar la plaza a la misma rasante que las aceras que la rodean, toda vez que con la construcción del aparcamiento subterráneo se la dotó de unas grandes escalinatas, sobre las que se asienta el monumeto dedicado a San Jorge, y también dos dos accesos techados para el propio parking. En principio, el objetivo estaba puesto en acometer la remodelación sin reducir las plazas del aparcamiento, aunque según Zamorano, habrá que esperar a tener completamente terminado el proyecto tras los ajustes recomendados por los técnicos al equipo redactor.
Espera en la causa judicial del Calderón
La Agencia Antifraude tiene que elaborar un informe pericial sobre los presuntos sobrecostes en la ampliación del teatro
La de la Rosaleda no es la única obra que ha acabado en los tribunales. El Ayuntamiento de Alcoy se encuentra a la espera de saber que pasa al final con la causa judicial por los presuntos sobrecostes del Teatro Calderón.
Como se recordará, fue el anterior gobierno municipal del PP el que encargó a la empresa Ortiz e Hijos la ampliación del teatro. Con el cambio de ejecutivo, el Ayuntamiento presentó un contencioso para reclamar los supuestos sobrecostes de 1,2 millones de euros.
El juzgado decretó el sobreseimiento, sobre la base de que hasta en cinco ocasiones se habían negado los peritos elegidos a realizar un informe pericial. Sin embargo, la Agencia Valenciana Antifraude se ofreció posteriormente a elaborar dicho informe, del que depende que la causa judicial siga o no adelante.
De momento hay un compás de espera, hasta conocer las conclusiones de este estudio y la postura que adopta el juzgado.
