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El juzgado desestima la denuncia por sobrecostes en la remodelación del Teatro Calderón de Alcoy

Cinco peritos han renunciado a realizar un informe de las obras y tampoco se ha llevado a cabo el que ofreció la Agencia Antifraude - El Ayuntamiento recurre ante la Audiencia al considerar que hay suficientes pruebas en la pericial existente para abrir juicio

El Teatro Calderón de Alcoy fue sometido a una reforma integral.

El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Alcoy ha desestimado la denuncia presentada por el Ayuntamiento de Alcoy en relación a los presuntos sobrecostes de 1,2 millones de euros en las obras de remodelación del Teatro Calderón. El archivo se produce después de que hasta cinco peritos hayan renunciado a realizar un informe de las obras, sin que tampoco se haya llevado a cabo el que ofreció la Agencia Antifraude. El Consistorio, con todo, ha presentado un recurso ante la Audiencia Provincial, al considerar que hay suficientes pruebas en la pericial existente para la apertura de juicio oral.

Tal y como se ha venido informando, los hechos se remontan a principios del año 2000, cuando el gobierno municipal, presidido en aquel momento por el PP, adjudicó a una de las empresas del constructor Enrique Ortiz la reforma del Teatro Calderón. Con la salida de los populares, el nuevo ejecutivo de coalición, integrado por el PSOE, EU y el Bloc, presentó un contencioso administrativo al detectarse «irregularidades en la justificación de las obras». Aunque la causa se desestimó, se abrió otra por la vía penal tras presentarse una denuncia el 23 de marzo de 2015, que fue ampliada el 3 de marzo de 2016. Todo ello por observarse unos presuntos sobrecostes valorados en 1,2 millones de euros.

La denuncia fue admitida por el Ministerio Fiscal, que abrió diligencias previas. Sin embargo, el juzgado procedió al archivo de la causa, en un auto que ha sido ratificado recientemente a raíz de un recurso interpuesto por el Ayuntamiento.

La decisión se ha adoptado después de que el juzgado intentara nombrar un perito judicial para constatar que sí hubo delito, pero tras la renuncia de cinco profesionales, la propia sala llegaba a la conclusión de que no se podía acreditar la presunta infracción.

La Agencia Antifraude, ante el bloqueo del contencioso, llegó a ofrecer la posibilidad de incorporar un perito para la realización de un informe independiente, pero tampoco se ha llevado a cabo, toda vez que no forma parte del procedimiento reglado.

Así las cosas, el Ayuntamiento se ha dirigido ahora a la Audiencia Provincial de Alicante para intentar la reactivación de la causa. La concejala Lorena Zamorano, que ha estado siguiendo todo el proceso, considera que hay suficientes pruebas, puesto que también existe una pericial de oficio, realizada dentro del procedimiento del contencioso administrativo, y que ésta se incorporó al auto. En la misma, destaca la edil, se ratificaban las posibles irregularidades que se denunciaban.

La postura que ha venido defendiendo el Consistorio es que «el hecho de que hubiera sido mejor la práctica de otro nuevo informe, por un perito judicial, no le priva ni de credibilidad ni de eficacia a las diligencias de investigación ya practicadas».

También le sorprende al Ayuntamiento que «el fiscal, que fue el que decidió en su momento llevar la denuncia adelante, ahora se decante por el sobreseimiento del caso».

La del Calderón no es la única obra impulsada por el anterior ejecutivo que ha acabado en los tribunales. Está el de la plaza de la Rosaleda, realizada por el propio Ortiz y Auplasa, que ahora va a tener que ser reformada por el Ayuntamiento por incumplimiento de la normativa de zonas verdes, con un coste de 2,2 millones tras 14 años de litigios.

También el proyecto del bulevar, adjudicado igualmente al empresario alicantino por un importe de 27 millones de euros. El nuevo gobierno optó después por rescindir el contrato al entender que no era asumible, lo que provocó un recurso de Ortiz que ganó en primera instancia, al ser condenado el Ayuntamiento a pagarle 4,2 millones. Sin embargo, una resolución posterior del TSJ, avalada por el Supremo, obligó al constructor a reintegrar 1,5 millones.

EL AYUNTAMIENTO DE ALCOY SACARÁ A CONCURSO EL CONTRATO DE GESTIÓN DE LA SALA


El PP critica que el servicio se prorrogara en pleno estado de alarma pese a un informe contrario de Intervención


El Ayuntamiento de Alcoy tiene previsto acometer los trámites para sacar a concurso el nuevo contrato para la gestión del Teatro Calderón. El grupo municipal del PP ha criticado que el servicio se prorrogara en pleno estado de alarma, pese a existir un informe contrario de Intervención.

La concejal del PP, Lirios García, ha exigido al gobierno socialista que abandone el uso de la prórroga como solución a todo. «Es una práctica ya habitual que denota dejadez, falta de gestión y una evidente falta de transparencia, porque amplía la duración de los contratos sin pasar por concurso público».

En este sentido, destaca que el pasado 8 de abril venció el contrato del servicio de asistencia a la explotación y mantenimiento integral del Teatro Calderón con la empresa Colaboradores de las Administraciones Públicas, y que ese mismo día, «en pleno estado de alarma, el gobierno autorizó la prórroga del contrato por un importe de 238.444 euros al año».

Y todo ello, destaca, pese al informe contrario de la Intervención Municipal. «La prórroga es un instrumento válido, pero no el más adecuado debido a la merma producida en la eficiencia del servicio y en el desequilibrio económico producido», subraya la concejala.

El asunto fue llevado por los populares al último pleno, donde el concejal de Cultura, Raül Llopis, explicó que la empresa solicitó en febrero un año de prórroga, posibilidad ésta que está contemplada en el contrato. De hecho, destacó, el acuerdo incluye incluso la opción de una segunda prórroga.

No obstante, adelantó que se van a iniciar este mismo año los trámites para la elaboración del pliego de condiciones, de manera que pueda concursarse el nuevo contrato sin que el actual llegue a caducar.

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