El geriátrico de Oliver fue el punto elegido ayer por la Asociación y Plataforma de Afectados de las residencias Domus Vi de Alcoy y Cocentaina para llevar a cabo la movilización reivindicativa convocada a nivel nacional. Una cita que bajo el lema «Justicia para las víctimas, dignidad para los residentes» volvió a sacar a la luz el desamparo en el que el Consell y el Gobierno central dejan tanto a las familias como a los propios empleados y residentes. Familiares y ciudadanos aprovecharon para explicar que las investigaciones ya han concluido, y que en quince días decidirán la vía judicial que toman para pedir responsabilidad y, lo que es más importante, encontrar soluciones.
Rostros de tristeza y rabia se pudieron ver en la tarde de ayer a las puertas de la residencia Domus Vi de Alcoy. Familiares y amigos de las víctimas del coronavirus en esta residencia se manifestaron con el objetivo de respaldar la convocatoria nacional y a su vez alzar la voz «contra la injusta situación que hemos vivido, vivimos y no queremos vivir más», sentenció Jose Luis García, representante de la plataforma de familiares afectados. Destacaron que las instituciones deben garantizar los derechos fundamentales de las personas, salvaguardando su intimidad, dignidad y teniendo en cuenta sus gustos y preferencias.
Como puntualizó García «en las últimas semanas hemos tenido ejemplos que certifican que se siguen vulnerando los derechos fundamentales de los residentes y la administración se piensa que con multas, todo se arregla. Estas empresas facturan miles de millones al año y una sanción económica no les hace ningún daño, por ello hay que ir un paso más allá y son las propias instituciones las que deben gestionar las residencias para que la atención prestada sea de calidad y lo que es más importante, no se sigan registrando más injusticias que se lleven por delante vidas humanas».
Un impulso a los empleados
La reivindicación también puso el foco en los empleados que, en palabras de los familiares de los residentes, no tienen unas condiciones laborales dignas ni un horario adecuado al esfuerzo que realizan; algo que tampoco se traduce en una remuneración justa acorde al trabajo que realizan. En el manifiesto también se resaltó la injusta proporcionalidad de personal existente en relación a las plazas que ofertan los geriátricos, obligando así a los empleados a duplicar esfuerzos.
Por otra parte, García explicó que «ya hemos recabado toda la información necesaria después de una amplia investigación y el 15 de octubre realizaremos una asamblea con todos los asociados para definir la línea en la que vamos a actuar a nivel judicial. Lo que está claro es que hemos sufrido mucho y no queremos entrar en un proceso judicial tedioso que nos alargue el dolor y que no sea productivo, pero denunciar vamos a denunciar».
