La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha ratificado la suspensión cautelar del proyecto de ejecución del puente de Serelles de Alcoy, que debe unir el casco urbano con la fallida urbanización que se desarrolló en la zona. El tribunal ha desestimado el recurso que había interpuesto el Ayuntamiento, que entendía que los trámites para construir la infraestructura debían seguir porque el proyecto ya está redactado, al margen del proceso judicial en el que se encuentra inmerso. Sin embargo, la sala entiende que, si no se paraliza de forma cautelar el inicio de los trabajos, puede ser que en el futuro no pueda ejecutarse la sentencia emitida en 2018 por el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Alicante, ahora recurrida, que anula la adjudicación de la redacción del proyecto.
El Ayuntamiento adjudicó esa redacción del proyecto en 2015, pero la empresa que quedó en cuarto lugar en el concurso público lo recurrió en los tribunales al considerar que la baremación no había sido la correcta. El Contencioso-Administrativo de Alicante dictó sentencia en noviembre de 2018, dando la razón a la mercantil demandante con el argumento de que la oferta presentada por la adjudicataria del concurso era una baja temeraria. Sin embargo, el fallo todavía no es firme, dado que el Ayuntamiento lo ha recurrido ante el TSJ, por lo que los trámites administrativos para la construcción del puente han seguido adelante de forma provisional. Así, el proyecto fue finalmente aprobado por la administración municipal en abril de 2019, y sólo restaría su ejecución.
Fue en este punto donde la empresa a favor de la cual falló el Contencioso-Administrativo de Alicante pidió la suspensión cautelar de los trabajos. La mercantil alegaba que, dado que el proceso de construcción del puente continúa mientras se resuelve el recurso presentado por el Ayuntamiento ante el TSJ, puede llegarse a dar la situación de que el alto tribunal autonómico dicte sentencia a favor suyo pero resulte imposible ejecutar el fallo. El juzgado aceptó esta suspensión cautelar en un auto dictado en diciembre del año pasado.
El Ayuntamiento había recurrido también esta suspensión cautelar, pero el TSJ ha desestimado esta petición, por lo que el proyecto para llevar a cabo el puente de Serelles continúa cautelarmente paralizado. La sala acepta los argumentos de la empresa demandante, y señala, entre otros aspectos, que «la no suspensión supone de forma definitiva que la sentencia número 483/2018 del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Alicante [dictada a favor de la misma mercantil] caso de ser confirmada no podrá ejecutarse». Así, se desestima el recurso del Ayuntamiento, al cual se condena además al pago de 1.200 euros en concepto de costas. Este fallo, no obstante, y contra él cabe recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ o ante la Sala 3ª del Tribunal Supremo.
Proyecto urbanístico fallido
La concejal de Urbanismo de Alcoy, Lorena Zamorano, confirmó ayer, a preguntas de este periódico, que el Ayuntamiento ya ha sido notificado del fallo por el que se mantiene la suspensión cautelar de los trabajos. La edil defendió el recurso contra esta medida al entender que «no tiene sentido suspender la adjudicación de la obra». Además, al margen de cual sea finalmente el fallo del TSJ al final del proceso, aseveró que el proyecto «no se va a volver a redactar», y que en todo caso se indemnizará a la empresa demandante como se estipule.
El puente de Serelles, por otra parte, es una pata más de un proyecto urbanístico que ha resultado a todas luces fallido, impulsado en el año 2007 bajo gobierno municipal del PP y con una notable contestación social. Consistía en una urbanización de un millar de viviendas, de tipo unifamiliar y adosado, distribuidas en dos fases, de las cuales la segunda no llegó ni a comenzarse por cuestiones medioambientales. Sin embargo, la promotora de las obras quebró y finalmente tan sólo llegaron a construirse 47 casas, que ni siquiera han llegado a habitarse en su totalidad. Otras decenas de viviendas se quedaron a medias.
El Ayuntamiento, ya gobernado entonces por el PSOE, retiró a la fallida promotora la condición de agente urbanizador e incautó el aval de 3,7 millones de euros que había depositado, con el objetivo de construir el puente que mejorara la conexión con el casco urbano la zona construida, a la que ahora sólo se puede llegar desde el polígono industrial Cotes Altes. La infraestructura prevista debe salvar el Barranc del Cint y tendrá una longitud de 96 metros.
