Los familiares de las personas fallecidas por coronavirus en la residencia DomusVi de Alcoy irán a los tribunales para exigir responsabilidades a la empresa por la muerte de 73 de sus usuarios. Así lo decidieron a última hora del jueves en la asamblea de la asociación que han constituido, en la que los abogados presentaron un dictamen que concluye que "hay indicios de mala praxis y de negligencia", según ha explicado a este periódico el presidente del colectivo de familiares, José Luis García.

El representante de los allegados de las víctimas ha señalado que el informe presentado por los abogados sostiene que hubo "incumplimientos de la normativa" que tanto el Gobierno como la Generalitat dictaron a partir de marzo, cuando comenzó a extenderse la pandemia. Según García, esta negligencia se dio en aspectos como que tras la detección de los primeros casos de coronavirus en la residencia "no se actuó como se debía", avisando "tarde" de los contagios pese a que los síntomas que presentaban algunos usuarios "eran compatibles con el covid", aun cuando no se tuviera aún confirmación de que fueran casos positivos. El informe de los abogados también habla de una "falta de respuesta ante el aislamiento de las personas" una vez que se confirmaban los diagnósticos, lo que propició que la enfermedad se extendiera con rapidez entre usuarios y trabajadores.

El presidente de la asociación ha insistido también en la "falta de dotación de material de prevención y seguridad a los trabajadores", que facilitó que acabaran enfermando 41 de ellos. Además, ha insistido en criticar la falta de información a los familiares, que no pudieron acceder al interior del geriátrico hasta el mes de julio. También ha recordado que, además de los 73 internos fallecidos, y de otra persona más que acudía al centro de día de la residencia y a la que también consideran víctima de este brote aunque oficialmente no conste como tal, otros muchos usuarios más enfermaron, y que aunque han superado el coronavirus han tenido consecuencias psicológicas graves por estar encerrados en sus habitaciones durante más de tres meses, e incluso secuelas cognitivas o físicas en algún caso.

García ha recalcado que "estamos hablando de que fallecieron el 54% de los residentes", y compara esta situación con la que se vivió en el geriátrico de Onil, donde también fallecieron 18 internos pero "la Unidad de Hospitalización Domiciliaria tomó el control médico", lo que evitó que la tragedia alcanzara allí las mismas proporciones que en Alcoy. Lo ocurrido justifica, ha añadido, que la asociación continúe en marcha y que se acuda a los tribunales.

Ahora queda por decidir, según el presidente del colectivo de familiares, "por cuál de las tres vías nos vamos a presentar", si por la civil, la penal o la contencioso-administrativa, aunque no descartan hacerlo por más de una a la vez. En cualquier caso, serán los mismos abogados con los que han trabajado hasta la fecha los que muevan las acciones, las cuales esperan iniciar antes de final de año.