La exedil de Deportes del Ayuntamiento de Ibi, del PP, Ana Sarabia, se acogió ayer a su derecho a no declarar durante el juicio por la presunta existencia de una «caja b» en el polideportivo de la localidad durante sus años de gestión en el Ayuntamiento y que arrancó ayer en la Audiencia Provincial y que tiene una duración prevista de cuatro días hasta el jueves de esta semana.

Sarabia estaba acusada de los delitos de malversación, negociaciones prohibidas a los funcionarios y prevaricación, aunque ayer en el inicio del juicio dos de estos delitos se cayeron del escrito de acusación. La Fiscalía advirtió de que las supuestas negociaciones prohibidas a los funcionarios estaban prescritas, mientras que la acusación particular que ejerce el Ayuntamiento de Ibi retiró el delito de malversación después de que el Ministerio Público lo hiciera hace un año.

Los hechos se remontan a los años 2005 y 2006, en los que la exedil acusada se encargaba del área de Deportes en la localidad. La denuncia que puso en marcha este proceso consideraba que Sarabia gestionaba el polideportivo sin ningún tipo de control organizando actividades que no estaban reguladas por ordenanza alguna. La acusación particular que ejerce el abogado José Sánchez Alarcos en nombre del Ayuntamiento de Ibi considera que como consecuencia de estas irregularidades las arcas municipales sufrieron un quebranto de 20.000 euros durante los dos años que abarca la investigación.

La Fiscalía y la acusación pidieron enviarla al banquillo por organizar cursos y viajes que no estaban regulados por ninguna ordenanza y en los que reservaba plazas para personas que conocía, que no pagaban por la actividad. La acusación pública añade que la concejal contrataba a familiares y amigos para organizar las actividades o como monitores de las mismas, sin pasar por ningún procedimiento reglado para la elección. La fiscal pide una pena de 2 años de prisión y de 12 años de inhabilitación para empleo o cargo público por los delitos continuados de prevaricación y actividad prohibida a los funcionarios públicos. En el caso de la acusación particular se piden cinco años y medio de cárcel.Estudio pericial

Durante la vista se presentó un informe pericial encargado en su día por el propio juzgado que investigó los hechos en los que se descartaba que nadie se hubiera apropiado de los 20.000 euros por los que se puso en marcha el proceso y que las actividades cuestionadas se prestaron y se abonaron, sin que hubiera habido desvío de fondos.

El abogado de Sarabia, Enrique Botella, alertó de su representada había sido víctima de una «caza de brujas» por parte del PSOE y que se le había mantenido procesada por hechos que no son delito y que le ha causado un perjuicio irreparable. Botella subrayó que el informe y los técnicos habían sido claros al concluir que «nadie se ha llevado un duro por estos hechos». El letrado insistió en que no puede haber un delito de prevaricación porque no existe resolución administrativa injusta alguna. «Nadie puso reparo alguno a la manera en la que se estaba gestionando el polideportivo, ni hubo informes de los técnicos y los gastos fueron respaldados por la Corporación», incidió. El letrado de Sarabia ya consiguió hace un año la expulsión de este proceso de la acusación particular que ejerce el PSOE.

El juicio ya estuvo señalado en abril del año pasado pero tuvo que suspenderse después de que el tribunal aceptara algunas de las cuestiones previas que planteó la defensa.