La Asociación y Plataforma de Familiares en las Residencias Domus Vi en Alcoy y Cocentaina cree que la sanción de 40.000 euros impuesta por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas al geriátrico de Alcoy que se conoció hace unos días pone de manifiesto las deficiencias existentes en este centro, e insiste en exigir a las administraciones públicas que investiguen el brote de coronavirus que se registró en la primera ola de la pandemia, y que causó la muerte de 73 residentes. Asimismo, el colectivo critica que se aplique ahora una sanción por irregularidades cometidas en 2018 y 2019, y que no se haya actuado antes de ninguna forma para atajar los fallos detectados.

En un comunicado, los familiares recuerdan que en 2018, cuando se produjeron los primeros casos de un brote de gastroenteritis, ya denunciaron que no se cumplían las ratios de personal que debía tener el centro. La plataforma se pregunta por qué, si los hechos sancionados se refieren a 2018 y 2019, la concejal de Políticas Inclusivas del Ayuntamiento de Alcoy dijo en diciembre de ese último año, en una comisión informativa, que según la Conselleria "todo estaba bien" en la residencia. También denuncian que, el pasado 4 de febrero, en que mantuvieron una reunión con el director general de Infraestructuras de la Conselleria de Políticas Inclusivas, no se les informó de esos incumplimientos.

La plataforma se felicita de la sanción a la residencia de Alcoy, pero al mismo tiempo la consideran baja teniendo en cuenta que "el precio que se paga por persona en esa residencia al mes ronda los 2.000 euros", una cifra que implica en ocasiones un enorme esfuerzo para las familias, pero que para la empresa, teniendo en cuenta que el centro cuenta con 138 plazas, "resultan 275.000 euros de ingresos al mes, sólo por lo que cobra a sus usuarios". Al mismo tiempo, recalcan que "para nosotros la losa de la muerte tantas personas es demasiado pesada como para que una sanción sirva de consuelo y por eso continuamos pidiendo a las administraciones que se personen en una investigación para esclarecer la tragedia ocurrida en nuestra ciudad", en alusión a los 73 fallecidos durante la primera ola del coronavirus.

El colectivo cree que la "tragedia" de esas 73 muertes "podría haberse evitado o al menos atenuado si desde Domus Vi se hubiera contado con los recursos materiales y humanos adecuados, y se hubiesen seguido con diligencia los protocolos y recomendaciones que se marcaron por las diferentes administraciones y de los profesionales que acudieron a colaborar con ellos". Para la plataforma "no vale decir que son causas de la pandemia que nadie puede controlar, porque en las otras cuatro residencias de Alcoy y Cocentaina no se registró ni un caso. Ni tampoco se puede decir que fue fruto de la mala suerte". Esto último, consideran los afectados, podría atribuirse en todo caso a "una residencia sin antecedentes". Además, critican el "cinismo" y la "falta de escrúpulos" de la empresa por mantener que se cumplen las ratios, algo que, a su juicio, la sanción "constata que es mentira".

Añaden que "hemos perdido nuestra confianza en una empresa que antepone conseguir el máximo beneficio al bienestar de las personas", y que "hay demasiados ejemplos que lo confirman y la pandemia ha hecho saltar por los aires la máscara con la que intentaban disfrazar sus objetivos". Por ello insisten en pedir a las administraciones "velar por los intereses de los ciudadanos en estos centros, por los que perdieron la vida, por los que permanecen y por los que en un futuro más o menos próximo podamos estar.