Continúa la polémica en Alcoy por la peatonalización del casco antiguo. El grupo municipal del Partido Popular ahora ha pedido que se paralice la aprobación definitiva de la ordenanza que regulará el cierre al tráfico del centro histórico amparándose en la respuesta social que el documento ha tenido y en que «las incompatibilidades técnicas con la accesibilidad hacen inviable su puesta en marcha».

El portavoz del PP en la ciudad, Quique Ruiz, a que la ordenanza de peatonalización del casco antiguo «presenta carencias» y «ha generado un amplio rechazo social». Una muestra de ello son las más de 1.000 alegaciones y las 1.200 firmas contra su aprobación. También han mostrado su rechazo al texto 14 asociaciones de vecinos y comerciantes, coincidiendo todos ellos, tal y como ha recogido en diversas ocasiones este diario, en la «falta de participación en el proceso».

Llegados a este punto, Ruiz ha destacado que «es evidente que no ha habido consenso» y que «es momento de dialogar para conseguir un plan de peatonalización consensuado» con vecinos y comerciantes.

Pero al margen de la respuesta social, los populares han asegurado que la ordenanza «presenta carencias» que, al mismo tiempo, atribuyen a la «precipitación del gobierno municipal». En este sentido, el portavoz del PP ha explicado que «dijimos hace meses que el texto estaba verde y pese a ello el PSOE la llevó al pleno para aprobarla».

Entre las carencias detectadas por el principal grupo de la oposición ha destacado que la ordenanza «no contempla los horarios de acceso los días festivos o vísperas».

Por otro lado, el PP ha advertido que la aplicación de la ordenanza sin reformar las calles afectadas «provoca problemas de compatibilidad con las normativas de accesibilidad», y ha incidido en que «hacer una calle peatonal no es poner una valla, es necesario crear plataformas únicas que cumplan con todas las medidas de seguridad». Asimismo, Quique Ruiz ha subrayado que «los comerciantes han alertado de que la ordenanza es contraria al Plan de Movilidad Urbana Sostenible, que no incluye la peatonalización de San Nicolás o San Lorenzo», y ha recalcado que «el gobierno local no ha escuchado a los ciudadanos ni tampoco ha tenido en cuenta los planes y estudios previos».

Accesibilidad

Los populares también han denunciado «incompatibilidades técnicas con la accesibilidad». En este sentido, han explicado que «las calles afectadas por la ordenanza van a convertirse en itinerarios peatonales y deben cumplir con las disposiciones del mencionado decreto del Consell, según el cual la altura del bordillo de la acera no deberá superar los 12 centímetros y a lo largo del itinerario peatonal accesible deberán prever de, al menos, un banco cada 100 metros».

Pero además, el PP ha insistido en que «la norma llega a decir que no se autorizarán plataformas únicas de uso mixto», sin que «cumplan las condiciones de seguridad para las personas». En esta línea, el detreto, según el grupo municipal, incide en que «cuando la plataforma tenga una anchura mayor de 5 metros, se delimitarán las zonas preferentes peatonales a ambos lados del carril vehicular, disponiendo de franjas de pavimento táctil indicador de advertencia continuas en todo el recorrido, de color contrastado o elementos de mobiliario urbano de forma alineada».

Con todo, los populares también han destacado que las calles «deberá disponer de señalización vertical y horizontal de prioridad peatonal [...] y de límite de velocidad».