Casco antiguo alcoyano. Los vecinos del barrio La Sang reclaman a las administraciones soluciones definitivas a los desprendimientos de fachadas que vienen sufriendo desde que les entregaron las llaves de las viviendas hace 20 años. Los edificios fueron construidos por el antiguo IVVSA, en una actuación promovida por el Ayuntamiento, que no se ha hecho cargo de las deficiencias.
Veinte años de olvido. El barrio La Sang de Alcoy presenta deficiencias desde su construcción. Los vecinos han tenido que hacer frente a numerosas reparaciones, tanto en el interior como en el exterior las viviendas, pero los constantes desprendimientos de las fachadas les ha obligado a reclamar soluciones definitivas a las diferentes administraciones públicas, ya que para ellos una rehabilitación completa del revestimiento supone una actuación inasumible económicamente.
Para entender la problemática cabe remontarse a finales de los 80, cuando el Ayuntamiento de Alcoy, de la mano de la Generalitat, puso en marcha un proyecto de intervención en el casco antiguo de la ciudad a través del Plan ARA. Entre las intervenciones que se realizaron destaca la del barrio La Sang, donde el entonces Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA) construyó 143 viviendas sociales y locales comerciales.
El proyecto, que fue galardonado con el Premio FAD de Arquitectura e Interiorismo, se puso en marcha en el año 1991 y las llaves fueron entregadas a los vecinos en el 2000. Fue a partir de entonces cuando los propietarios empezaron a detectar las numerosas deficiencias que presentaban tanto a nivel interior como estructural.
El problema más importante, según explica Diego Fernández, presidente de la asociación de vecinos del barrio, es el desprendimiento de las piedras de la fachada, piezas de «más de 10 kilos y 6 centímetros de grosor que caen a la vía pública».
El tema «está judicializado, porque hay vecinos que denunciaron, incluso alguna escalera, pero 20 años después siguen esperando una sentencia», detalla Fernández, quien también asegura que «en todo momento se nos dijo que se nos iba a ayudar, hasta poco antes de cumplirse los 10 años, cuando ya no se pueden reclamar este tipo de deficiencias, que decidieron atornillar las zonas más peligrosas».
Los propietarios cuentan con un informe de un arquitecto que alerta de que «la caída de una sola pieza puede matar a una persona y, peor todavía, puede provocar la pérdida de confinamiento y la caída masiva de todo un tramo de aplacado de fachada».
Esto supone que «nosotros tenemos un problema porque somos los propietarios, pero también lo tiene el Ayuntamiento porque hay tramos que son vía pública», explica Yolanda Chanfrut, miembro de la junta directiva de la entidad vecinal.
Chanfrut también destaca que el barrio se encuentra en una zona de gran afluencia con un colegio y la universidad a escasos metros. Por ello, y dado que son viviendas de régimen especial para las cuales «teníamos que tener un mínimo y un máximo de ingresos y unos requisitos muy concretos, piden al Ayuntamiento que les ayude a buscar una solución definitiva.
«¿Cómo puede ser que se exijan unas determinadas características para entrara a vivir aquí y después pretendan que asumamos una rehabilitación de esta envergadura?, se supone que estas viviendas eran para familias trabajadoras, la reparación de la fachada podía sumir en problemas económicos serios a muchos vecinos», insiste Yolanda Chanfrut.
Y es que la solución pasaría por retirar todas las piedras y colocar otro tipo de revestimiento, ya que, según el citado informe de un arquitecto, «existen zonas (principalmente capialzados) donde se ha constatado que no existe fábrica de ladrillo detrás del aplacado, por lo que el tornillo no se anclaría a nada, solo atravesaría la placa», hecho que, según el mismo documento, se ha constatado en algunos de los puntos reparados con esta técnica.
Los vecinos también lamentan que desde el Ayuntamiento «no haya voluntad» de buscar una solución, y que hasta el momento «solo lleguen multas cada vez que cae una piedra». Del mismo modo, recuerdan que algunos locales son propiedad de la Generalitat, administración que, a través del antiguo IVVSA, construyó las viviendas y que, lejos de asumir los desperfectos, «llegó a denunciar a la empresa adjudicataria, pero el juez no se lo admitió», concluyen los vecinos.
