El gobierno de Alcoy (PSOE) aprobó ayer la licitación de las obras de rehabilitación del antiguo complejo fabril de Rodes en solitario y entre críticas. Los grupos de la oposición, que exigieron «transparencia» y «agilidad», lamentaron que el ejecutivo local lleve «vendiendo» desde 2015 un proyecto de parque tecnológico «poco definido», que ha sufrido «numerosas modificaciones» y que, pese a todo, aún no se ha materializado.
«Es cierto que lleva en cartera mucho tiempo, pero es un proyecto ambicioso y la financiación llega cuando llega»
La conversión del antiguo conjunto industrial de la Fundición Rodes en parque tecnológico y cultural sigue enfrentando al gobierno municipal con los diferentes grupos de la oposición. Ayer el PSOE sacó adelante la aprobación para iniciar el proceso de licitación de las obras con la abstención de Guanyar, Podem y Ciudadanos, y el voto en contra de PP, Compromís y Vox.
Las principales críticas se centraron en que el ejecutivo lleve años «vendiendo» un proyecto que «no llega a materializarse» y que, a su vez, ha sufrido «numerosos cambios» a lo largo de este tiempo. El portavoz del PP, Quique Ruiz, y el de Compromís, Màrius Ivorra, coincidieron en destacar que «no se ha cumplido el compromiso de destinar el 80% a parque tecnológico y un 20% para la cultura», incluso Ruiz calificó el proyecto como «el cajón desastre», al carecer de usos definidos de forma clara.
«La propuesta es un cajón de sastre. El gobierno del PSOE no cumple el compromiso de dedicar el 80% al parque tecnológico»
En la misma línea, el concejal de Guanyar, Pablo González, detalló los «titulares que han ido saliendo en diferentes medios de comunicación desde 2015 con declaraciones del alcalde», años en los que el gobierno del PSOE «ha estado vendiendo Rodes» y ha ido «presentando varios proyectos». Por ello, tras su exposición, González insistió en que «no pueden vender Rodes como un éxito después de 10 años de anuncios y cambios».
El portavoz de Vox, David Abad, manifestó la sorpresa que se llevó su formación la semana pasada cuando el ejecutivo local anunció la licitación de las obras cuando aún no habían pasado por pleno, y aseveró que «vuelven a precipitarse para distraer a los ciudadanos» de otros temas como la peatonalización.
«Como proyecto arquitectónico no hay problema, con su planteamiento sí»
«Que es un proyecto prioritario y urgente ya lo sabemos, pero echamos en falta una hoja de ruta clara», matizó el portavoz de Podem, Cristian Santiago, algo en lo que coincidió la responsable de Ciudadanos, Rosa García, quien insistió en que «hay incertidumbre porque ha habido diferentes matices en el tiempo».
Desde Compromís también se lanzaron dudas sobre el coste del mantenimiento de las instalaciones o el personal necesario una vez terminadas las obras, preguntas que, según la edil de Urbanismo y Patrimonio, Lorena Zamorano, responden a una «puesta en escena» ante los ciudadanos, ya que «no se han formulado en comisión».
Sin entrar a responder uno por uno, Zamorano reconoció que es un proyecto que «lleva tiempo en cartera» , pero que «la financiación llega cuando llega», así como insistió en su importancia porque «supondrá un revulsivo para ciudad»; mientras el alcalde, Toni Francés, incidió en el esfuerzo para «conseguir implicar a casi todas las administraciones» y que el Ayuntamiento solo asuma el 25% de los 12 millones de euros.
Rechazan los objetivos por la limpieza
El pleno municipal de Alcoy rechazó ayer el pago de la retribución por objetivos de 2020 a la empresa adjudicataria del servicio de limpieza viaria. Todos los grupos de la oposición (PP, Compromís, Ciudadanos, Podem, Guanyar y Vox) votaron en contra tras criticar «la gestión del gobierno local» y la «falta de auditoría» que «justifique» este pago.
Mientras desde Vox denunciaron «el estado lamentable» de la ciudad, Compromís cuestionó «por qué no hay auditoría» y, siendo así, «por qué hay que pagar 170.000 euros a la empresa». En el PP calificaron la acción de «desgobierno» y en Ciudadanos de «falta total de gestión», mientras Guanyar y Podem mostraron una vez más su rechazo a la «privatización de servicios básicos».
El concejal de Transición Ecológica, Jordi Silvestre, explicó que el pago de los 170.000 euros en concepto de objetivos responde a la «retención del 4% que se hace del contrato anual y que está vinculada a la auditoría», informe que reconoció «se ha retardado por muchas cuestiones, entre ellas la pandemia», pero que insistió «ya está» y «tenemos incluso el de febrero de 2021».
Pese a las explicaciones del edil, todos los grupos de la oposición mantuvieron el voto en contra.
