El Ayuntamiento de Castalla ha recibido en los últimos meses hasta cinco peticiones para instalar plantas fotovoltaicas en el término municipal. Las solicitudes suman casi 800 hectáreas, lo que supone más del doble del núcleo urbano. Desde el equipo de gobierno consideran dicha superficie «desproporcionada», al tiempo que vecinos y entidades locales han denunciado el impacto paisajístico y medio ambiental que provocarían las placas solares.
La nueva subestación eléctrica proyectada en Castalla está suponiendo un reclamo para las empresas de energías renovables, sobre todo para las fotovoltaicas. Un claro ejemplo de ello es que el Consistorio ha recibido en los últimos meses hasta cinco solicitudes para instalar plantas de estas características.
Entre todas ellas ocuparían 788 hectáreas del término municipal, una superficie «desproporcionada» según el propio alcalde, Antonio Bernabeu, manifestó recientemente, ya que «representa dos veces y media, más la zona industrial, del núcleo urbano de Castalla». El primer edil, asimismo, manifestó que el impacto sería «agresivo», algo que no desea el equipo de gobierno que encabeza, según insistió.
Si bien la postura del ejecutivo local a priori es contraria, Bernabeu destacó que la última palabra la tiene la Generalitat, aunque desde la administración local se están adoptando medidas, como la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), para evitar instalaciones como las solicitadas.
De forma paralela, la Asociación de Vecinos de Castalla Internacional, junto a la que hay proyectada una de las mayores plantas fotovoltaicas, Actuamos Alicante y el Col.lectiu Riu Verd han formado la plataforma Stop Huertos Solares para evitar que el interior de la provincia de Alicante acabe cubierto por este tipo de instalaciones.
En concreto, el colectivo ha presentado alegaciones al anteproyecto de la instalación fotovoltaica «FV Castalla» de 99,996 MW y sus infraestructuras de evacuación en el término municipal de Castalla. Según los documentos y planos a los que ha tenido acceso este diario, la planta lindaría con la urbanización de Castalla Internacional, ocuparía una superficie equivalente a la de 370 campos de fútbol y en ella habría 199.996 paneles solares.
El colectivo ha presentado alegaciones en las que se destaca que se trata de «un proyecto con fines comerciales y no es un servicio para los vecinos de la zona, por lo que cabe considerar que este proyecto no es de utilidad pública». También se echa en falta la correspondiente justificación y motivación de las alternativas planteadas, e incide en la afección que supondría a nivel hídrico tanto en su construcción como en su posterior mantenimiento, máxime en una población que viene padeciendo un déficit en la última década por la sobreexplotación del acuífero del Maigmó.
Según reza en las alegaciones presentadas por el colectivo, en el estudio presentado por la empresa «consta expresamente de forma totalmente falsa que la ‘instalación fotovoltaica no afecta a ningún ecosistema forestal’», cuando «lo cierto y verdad es que consultada la alternativa seleccionada consta expresamente [...] que la instalación fotovoltaica se ha proyectado sobre terrenos afectados por el PATFOR como terrenos forestales».
Al impacto paisajístico se suma la afección del patrimonio natural y de la biodeversidad de la zona, según un informe de la Universidad de Alicante (UA) aportado en las alegaciones. Uno de los integrantes del colectivo es el profesor colaborador del departamento de Edificación y Urbanismo de dicha institución, Enric Barba, quien recientemente escribió un artículo de opinión en este diario en el que, además denunciar «este despropósito», recordaba que no afecta únicamente a Castalla, sino a todos los municipios limítrofes.
Desde el grupo municipal Compromís-Esquerra Unida también han manifestado su rechazo al macroproyecto y han exigido información al gobierno local.
El Gobierno local inicia cambios en el PGOU para evitarlo
El pleno municipal de Castalla aprobó recientemente una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para evitar que la instalación de grandes superficies de placas solares pueda afectar al entorno natural de la población, del mismo modo que hace años se hizo con los molinos de energía eólica. El alcalde, Antonio Bernabeu, recalcó días atrás que el gobierno municipal no está en contra de las energías renovables, pero insistió en la necesidad de realizar «un estudio previo para determinar una superficie razonable y equilibrada». No obstante, hoy está previsto que el ejecutivo local dé a conocer qué actuaciones tiene pensadas.
