La Generalitat ha aceptado la cesión de los antiguos juzgados de Alcoy al Ayuntamiento, sin coste alguno para las arcas municipales, tal y como reclamaba la administración local. El inmueble, situado en la plaza de Al Azraq, en la Zona Norte, se encuentra sin uso desde que las dependencias judiciales se trasladaron a su nueva sede en el centro histórico a principios de 2017. A eso se ha acogido el consistorio para pedir al gobierno autonómico su traspaso a titularidad municipal sin contrapartidas.
El Ayuntamiento, tal y como recordaron ayer fuentes municipales, ha esgrimido que los terrenos donde se levantan los antiguos juzgados eran municipales, y que el Estado adquirió la parcela mediante una cesión aprobada por el pleno en 1975 y ratificada en escritura pública al año siguiente. Ese acuerdo, sostiene el Ayuntamiento, recogía que la cesión estaba condicionada a la construcción de un edificio destinado a sede judicial. La propiedad de los juzgados pasó a la Generalitat con el traspaso de las competencias en materia de justicia en 1995.
El edificio dejó de albergar los juzgados hace cuatro años, y desde entonces permanece cerrado. Por ello, el Ayuntamiento ha aludido al acuerdo suscrito en 1975 con el Estado -al que dio continuidad el traspaso de la titularidad a la Generalitat dos décadas después-, según el cual la cesión se hacía exclusivamente para habilitar una sede judicial. Al no tener ya ese uso -ni ningún otro-, el Ayuntamiento entendía que el inmueble debía ser de su propiedad, como titular original de los terrenos. Por ello, mediante escrito de Alcaldía, solicitó a la administración autonómica la titularidad del edificio.
El acuerdo suscrito con el Estado en 1975 decía de manera expresa que la parcela se cedía para construir unos juzgados
La Generalitat ha dado ahora la razón al Ayuntamiento, aunque las citadas fuentes municipales reconocen la «dificultad» para llevar a cabo lo que por su parte se califica exactamente como una reversión de la propiedad del inmueble. Según indican, la situación era «controvertida», incluso con sentencias tanto a favor de la cesión gratuita como en contra. Durante todo este tiempo, explican, se han estado llevando a cabo negociaciones con la Generalitat.
Esas conversaciones han dado al final sus frutos y ahora la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública ha informado favorablemente de la reversión. El departamento autonómico suscribe que el edificio ya no tiene uso judicial y que no le resulta necesario. Por ello, ha ordenado el inicio del procedimiento para la reversión.
El alcalde de Alcoy, Toni Francés, se felicita de que mediante esta acción «recuperamos patrimonio de forma gratuita, gracias al diálogo y la buena voluntad». Señala que «no ha sido un proceso rápido ni fácil, pero hemos conseguido el acuerdo más favorable para Alcoy, que este espacio vuelva al Ayuntamiento». El primer edil agradece «la predisposición, la voluntad de llegar a un acuerdo y la búsqueda de la mejor solución posible» de la Generalitat, que en su opinión, ha «entendido que la petición del Ayuntamiento de Alcoy era la más razonable y la mejor para los intereses de todos los alcoyanos».
El traspaso de los antiguos juzgados supone eliminar un escollo para la urbanización de la plaza de Al Azraq, que se corresponde con el solar donde hasta 1969 estuvieron las dependencias de la desaparecida línea ferroviaria hacia Gandia. Se trata de un extenso espacio pendiente de desarrollo desde hace décadas, ahora utilizado en su mayor parte como aparcamiento. El Ayuntamiento quiere consensuar con la ciudadanía un proyecto a corto plazo.
Sin uso a corto plazo y con un futuro todavía por decidir
El edificio de los antiguos juzgados de Alcoy no tendrá un uso a corto plazo, tal y como indica a este periódico el alcalde, Toni Francés. El principal motivo es que el inmueble, pese a no tener aún 45 años, requeriría de un acondicionamiento valorado en 1,2 millones de euros. Su futuro es, además, incierto, supeditado a que tenga o no cabida en el proyecto de urbanización de la plaza de Al Azraq, en cuyo desarrollo trabaja el equipo de gobierno, explica el primer edil. En función de eso se decidirá si mantenerlo o derribarlo.
