El proceso de los vecinos del barrio alcoyano de La Sang no ha finalizado con el informe del consistorio. La semana pasada, el Ayuntamiento anunciaba que la asociación vecinal del céntrico barrio ya disponía del estudio, aprobado en el pleno de febrero y que pone de manifiesto las causas de los desprendimientos en los edificios y las soluciones para acogerse a fondos europeos para solucionarlo. Ahora, los trámites para poner fin a esta odisea han pasado a otra fase, pues deben lograr las ayudas europeas de los fondos Next Generation para poder afrontar la reparación.
El presidente de la asociación de vecinos, Diego Fernández, explica a este diario que el informe «ratifica» aquello que «venimos denunciando desde el principio, que el problema es estructural y por tanto es responsabilidad de quien hizo la promoción, la Generalitat Valenciana, IVVSA, y las constructoras». Fernández añade que han tardado «11 meses en tener el estudio previo», cuando «sabemos que al arquitecto se le dieron 10 días para redactarlo».
Los problemas con los desprendimientos de losas arrastran a esta construcción desde hace más de una década. Al poco tiempo de su finalización, la administración autonómica ya «intentó solventarlo atornillando algunas piezas, las de las esquinas y las que estaban más afectadas, más expuestas al sol y sobre todo a la lluvia».
En todo este recorrido en el tiempo han intentado sufragar el coste de la reparación de diferentes maneras, como presentar una propuesta a los presupuestos participativos de la Generalitat, aunque duró poco, pues llegaron a tener varios encuentros con el director general de Calidad, Rehabilitación y Eficiencia Energética, Alberto Rubio, quien «en la primera reunión nos dijo que sí, que él era el encargado de hacer el informe e iba a aceptarlo, después tuvimos una segunda reunión en la que nos dijo que tenían un informe de los abogados que les desaconsejaba que fueran ellos los que intervinieran porque estaba judicializado», fue entonces cuando les ofreció esta segunda opción, optar a subvenciones, lamenta el presidente de la asociación.
Ahora, los fondos europeos Next Generation pretenden ser sus aliados, aunque con «truco», pues «nuestro problema es de fachadas pero como no podemos justificar la rehabilitación, tenemos que justificar una mejora energética, en la que incluiremos las fachadas», además de las cubiertas y la colocación de las placas.
Con todo, 2,9 millones de euros es el precio a pagar, un importe que estaría cubierto en un 80%, siempre y cuando se mejore la eficiencia del 60%.
Otro camino a seguir es el de hacer frente al 20% restante. Para ello tienen dos opciones. Por una parte, vender la energía generada con las placas para reducir así su factura de la luz, mientras que por otro lado pueden ceder a una empresa privada su explotación, explica Fernández.
Para la gestión de la ayuda, los vecinos de La Sang también necesitan un agente intermediario, una figura que desde la Generalitat les recomendaron que fuera la propia administración local, aunque «el ayuntamiento nos dice que ellos no tienen capacidad de gestión», unas palabras a las que Fernández agrega que «es un problema para los que vivimos allí, pero también es un problema de seguridad pública», pues alerta del peligro de que caiga algún elemento sobre algún viandante, pudiéndole causar incluso la muerte.
Cinco vecinos judicializaron el caso hace 13 años
Las baldosas no tardaron en desprenderse tras poco tiempo de que los nuevos vecinos se instalaran en el barrio.
Las reclamaciones no se hicieron esperar y pese a que la administración les recomendó no llevar la situación a juicio, lo que retrasaría el caso, cinco vecinos siguieron hacia delante. El resultado, 13 años después, es el mismo. Los cinco vecinos siguen sin respuesta y el resto que no lo hicieron tampoco vieron la recuperación de las fachadas.
