Un Bien de Interés Cultural. Esa es la catalogación con la que cuenta el centro histórico de Alcoy y que por la cual, y para conservar su rico patrimonio, está sometido a mayores procesos burocráticos para cualquier actuación. Ahora, la oposición del gobierno socialista de Toni Francés denuncia que el Ayuntamiento ha realizado obras sin la autorización de la Conselleria de Cultura. En concreto, hacen referencia a la calle Sant Francesc, a la plaza Ramón y Cajal, así como a la plaza de la Creu Roja.
El cambio en la pavimentación de estos espacios no tiene la misma relevancia para el consistorio que para la administración autonómica, así lo demuestran las diferencias de criterio al respecto entre ambas instituciones. Tras la finalización de las obras y a raíz de una denuncia a la conselleria, el vicealcalde y edil de Urbanismo, Jordi Martínez, explicó ayer ante los medios que la Conselleria de Cultura les solicitó el proyecto de actuación, pero se reafirmó en que las obras «no tienen ninguna trascendencia arqueológica». Así se lo dio a entender la arqueóloga municipal, a quien solicitaron un informe. «No se necesita otro informe arqueológico o de materiales porque ya se hizo hace 30 años», con motivo de la bóveda de debajo de esos viales.
Martínez añadió que en el Ayuntamiento de Alcoy «no se ha pedido nunca un informe a Cultura» por lo que respecta a las obras de repavimentación de una calle, con ninguno de los diferentes gobiernos a la cabeza matizó Martínez.
Dos informes
Desde la oposición, el portavoz del PP, Quique Ruiz, afirmó ayer durante una rueda de prensa que en septiembre del año pasado la conselleria emitió un segundo informe respondiendo a la documentación aportada por el consistorio, sin embargo, se reitera en la falta de algunos trámites burocráticos.
La Generalitat afirma en el escrito que «en el proyecto no se hace ninguna referencia a que se vaya a actuar en el conjunto histórico de Alcoy», además de que no se aportan «los informes técnicos de arquitecto y arqueóloga» y, finalmente, estipula que falta el estudio patrimonial para medir su impacto, aunque también advirtió de que tampoco se pidió autorización para realizar otras actuaciones en las calles del Conjunto Histórico. Por todo ello, la administración no puede realizar una valoración y «requiere, con carácter urgente» la documentación necesaria.
Desde entonces, hace cuatro meses, poco se ha vuelto a saber, tal y como lamentó Ruiz, quién añadió que «queremos que las intervenciones que se hagan en nuestro centro sean lo mejor posible y sobre todo que se ajusten a la Ley de Patrimonio». Además, afirmó que el Ayuntamiento «está dando un ejemplo horrible a todos los vecinos, propietarios, particulares y promotores que sí que tienen que pedir ese tipo de autorizaciones».
Por su parte, la edil de Guanyar, Sanda Obiol, también se pronunció al respecto tildando de «irregularidad flagrante de la normativa» el proceso y advirtió de «las consecuencias que su irresponsabilidad puede tener en los alcoyanos».
En este sentido, y en caso de no llegar a una conclusión común ambas administraciones, la legislación valenciana de Patrimonio Cultural establece que la conselleria correspondiente «requerirá al promotor de las mismas la restitución de los valores afectados, mediante la remoción, demolición o reconstrucción de lo hecho».
Ruiz también incidió sobre estas líneas y el concepto de «promotor», pues «la propia conselleria no contempla que un Ayuntamiento sea capaz de saltarse esa legislación».
Reurbanizar la zona con fondos de la Unión Europea
El consistorio aportó el 50% de los 400.000 euros que costó.
Presentado el proyecto en 2019 y tras modificarse la idea original, las obras se incluían entre las estrategias para reactivar el centro. Además, y en casos concretos como en la plaza de la Cruz Roja, mejoraría la accesibilidad de la acera que da acceso para personas con movilidad reducida al Ágora.
Todo ello fue aprobada por la Mesa del Centro y contaba con un coste cercano a los 404.000 euros que para el Ayuntamiento de Alcoy solamente supuso un desembolso del 50% del importe. La Unión Europea financiaría la otra mitad a través de los fondos Feder y enmarcado en la estrategia Edusi.
