El Gobierno ha aprobado subir en un 17,5% la ayuda que reciben las farmacias consideradas "de viabilidad económica comprometida", ubicadas en su mayor parte en el medio rural, de forma que pasarán de percibir un máximo de 833 euros mensuales a un tope de 979,16. La medida todavía no se encuentra en vigor, dado que se está a la espera de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero sí se encuentra ya confirmada. Además, en el momento en que se ratifique tendrá efecto retroactivo de un año, de forma que, por ejemplo, si se hiciera efectiva antes de que termine este año, los farmacéuticos percibirían también la cantidad correspondiente a 2021.
Este importe, asimismo, se iría actualizando anualmente con el índice de precios al consumo (IPC), según explica Manuel Olivert, farmacéutico de Benimassot y presidente de la asociación que agrupa a las boticas rurales de la provincia. En la demarcación alicantina hay 16 oficinas de farmacia en esta situación, una más que el año pasado, repartidas entre las comarcas de El Comtat, l'Alcoià, la Marina Baixa y la Marina Alta, todas ellas en municipios de menos de 300 habitantes. Se trata de las boticas de Alcoleja, Alcosser, Almudaina, Balones, Benasau, Benillup, Benimassot, Fageca, Gorga, Tollos, Benifallim, Penàguila, Beniardà, Benifato, la Vall d'Alcalà y la Vall d'Ebo.
Aunque la regulación de esta ayuda tiene un carácter estatal, es cada gobierno autonómico, en este caso la Generalitat, quien determina las farmacias beneficiarias. El importe no se modificaba desde 2011, por lo que su actualización ha sido bien recibida por los boticarios, pero lo ven a todas luces insuficiente. El presidente de los farmacéuticos rurales de la provincia recuerda en que, al final, una asignación de 979 euros mensuales apenas soluciona nada para nada unos establecimientos marcados por una facturación muy escasa por la poca población a la que atienden, pero que al mismo tiempo resultan imprescindibles como servicio sanitario.
Olivert incide, en este sentido, en que "de alguna manera estamos ayudando a médicos y enfermeros", al tener, por lo general, un mayor horario de apertura que los consultorios locales. Tal y como han expresado repetidamente en los últimos tiempos, apelan a que se establezca algún tipo de regulación por parte de la administración que les asigne competencias sociosanitarias, como realizar acciones formativas o divulgativas sobre salud personal y el uso de los medicamentos. De esta forma no solo complementarían la labor asistencial en los pequeños municipios, sino que también tendrían una fuente añadida de ingresos que les garantizaría la viabilidad económica y su continuidad en el medio rural.
El diputado autonómico de Compromís Carles Esteve, también farmacéutico y que ha seguido de cerca las reivindicaciones de los boticarios rurales, suscribe que el anunciado incremento de la compensación económica resulta insuficiente y que "haría falta ir a otros modelos". Una posible vía, indica, podría ser la de mejorar la financiación, quizá a la manera en que proponen los farmacéuticos de realizar servicios sociosanitarios, porque "realizan una labor de prevención y atención que ahorra mucho al sistema sanitario" y su presencia es "fundamental" en las zonas con poca población.
