El Ayuntamiento de Alcoy reclamará a la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) lo 3 millones de euros que costó la expropiación de unos terrenos que tenían como fin la ampliación del campus ubicado en el municipio. Un importe que el consistorio asumió y que, ahora, pedirá que reintegre el centro universitario. Así se ha aprobado en el pleno de este viernes con los votos a favor del gobierno del PSOE, Ciudadanos (CS) y el concejal no adscrito; PP, Guanyar, Podem, Compromís y Vox se han abstenido en este punto.
La historia de estos terrenos se remonta a 2008 cuando el Ayuntamiento de Alcoy firmó con la UPV un convenio para la obtención de suelo dotacional con el fin de ampliar el Campus de Alcoy. Este convenio suponía que el Ayuntamiento expropiaría a favor de la universidad las parcelas situadas entre el Campus y la Beniata para construir el actual Pabellón Deportivo Georgina Blanes, laboratorios, y varias instalaciones. Así, se obligaba a la UPV al pago del valor de las expropiaciones valoradas inicialmente en aproximadamente 400.000 euros. En concreto era una superficie de 14.653,63 m², en la zona situada entre las calles Alarcón, Echegaray y espalda Alacant, Avda. País Valencià y Joan Cantó.
Cabe recordar que esos terrenos son los que "lindan" con la Beniata donde se han producido varios desprendimientos y el Ayuntamiento es quien ha ejecutado trabajos de forma subsidiaria tras no llegar a un acuerdo con la UPV.
Esta expropiación fue llevada a los tribunales por parte de los propietarios que consideraron insuficiente la cantidad de 400.000 euros por sus terrenos. Los tribunales finalmente cuantificaron el valor de los solares en casi 3 millones de euros. Pero la UPV, quien tenía que incrementar esa compensación, solo presupuesto el importe inferior.
El Ayuntamiento quiere revertir ahora la situación y reclamará ese importe a la UPV, según explicó el alcalde, Toni Francés. "A mi tampoco me gusta pedirle a la universidad el pago de ese importe pero legalmente no podemos huir de ello", indicó el primer edil en la sesión plenaria. Así, explicó que "hay que repercutir el coste de la expropiación" porque así se recoge por ley, porque, además, el consistorio "no puede asumir el coste de un tercero".
Pero no solo se refirió a esos terrenos sino a otra parte de suelo que "la universidad ha renunciado a su uso y están en un limbo" porque "no podemos hacerlos nuestros y la UPV, al no aceptarlos, no se les puede dar eso". Por lo que "es necesario clarificar esa situación".
El alcalde argumentó que se han buscado otras fórmulas con la UPV que finalmente no han llegado a buen puerto: "Hablamos para buscar otras fórmulas como una permuta, pero finalmente no salió adelante" y se ha tenido que seguir con el procedimiento hasta llegar a este punto. Con todo, Francés recalcó que el compromiso de ampliar el Campus de Alcoy sigue sobre la mesa: "Nos comprometemos políticamente a reinvertir el valor de las expropiaciones que tiene que pagar la universidad en los proyectos actuales de ampliación del Campus que está impulsando la actual dirección y que tan necesarios son para el centro, la ciudad de Alcoy y el conjunto de la comarca". Además indicó que en unos días se podrán anunciar novedades sobre este tema.
El portavoz del PP, Quique Ruiz, fue quien habló en el pleno para mostrar la "preocupación sobre las consecuencias que puede tener reclamar 3 millones de euros a la UPV" y cómo puede afectar a sus planes de expansión tratándose de "una institución que es el futuro de la ciudad y tiene una trascendencia. Todos aspiramos a que se amplíe". Así se refirió a la intención del Gobierno local de revertir ese dinero en los proyectos de ampliación del Campus alcoyano pero recalcó que "no lo encontramos en el expediente. Falta un Plan Director de Expansión y ver de qué forma se puede hacer. Muchas cuestiones se quedan en el aire".
Modificación de tasas e impuestos
El pleno aprobó este viernes la modificación de varios impuestos y tasas. En concreto se han ampliado las bonificaciones en las tasas municipales de recogida de residuos y el primer tramo de suministro de agua potable a las familias con rentas por debajo de los 14.000 euros. Además, se aprobará la concesión de ayudas puntuales durante el primer trimestre de 2023 para el pago de consumos de energía a los núcleos familiares por debajo de ese mismo listón de 14.000 euros, así como para aquellos que presenten alguna condición especial de vulnerabilidad.
Además, se han aprobado subidas puntuales en algunas ordenanzas como un aumento del gravamen del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) del 50% para los inmuebles vacíos que pertenezcan a grandes propietarios de viviendas; en este sentido, se considerarán como tales los que posean un mínimo de diez propiedades. También se ha modificado la tasa de ocupación del dominio público para los cajeros que pasarán de pagar 600 a 1.200 euros. Además se bonificará en el ICIO con un 95% a aquellos que instalen cargadores eléctricos para vehículos o se regula un nuevo precio público para el servicio de biotrituradora municipal.
La concejal de Hacienda, Vanessa Moltó, explicó que algunos los puntos se han negociado con diferentes grupos de la oposición y se han includo propuestas de todos los grupos, salvo Vox. La edil recalcó que "la presión fiscal de Alcoy está por debajo de la media provincial, autonómica y nacional"; además de indicar que "ante una situación de dificultad como la actual, quien tiene que poner los recursos en la mesa es el Ayuntamiento". Moltó argumentó que los impuestos son la base para la financiación de servicios, pero "en estos momentos no podemos pedir mayores esfuerzos" a los vecinos.
El pleno de este viernes aprobó, entre otros asuntos, una instrucción sobre la Ordenanza de Homologación del Casco Histórico para favorecer la instalación de pancartas cívicas, culturales o de acontecimientos festivos en edificios públicos del centro histórico.
