El TSJ da tres meses más al Ayuntamiento de Alcoy para ejecutar el fallo sobre La Rosaleda

El tribunal acepta la petición del Consistorio de tener más tiempo para poner en marcha la reposición de la zona verde, pero le afea que no lo haya hecho aún después de 16 años

Plaza de La Rosaleda de Alcoy, que debe reformarse por orden judicial.

Plaza de La Rosaleda de Alcoy, que debe reformarse por orden judicial. / Juani Ruz

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha dado al Ayuntamiento de Alcoy tres meses más de plazo para ejecutar el fallo dictado en 2007 que obliga a reponer la zona verde de la plaza de La Rosaleda. El tribunal, según el documento oficial difundido por la Colla Ecologista La Carrasca, entidad presente en todo este proceso judicial a lo largo de más de dos décadas, emplaza al Consistorio a tener en marcha los trabajos correspondientes antes del 4 de julio de 2024. Es decir, un año a partir de la fecha de este último auto.

Los jueces aceptan de esta forma el recurso presentado por el Ayuntamiento, después de que el TSJ dictara una providencia en la que exhortaba a la administración municipal a iniciar la reposición de la zona verde en el plazo de un año, contando a partir del pasado 25 de abril, como ya informó este periódico. El tribunal admite el argumento expuesto por el Ayuntamiento de que "es materialmente imposible que sea inferior a 15 meses" el tiempo a transcurrir desde el inicio del procedimiento administrativo para poner en marcha el proyecto hasta el inicio de las obras. Eso sí, al mismo tiempo lanza duros reproches al Consistorio.

El TSJ echa en cara al Ayuntamiento que, transcurridos 16 años desde que el Supremo ratificó la sentencia que obliga a devolver el parque de La Rosaleda a su estado original, todavía no haya cumplido con ello. "El Ayuntamiento, en el ejercicio de las potestades que le asisten, es el que debe instrumentar la ejecución en el plazo de un año, y no justo lo contrario, aparentar meramente que se ejecuta la sentencia". El tribunal habla, incluso, de "insinceridad de la desobediencia disimilada" por parte de la administración municipal, y le recuerda que "tiene los medios y los remedios para cumplir la sentencia", siempre que "no configure las ofertas de las obras de modo que no sean asumibles por los posibles contratistas".

Cabe recordar que la restauración de la zona verde que exige la sentencia se licitó inicialmente por 2,44 millones de euros a finales del año pasado, pero nadie se presentó al concurso. Este es uno de los motivos que ha llevado al Ayuntamiento a pedir un préstamo de 8,5 millones, de los cuales 4 se destinarán a este proyecto, que volverá a ser licitado, tal y como se aprobó en pleno la semana pasada. El TSJ conmina al Consistorio a cumplir el fallo antes de la fecha señalada, advirtiéndole de las posibles multas a las que, en caso de no hacerlo, se enfrentarían el alcalde, Toni Francés, y la concejal de Urbanismo, Vanessa Moltó, las cuales "serán inmediatamente ejecutivas y habrán de pagarse con su peculio personal". Es decir, de su propio bolsillo.

Licitación muy a la baja

La Colla Ecologista La Carrasca recrimina también al Ayuntamiento que "la licitación de las obras de restauración quedó desierta porque el gobierno municipal se negó a actualizar los precios", pese a lo que era lo que la entidad le pedía y a que otros trabajos municipales "importantes" ya se habían quedado "sin ofertas por el mismo motivo". Para la organización naturalista, esa es la razón por la cual el TSJ pide "licitaciones asumibles para los posibles contratistas". Ante los duros reproches, La Carrasca exige que "no haya más retrasos en la ejecución de la sentencia" y "el gobierno municipal cumpla su compromiso".

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