El juicio por los 74 fallecidos de la residencia de Alcoy por covid arranca este lunes con una reclamación de más de dos millones

El próximo lunes comenzará el juicio civil por el fallecimiento de 74 personas de la residencia DomusVi de Alcoy. Después de que se suspendiera el inicio previsto para el pasado 19 de febrero, tan solo unos días antes, por la falta de una documentación, por fin los familiares esperan que se haga justicia, tras haber pasado ya cuatro años y medio de la tragedia.

Así, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Alcoy abordará desde el lunes y hasta el 11 de octubre, durante 9 sesiones, la demanda interpuesta en relación al fallecimiento de 18 residentes de la residencia DomusVi, conocida como geriátrico de Oliver.

En octubre de 2021 familiares de usuarios de la residencia de mayores que gestiona DomusVi en Alcoy presentaron una demanda para reclamar responsabilidad civil a Quavitae Servicio Asistenciales, empresa matriz que gestiona la residencia, y a la compañía Mapfre España, como su entidad aseguradora.

Los afectados denunciaban la "mala gestión" del brote de coronavirus que afectó al geriátrico y se cobró la vida de 74 personas entre marzo y abril de 2020. Más de la mitad de los ingresados en el centro. Y por ello los afectados reclaman una responsabilidad civil superior a los 2 millones de euros en total, según han informado este viernes fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Son 46 los familiares que presentaron la demanda en representación de solo 18 usuarios -15 fallecidos y 3 lesionados- . Así, el veredicto afectará solo a estos 18, quedando en el "limbo" 59 fallecidos, según explicaron en su día desde la asociación de familiares de los residentes del centro de mayores, 

Hay varias razones de que eso haya ocurrido, entre ellas una es económica, pero también hay familias que no querían entrar en un proceso judicial ya que "les iba a estar removiendo continuamente lo que pasó".

Aplazamiento

Pese a que estaba fijado el juicio para el pasado febrero, el juez ordenó su suspensión días antes al no haber recibido entonces los informes que solicitó sobre los hechos a la empresa concesionaria del geriátrico y a la Conselleria de Sanidad. De esta forma, ante la imposibilidad de que hubiera garantías para el derecho de defensa de las familias demandantes, se optó por aplazar sine die el inicio de la vista oral, que finalmente se ha fijado para este lunes.

La pesadilla

La pesadilla para los residentes y sus familias empezó el 8 de marzo de 2020, días antes de decretarse el confinamiento en el país, cuando se detectaron los primeros contagios en el centro. Una situación de angustia, dolor, impotencia y rabia que, aseguran, se acentuó por la falta de información de la empresa gestora y el «desamparo institucional».

Así, algunas de las cuestiones que quieren aclarar los afectados, cuatro años y medio después, son con qué recursos humanos y materiales contaba la residencia para hacer frente a una pandemia, sobre todo cuando unos meses antes las familias ya denunciaron "graves carencias de personal"; cuánto tiempo transcurrió desde que se detectó el primer caso hasta que se comunicó al área de Salud; por qué no se trasladaron al hospital los afectados; por qué se aplicaron sedaciones sin la autorización necesaria; o bajo qué criterio unos usuarios fueron atendidos por la Unidad de Hospitalización a Domicilio (UHD) y otros por el personal sanitario del centro.

Y es que entre las familias de los afectados se sostiene desde el principio que lo ocurrido se podría haber evitado, o al menos no hubiera sido tan grave, si el centro hubiera contado con los medios materiales y humanos adecuados, y se hubieran seguido de forma correcta los protocolos marcados al desatarse la pandemia.

Charla

El pasado miércoles, en relación con esta tragedia y el inicio del juicio, el IVAM-CADA de Alcoy acogió la charla "Hospital de Oliver. De la filantropía al coronavirus", en la que participó el presidente de la asociación de afectados, José Luis García.