La exdirectora del geriátrico de Alcoy asegura que el aislamiento empezó con los primeros síntomas de covid

Había aislamiento, la situación no era de hecatombe y había suficiente personal, pese a que la Generalitat había sancionado por lo contrario. La tercera jornada del juicio por los 74 fallecidos en la residencia de Oliver de Alcoy ha dado paso este miércoles a los testigos de los demandados. Así, la que fue directora durante la pandemia, Ana Cerdá, ha prestado declaración, defendiendo su actuación frente al brote y asegurando que con los primeros síntomas ya se produjo un aislamiento de los posibles enfermos, separándolos del resto. 

Cerdá ha asegurado que había suficiente personal y que el ratio estaba por encima de lo exigido por la Generalitat. Pero, eso sí, la parte demandante ha sacado a la luz inspecciones de la conselleria entre 2019 y 2020 en las que se alertaba de falta de personal y de protocolo frente a brotes de gastroenteritis, incluyendo una sanción de 40.000 euros, según los demandantes, que chocan con la manifestación de Cerdá. Y es que los familiares de los afectados y extrabajadores han reiterado en los dos primeros días el problema que existía, ya que el número de trabajadores lo consideraban insuficiente, y así se trasladó de forma reiterada a la dirección y la Generalitat. 

Cerdá ha declarado durante más de dos horas en esta vista, que constituye el primer juicio civil por la gestión de un geriátrico en pandemia. Una testifical solicitada por Quavitae Servicio Asistenciales, matriz de la empresa DomusVi que gestiona la instalación, que junto a la compañía Mapfre España, como su aseguradora, dos las dos demandadas en este proceso que debe dilucidar el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Alcoy.

Memoria

Cerdá ocupó la dirección entre 2018 y septiembre de 2020, y ha sido mucho más concreta con las preguntas formuladas por su exempresa que a las de los demandantes. Es más, fuera del palacio de justicia desde la Asociación de Familiares Afectados han destacado las muchas ocasiones en las que ha respondido que no se acordaba ante las cuestiones que planteaba la letrada de los familiares de los 15 fallecidos y 3 heridos que han sentado en el banquillo a DomusVi. Una exdirectora que por otra parte ha dado esquinazo a los medios de comunicación a la salida de su declaración. Y es que testigos presenciales aseguran que se ha cambiado de chaqueta y se ha recogido el pelo dentro del juzgado, para salir, supuestamente, por la puerta trasera, porque nadie la ha visto salir.

Familiares de los 74 fallecidos de una residencia de Alcoy al comienzo del Covid piden "respuestas"

Pese a que allegados y extrabajadores han mantenido que las primeras semanas de la pandemia no había ninguna separación de residencia con sintomatología covid y los sanos, Cerdá ha asegurado que tras los dos primeros residentes con síntomas en la noche del 13 de marzo, al día siguiente, cuando se declaró el Estado de Alarma, se procedió a una separación de sintomáticos de asintomáticos. 

Cerdá ha negado la versión dada por el entonces jefe de la Unidad Hospitalaria Domiciliaria (UHD), el doctor Manuel Pérez, de que no se aislara a los enfermos, así como que hubiera personas "desnudas, por el suelo, pidiendo agua y que las sacaran de allí", como declaró este sanitario el primer día. Muchas preguntas de la parte demandada han ido encaminadas a desmontar la declaración de Pérez, que constituye hasta ahora uno de los principales pilares de los afectados. Ha señalado que "las declaraciones del Pérez no se corresponden con realidad. No vino a quejarse de nada, de aislamiento, etc.".

Aislamiento

Así, desde la parte demandante han tratado de rebatir a la directora, haciendo referencia a una comunicación del departamento de Salud del 20 de marzo en la que se daban las instrucciones para el aislamiento, a lo que ella ha respondido que eso era más bien referente a los trabajadores, y que el aislamiento se realizó ya el 14 de marzo. "El 14 de marzo, con los residentes con síntomas por un lado y por otro con lo que no tenían, ya se hizo una primera ubicación por habitaciones. Otros trabajadores y extrabajadores que han declarado este miércoles a instancias de la empresa también han respaldado que se realizó ya un aislamiento ese día.

"Yo subí en tres ocasiones en todo el brote”

Un aspecto que ha llamado la atención es que, al ser preguntada por si se daba la circunstancia de que compartían habitación positivos y negativos, al referirse al cartel que se ponían en los cabeceros de las camas con un más, menos o dudoso, ha señalado "eso yo no lo vi", argumentando que "yo subí en tres ocasiones en todo el brote” a las plantas donde estaban los residentes. Así, posteriormente, fuera del palacio judicial, desde la Asociación de Familiares han destacado que cómo podía saber lo que pasaba en la residencia, si había aislamiento o gente desnuda por el suelo, si no pasaba por la zona de los residentes. 

En cuanto al personal, a preguntas de los demandados ha señalado que "no constató falta de personal" y que "me consta que sí que se cumplían la ratio que marca la normativa, así lo decían las inspecciones de conselleria", e incluso se superaban, algo que han rebatido más adelante los familiares.

También ha desatacado sobre los brotes de gastroenteritis que solo hubo uno en 2018 y otro en 2019, para los que había un protocolo de los que eran conocedores los trabajadores´.

Sin quejas

Cerdá ha destacado que la coordinadora de Enfermería del Departamento de Salud, pese a las manifestaciones del jefe de la UHD, "no me trasladó ninguna queja y que no estuviera satisfecha ni que hubiera irregularidades". Y asegura que tampoco le dijo nada el jefe de la UHD. Así, ha recordado que "llegamos a tener a 45-50 personas con síntomas, pero no nos dejaban derivar. La pauta del Hospital era que no se podían derivar al Hospital", pese a la insistencia del doctor Hernán Salirrosas. 

Y ha recordado que cuando les avisaron de que la conselleria iba a intervenir el geriátrico, "teníamos 100 trabajadores y nos dan 6 mascarillas y 6 batas. Lo único que nos podían dar, diciéndonos que en el hospital están usando bolsas de basura, que están a la espera de más material". Y ha insistido en que "se cumplieron estrictamente protocolos en el periodo Estado de Alarma". Del mismo modo ha destacado que se llamaban a los familiares para informar del estado de los residentes, y también se pasaron a realizar videollamadas.

Ratio e inspecciones

Cuando se ha pasado al turno de la parte demandante, su letrada ha asegurado que el personal era insuficiente. Así, ha recodado que la ratio no se cumplía en cuanto a médicos, y que varias inspecciones alertaron de irregularidades entre 2019 y 2020. Así, la letrada le ha señalado que DomusVi recibió "una información de conselleria de que tenían que ampliar médicos y "tasot" (técnico de actividades socioculturales) y otras circunstancias, y estar el orden y completar la ratio establecida", respondiendo ella que "cuando llegó ese requerimiento aumentamos "tasot" y buscamos médico". Y preguntada por un acta de noviembre de 2019 que indicaba que se había subsanado algunos aspectos y otros no" ha señalado que "no lo recuerdo". 

Del mismo modo, preguntada por si "recordaba que en esa acta una de las circunstancias no resueltas era que el centro no disponía de protocolos cuando ya había antecedentes de brotes de gastroenteritis", ha respondido que no lo recordaba. 

Falta muy grave

Así los demandantes han señalado inspecciones y actas de junio de 2019, noviembre de 2019 y enero de 2020 donde se alertaban de deficiencias, añadiendo que a finales de 2020 hubo una resolución de la conselleria que impuso por una falta "muy grave", 40.000 euros de sanción, "por haber existido riesgo y peligro para los residentes", algo que ella afirma desconocer, ya que para entonces estaba de baja y después dejó la empresa en 2021 sin llegar a reincorporarse. 

Contradicción con la administración de medicinas

En cuanto a que los auxiliares de enfermería, cuyos testimonios el primer día denunciaban que se les obligaban administrar medicinas pes ea ser responsabilidad de las enfermeras, Cerdá ha señalado primero que esas quejas "se elevaron al comité", se entiende que de salud, y que se acordó que sí que era de su competencia. pero después en otra pregunta ha dicho que no recordaba que fuera así, y que cree que fue una instrucción de la empresa matriz, entrando así en contradicciones.

Y preguntada por la situación denunciada por trabajadores de que una residente. Emma, fue encontrada muerta a las 7.30 horas y a las 20.00 horas seguía en su habitación, compartiendo espacio con otra persona, ha señalado que "no lo recuerdo si pasó todo el día un cadáver con el otro usuario en habitación. Yo no estaba en la planta", poco después de haber manifestado a otra pregunta que "yo subí en tres ocasiones en todo el brote”.

Otros testimonios

La jornada ha contado con las declaraciones de E.M., psicóloga entre abril y mayo de 2020; y la ayudante de supervisión Inés Monterroso, que trabaja en DomusVi Alcoy desde 2007.

La primera explicó que fue a la entrevista de trabajo pensando en decir que no por la situación se estaba viviendo allí ya en plena pandemia, "pero decidí incorporarme y vi un equipo totalmente entregado. No me pude ir", destacando que sí que tenían material de protección para poder trabajar allí. Ella era una de las cuatro personas que se dedicaba a llamar todos los días a los familiares y a hacer el acompañamiento en videollamadas. Ha apuntado que ella y sus compañeros no podían dar detalles por protección de datos sobre el estado de los pacientes, solo limitarse a si estaba estable, si mejoraba... ya que eso era cuestión del médico que llamara. 

Ha negado que hubiera una situación "catastrófica" como declaró el jefe de la UHD, aunque este se refería al día 12 de marzo, y ella entró a trabajar en DomusVi casi un mes después. Así, la parte demandante ha recordado que ella entró a trabajar el 8 de abril, cuando a fecha 6 de abril ya habían muerto 58 de los 74 residentes que perecieron en el geriátrico. 

Y ha reiterado que "vi un equipo totalmente entregado, muy presionado por la opinión pública, haciendo todo lo posible, muchas horas".

Y en cuanto a la ayudante de supervisión Inés Monterroso, cuya labor ha sido criticada por extrabajadores, esta ha destacado que había protocolo para brotes de gastroenteritis, negando que fueran “cada tres semanas”. Y ha señalado que no es cierto que el número de gerocultores -auxiliares de enfermería- fuera insuficiente antes de la pandemia.

Más medicinas

Del mismo modo ha señalado que "los gerocultores pueden dar los medicamentos que prepara Enfermería si esta no puede y no se trata de antibióticos ni morfina". Pero después se ha contradicho, ya que ha manifestado que no le consta que hicieran nunca esta función, pese a decir la directora que sí que se dio instrucción de que la administraran. "No me consta que los gerocultores hayan dado medicinas", ha señalado Monterroso. 

Ha manifestado que no recuerda que una gerocultora, Bayón, le dijera que tenía 39,5 de fiebre y la obligara a seguir trabajando en pleno brote, asegurando que si alguien le dice eso lo envía a casa. 

También ha negado la declaración del jefe de la UHD de que hubiera gente por el suelo, desnuda... y ha señalado que "la UHD nunca se me ha quejado" por el servicio. 

Testifical pendiente y polémica

Una de las testificales que había prevista para este miércoles se ha pospuesto para decidir el jueves si sigue adelante. Se trata de Sara Sanz, que en pandemia era trabajadora social, y por ello se aceptó su inclusión como testigo solicitada por la parte demandada.

Antes de empezar la vista de este miércoles los demandantes han advertido que es la actual directora, cargo que ya ocupó desde septiembre de 2020 y mayo de 2021, y que al parecer posee "poderes legales" de representación de la empresa, un extremo que ha pedido aclarar el juez, para decidir si permite su declaración, o es considerada como parte del proceso y se descarta. Y es que los afectados han denunciado la "ocultación" del dato de que ya era directora cuando en la vista previa de 2023 se aceptó su inclusión, negando de plano la otra parte tal ocultación, ya que han manifestado que desconocían que en trámite de audiencia previa tuviera ya ese cargo.

Así, este jueves serán el turno de los últimos testigos de la parte demandada, y declararán los primeros peritos de un proceso judicial que se prevé terminar el 10 de octubre.