El germen de la tragedia del geriátrico de Alcoy

Carmen, Alejandro, Ana, Emma, Dolores, Milagros, Francisca, María, Manuel, Isabel, Edelmira, José, Josefa, Rafael, Juan, Consuelo… son algunos de los 73 residentes que fallecieron en el geriátrico de Oliver de Alcoy. Nombres que se han citado esta semana en el primer juicio civil por la gestión de un centro de mayores durante la pandemia en España.

Esta vista ha recordado, más de cuatro años después, la salvaje crudeza de aquellos primeros meses del covid. Para la mayoría de la población aquello queda ya muy lejano, casi un mal sueño, pero para familiares que perdieron a sus seres queridos en circunstancias que no han quedado claras, es algo que siguen teniendo muy presente. Tienen una cuenta pendiente que necesitan resolver para seguir adelante. Y este proceso está haciendo que lo revivan todo de nuevo.

El drama del geriátrico de Alcoy durante el covid: "Gente desnuda, con los pañales rotos, por los suelos, pidiéndonos que los sacáramos de allí"

Los afectados que han demandado a la residencia de DomusVi de Alcoy siguen, en parte, anclados en aquellos trágicos tres meses, entre marzo y junio de 2020, a la espera de encontrar respuesta a por qué murieron 73 de los 138 residentes, más de la mitad, más una persona del centro de día. 46 familiares de estas 18 personas reclaman una indemnización total de más de dos millones de euros a Quavitae Servicio Asistenciales, empresa matriz de DomusVi, y a su compañía aseguradora, Mapfre, por mala praxis. Por una supuesta negligencia. Pero lo principal, afirman, es saber qué pasó y que no se repita. 

La labor que tiene por delante el titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Alcoy, Javier Calatayud, es muy compleja, ya que las versiones aportadas por las partes son como la noche y el día, sobre cómo se gestionó y se podía haber gestionado, durante la pandemia la instalación. Y los informes periciales de ambas partes suman miles de folios. Además, al ser un proceso civil, son las partes las que aportan las pruebas, siendo el magistrado el que, en base a ellas, decida.

Ejército de peritos

Por parte de los demandantes han participado tres peritos, dos de ellos para el mismo informe. Mientras, la parte demandada aporta 11 peritos, todo un ejército de expertos que seguirán declarando el próximo lunes y martes, para respaldar la correcta gestión del centro. El jueves, si no hay contratiempos, serán las conclusiones y quedará visto para sentencia, aunque el propio magistrado se ha mostrado convencido de que, sea cual sea su veredicto, habrá recurso a la Audiencia Provincial. Y ha advertido que no será un fallo que vaya a estar en 20 días. Trabajo tiene por delante.

Lo que deja claro este juicio es la excepcional situación que se vivió en aquellas primeras semanas de pandemia. El día en el que se decretó el Estado de Alarma, el sábado 14 de marzo, 13 personas presentaban ya síntomas compatibles con el covid en el geriátrico. El brote estaba descontrolado. Fue entonces cuando se produjeron, según la entonces directora, Ana Cerdá, los primeros aislamientos. 

El drama del geriátrico de Alcoy: "Faltaba mucha gente para atender humanamente a las personas ingresadas"

En cambio, los peritos de los demandantes han desvelado que cinco días antes ya había una persona con síntomas compatibles que andaba libremente por el centro, extremo que han reconocido expertos de la bancada contraria. Es el considerado, hasta ahora, como “paciente cero”, según los demandantes, que denuncian que se incumplió inexplicablemente el protocolo de Sanidad, ya que esta persona tenía que haber sido confinada, así como sus contactos. Eso, de ser cierto, supondría una de las claves que explicarían la tragedia. 

Pero los peritos de la demandada, expertos en epidemiología, han respondido que en aquel entonces solo se consideraba caso sospechoso de covid si, además de síntomas relevantes, había tenido contacto con algún positivo o viaje a zona donde hubiera trasmisión comunitaria (por ejemplo China o norte de Italia). Así, según la parte demandada, con la información de que se disponía entonces y las normativas vigentes, se actuó correctamente y no hubo por tanto negligencia.

Visto con retrospectiva, está claro que fue un error, pero la defensa sostiene por tanto que la gestión fue la adecuada, dado lo que se sabía en aquel momento. Y uno de los peritos de la empresa sostiene que todo fue cuestión de “suerte”. El problema fue que el virus entró en la primera ola, cuando nadie sabía muy bien cómo se comportaba y los medios y tratamientos eran limitados. Era inevitable.

Una expansión descontrolada

¿Jaque mate entonces? Para los demandantes, no. Y es que 20 de marzo había ya 45 contagiados. El 25 de marzo 28 muertos. Y el 6 de abril, tres semanas después del primer óbito -el 16 de marzo-, habían fallecido 58 residentes. Casi tres muertes al día. El drama de la pandemia se cebó en la residencia de DomusVi. Y buena parte de los familiares necesitan saber por qué. Y sus expertos sostienen que se actuó de forma “temeraria”, sin medidas para atajar un brote brutal. 

La exdirectora del geriátrico de Alcoy asegura que el aislamiento empezó con los primeros síntomas de covid

Los peritos y los extrabajadores que han declarado a instancias de los afectados han asegurado que se debió a la “negligente” e “imprudente” gestión de la residencia, por falta de aislamiento y sectorización, insuficiente material de protección, desatención y falta de personal, tanto de auxiliares de enfermería como de enfermeras y médicos. Y también por la reorganización llevada a cabo el 29 de febrero, con cambios de planta de usuarios que incrementó el trasiego de personas entre la segunda y tercera planta, cuando según los demandantes ya había instrucciones de Sanidad de extremar las precauciones y limitar contactos, algo que niega la otra parte.

Los primeros peritos de la empresa sostienen que se actuó conforme a normativa vigente y al conocimiento del virus que se tenía. Y además señalan que el estado de salud de los fallecidos, con una edad media de 86 años, comorbilidad -varias enfermedades-, entre ellas degenerativas como alzhéimer o párkinson, influyeron en la letalidad, junto con el hecho de ser la primera ola. Y han rechazado que faltara personal.

Desconocimiento

Por otra parte, sorprende que la directora haya dicho que subió a las plantas, donde estaban los residentes y morían casi tres al día, solo en tres ocasiones en todo el brote. Los familiares se preguntan cómo sabía lo que ocurría si por allí no pasaba”. A pesar de ello, ha insistido en que los medios eran adecuados y se actuó correctamente, aunque después ha reconocido que inspecciones de la Generalitat alertaban de falta de personal, en especial de médicos, aunque unos cifran en 5 horas semanales y otros en 20 horas la deficiencia, que la empresa asegura solventó. 

Colas de coches fúnebres

Los relatos, al margen de lo que es el proceso, han recordado las enormes carencias que se vivían entonces. Bolsas de basura en el hospital para protegerse, alcohol para desinfectar mascarillas y poder compartirlas con otros trabajadores de la residencia, mascarillas y monos de pintor ante la falta de EPI, colas de cinco y seis coches fúnebres para retirar los cadáveres de los residentes del geriátrico, negativa a derivaciones al hospital de enfermos… parece que fue en otra vida, pero muchos lo tienen como un recuerdo muy vivo.

La parte demandada ha centrado sus esfuerzos en desacreditar tanto la declaración del jefe de la Unidad de Hospitalización Domiciliaria (UHD), Manuel Pérez, como de los exempleados y peritos que han aportado los afectados. Las manifestaciones de Pérez fueron el primer día un aldabonazo de tal crudeza que la letrada de los demandados, a través de otros empleados, la entonces directora y familiares que aún tienen allí a allegados, han tratado de negar. 

Apocalipsis

El responsable de la UHD, ya jubilado, verbalizó lo que, según él, encontró allí la semana en la que se declaró el Estado de Alarma, aunque ha habido confusión al decir primero que fue el sábado su primera visita, y después que fue el jueves 12 de marzo: "Gente desnuda, con los pañales rotos, por los suelos, pidiéndonos agua, y que los sacáramos de allí". Una imagen apocalíptica.

Medicinas

El tema de la administración de medicamentos ha revelado grandes contradicciones, ya que los auxiliares de enfermería -gerocultores- han denunciado que esa función no era de su responsabilidad, y pese a ello se encargaban. La exdirectora primero manifestó que esa queja, antes de pandemia, se elevó al “comité”, se supone que de salud, que decidió que sí que era de su competencia. Y más tarde, se ha desdicho señalando que la orden provendría de la empresa, y al ser preguntada por el comité, que no recordaba si pasó por allí. Pero una ayudante de supervisión ha dicho que sí que podían dar medicamentos los gerocultores, siempre que no fueran antibióticos ni morfina, para más tarde señalar que no le constaba que nunca hubieran administrado medicinas, añadiendo así aún más confusión.

Relaciones sexuales

La empresa ha presentado tacha sobre tres de los exempleados que han declarado, y ha intentado desacreditarlos, llegando incluso a acusar a uno de ellos de haber mantenido relaciones sexuales consentidas con una residente, algo que él ha negado de plano. 

Otro tema ha sido la falta de medios, ya que había inspecciones en 2019 y 2010 que alertaban de carencias en el área médica. Y pese a ello la exdirectora ha mantenido que no faltaba personal, para después, cuando los demandantes han sacado a la luz las inspecciones y una sanción de 40.000 euros por falta de protocolo ante brotes de gastroenteritis y falta de personal, ha señalado que cuando se les advertía la deficiencia,, se procedía a su subsanación.

Y muy llamativo ha sido lamento de los peritos de la acusación, que han denunciado que no han tenido acceso a los historiales clínicos porque la empresa no ha querido facilitarlo, mientras que los peritos de la otra parte sí, y así lo han reconocido en la vista. Por ello, los expertos de los demandantes han tenido que basarse en los resúmenes realizados por los peritos de los demandados, y no en la documentación original. 

Quedan tres sesiones para dilucidar qué pasó para que murieran 74 personas en un geriátrico que se convirtió en un infierno.