Los dueños derriban parte de un edificio de Alcoy tras cinco multas y varios derrumbes

Los dueños del edificio del número 50 de la calle Sant Francesc han derribado la parte más urgente del inmueble, que acumulaba cinco multas por no pasar la revisión obligatoria y había sufrido varios derrumbes en los últimos meses. Los primeros trabajos se realizaron hace ya un mes, por lo que llevan tiempo paralizados y se espera que la próxima semana se reanuden con el derribo del resto y el desescombro, según ha explicado la concejal de Urbanismo de Alcoy, Vanessa Moltó.

El primer derrumbe, de parte de la medianera, se registró en la madrugada del 17 de julio, tras lo que se determinó tras una evaluación de su estado que era necesario su derribo por su situación de ruina. El segundo ocurrió el 18 de septiembre y un tercero el 1 de octubre, lo que llevó al desalojo de varios edificios colindantes por precaución.

Días después se llevó a cabo la demolición de los elementos que presentaban más riesgo de este inmueble, que data de 1940 y era uno de los de los pocos que quedaba para rehabilitar en la calle Sant Francesc.

Alcoy anuncia el derribo «inminente» del edificio Sant Francesc 50

La concejal ha explicado este miércoles que la empresa contratada por los propietarios para la demolición tiene una saturación de trabajos, y que les ha informado que a lo largo de la próxima semana quieren reanudarlas para completar el derribo.

Malos olores y humedades

Por su parte vecinos de la zona han manifestado esta semana a INFORMACIÓN su preocupación por la situación del inmueble y la paralización de la demolición, alertando de que hay además malos olores y humedades que atribuyen al edificio en ruinas.

"Ruina inminente"

La empresa propietaria del edificio informó a mediados de septiembre al Ayuntamiento que los trabajos de demolición iban a empezar de forma «inminente». El Consistorio contactó en desde el primer momento con los propietarios, que mostraron la intención de rehabilitar el edificio. Pero finalmente, debido en el estado de deterioro no ha sido posible llevar a cabo la reparación y, a mediados de agosto, se declaró la «ruina inminente», ordenando la demolición.

Retraso

La empresa propietaria del edificio se comunicó con el Ayuntamiento a principios de septiembre para informar que ya había contratado a un arquitecto para preparar el proyecto. Y el 18 de septiembre se contactó de nuevo con los propietarios para requerirlos que actuaran y anunciaron, después de justificar la dificultad de las gestiones a causa del periodo estival, que presentarían la documentación que se los requirió y llevarían a cabo la demolición.

Esta documentación fue entregada a finales de septiembre, dando el Ayuntamiento unos días hábiles para iniciar la demolición que finalmente arrancó a principios de octubre, pero que lleva casi un mes paralizada.

Este edificio es propiedad de un fondo de inversión, que adquirió hace más de un año la vivienda siniestrada a la familia que, a pesar de esta transacción, seguía viviendo en uno de los pisos, y que ha sido la principal afectada por el suceso, viéndose obligada a marcharse de la misma por el riesgo que representa. Una empresa que desde que adquirió el inmueble tampoco haya llevado a cabo las reparaciones requeridas, ni tampoco haya hecho caso de los apercibimientos realizados por el Ayuntamiento en forma sanciones.

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