Dos de cada tres municipios de Alicante no tienen el PGOU adaptado ante el cambio climático

Planeamientos urbanísticos del siglo XX que no están preparados para los retos que supone el cambio climático en el siglo XXI. La dana de Valencia ha puesto de manifiesto la virulencia de unos fenómenos extremos que cada vez van a ser más frecuentes y potentes. Y por ello los expertos urgen a revisar estos documentos urbanísticos, que rigen el desarrollo de los municipios, que sean previos al año 2000. El objetivo es adaptarlos a la nueva realidad para evaluar riesgos y proceder a desclasificar zonas con peligro. Y es un problema común en muchas localidades. Demasiadas, con planeamientos completamente desfasados.

Dos de cada tres municipios de la provincia de Alicante tienen en vigor un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del pasado siglo. En algunos casos con 40 años de antigüedad o incluso más. En concreto, de los 141 municipios de la provincia, solo 46 tienen un plan general aprobado a partir de 2000. Y respecto a las 26 poblaciones de más de 20.000 habitantes, solo 8 tiene un PGOU del siglo XXI.

Así, entre los municipios con un planeamiento anterior a 2000 figuran Alicante (1989), Elche (1998), Elda (1985), Alcoy (1989), Benidorm (1990), San Vicente del Raspeig (1990) y Orihuela (1990), por lo que siete de los ocho más poblados tiene un PGOU del siglo XX, con Torrevieja como el único con un documento posterior, del año 2000, según los datos que refleja la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, a fecha de abril de 2024.

Esto representa un problema a juicio de los expertos para poder analizar la vulnerabilidad de los municipios en este contexto de fenómenos cada vez más extremos y frecuentes, y minimizar así sus efectos... o al menos no amplificarlos. Así lo pusieron de manifiesto el mes pasado en una jornada sobre cambio climático en la UPV de València, en la mesa “Eventos extremos y gestión integral del riesgo" en la que participó el climatólogo de la UA Jorge Olcina, junto a Mª Jesús Perles Roselló (Universidad de Málaga), Juan Pedro Martín Vide (Universitat Politècnica de Catalunya), Sofía González López (Protección Civil de la Delegación del Gobierno en Murcia) y Francisco Espejo Gil (Consorcio de Compensación de Seguros).

Los expertos rechazan que zonas inundables se puedan urbanizar gracias a obras hidráulicas

Una de las conclusiones de este encuentro es la necesidad de revisar todo el planeamiento municipal existente en los municipios del litoral mediterráneo español “para adaptarlo a la nueva realidad climática”. Y para ello reclaman la elaboración de un decreto-ley que obligue a esta revisión en el planeamiento urbano anterior al año 2000.

Informe de Sostenibilidad Ambiental

Olcina ha explicado a INFORMACIÓN que “no se trata de una revisión total de su planeamiento, pero sí de que incorporen el Informe de Sostenibilidad Ambiental que se incluyen en la Ley del Suelo de 2015, contemplando por tanto un mapa de todos los riesgos naturales existentes en el municipio. Y que sean mapas realmente de riesgo, no de peligrosidad”.

Así, “si del resultado de este informe y de la cartografía de riesgo actualizada se muestra que algunas zonas clasificadas como urbanizables ocupan áreas de elevado riesgo, ello debe suponer la desclasificación inmediata de estos espacios para uso urbano o para equipamientos críticos como colegios, centros de salud, etc.”

El director del Laboratorio de Climatología de la UA ha justificado la necesidad de esta revisión “porque todo PGOU anterior al año 2000 no está realizado bajo principios de sostenibilidad ambiental y no incorpora preceptos de reducción de los riesgos naturales, que no solo incluye inundaciones, y de adaptación al cambio climático. Eso debería obligar, de oficio, la revisión de los mismos”.

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De esta forma, los documentos que rigen el desarrollo urbanístico de los municipios incorporarían con esta revisión “verdaderas cartografías de riesgos naturales, como indica el artículo 22 de la Ley del Suelo. Esto supone que no son mapas de peligrosidad como se están haciendo. El riesgo es más que la mera peligrosidad natural, debe incluir parámetros de ocupación del suelo, población residente, actividades económicas, aspectos patrimoniales… Y estos mapas deben adaptarse, además, a la modelización climática existente”.

Y sobre por qué no es suficiente el Plan de Acción Territorial del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana (Patricova), que ya se tiene en cuenta además del PGOU para los desarrollos urbanísticos, ha señalado que la razón es que “hay que actualizar la modelización al cambio climático. Hay que ir a la máxima seguridad posible a la hora de establecer los niveles de riesgo”, más aún después de los estragos causados por la dana de Valencia. 

240.000 personas en zonas inundables

Precisamente el Patricova, elaborado en 2003 y revisado en 2015, estima que hay 50.000 hectáreas de la provincia que presentan riesgo de inundación, es decir más del 8,3% del territorio alicantino. Y es que unas 238.000 personas residen en zonas con peligro por esta circunstancia. Se estima que este documento, en sus primeros 10 años, evitó la urbanización de 15.000 hectáreas inundables en la Comunidad, aunque su última revisión data ya de hace una década.

Olcina ha advertido de que “se debe tener una concepción integral de riesgos. No solo hay que cartografiar y tomar medidas contra las inundaciones, también contra las sequías, sismicidad, deslizamientos, subida del nivel del mar”.

Desalojo de espacios ocupados con peligro

Y ha insistido en un aspecto complejo que considera necesario, como es “el desalojo de aquellos espacios ocupados urbanísticamente que cumplan tres rasgos: que tengan algo grado de riesgo en las cartografías oficiales, que sean espacios intensamente ocupados donde corra riesgo la vida humana y, por último, que sean espacios donde ya se han producido efectos desastrosos por eventos extremos ocurridos en las últimas décadas. Si se cumplen estas tres premisas ese espacio está indebidamente ocupado y además sus habitantes tienen elevada probabilidad de ser gravemente afectados en sus vienes y en su propia vida”.

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Paralización preventiva de proyectos para una nueva evaluación

Además, los expertos también piden una paralización preventiva de proyectos urbanísticos en tramitación en zonas de riesgo, “hasta que se vuelva a realizar una nueva evaluación de riesgo, actualizada al contexto actual de cambio climático. Si se demuestra que las condiciones no han empeorado y el riesgo no es alto, se podrá construir. En caso contrario, no”. 

Del mismo modo, también se han mostrado en contra de que zonas inundables se puedan urbanizar gracias a obras hidráulicas. Y es que consideran que se debe impedir que se puedan ocupar áreas a través de actuaciones que mitiguen el peligro de anegamiento, ya que el riesgo va a seguir existiendo en este contexto de cambio climático.

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Tramitaciones farragosas

Sobre el largo y tortuoso procedimiento que supone la aprobación de un nuevo plan de ordenación para los ayuntamientos, que tardan años en ver la luz y supone un obstáculo para la medida propuesta por los expertos en cambio climático, el catedrático ha reclamado que se “agilicen los trámites administrativos que tienen en la actualidad estos documentos y que resultan excesivamente farragosos, dotando de más personal a los organismos encargados de la elaboración de estos informes y de la tramitación de los planes”.

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Y es que ha insistido en que “la ordenación del territorio, como herramienta efectiva de reducción del riesgo de desastre deben creérsela las administraciones y dotarlas de presupuesto y personal necesario. Si no, seguirá el estancamiento y los plazos interminables en la tramitación de un plan urbanístico”.