La Rosaleda de Alcoy vuelve a la vida por orden judicial

La tierra empieza a cubrir La Rosaleda de Alcoy por orden judicial, casi 25 años después. Las obras para recuperar la zona verde de este emblemático espacio público de la ciudad entran en su recta final con la instalación de la capa de tierra que permitirá que vuelva a ser una zona verde, tal y como determinó el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) hace dos décadas. Por ello ya se ha empezado a tirar sobre la cubierta del parking una primera capa de grava, con lo que la obra se aproxima a su final.

La sentencia del TSJ de 2005, refrendada por el Supremo en 2007 por incumplir el PGOU, obliga a reponer una capa de tierra de un mínimo de 80 centímetros y arbolado, después de que la obra realizada en 2001 la eliminara. Eso sí, el parking subterráneo se mantiene.

De cualquier forma la empresa adjudicataria ha pedido dos meses más de plazo de ejecución para las obras, que debían terminar el próximo 11 de marzo. Así, pese a que la última fase prevista es la recuperación de la capa de tierra, los trabajos se van a retrasar un poco más. El Ayuntamiento está estudiando la petición de la mercantil, que ha presentado justificaciones que el Consistorio está ahora resolviendo para determinar el plazo adicional que se le otorga, según ha explicado la concejal de Urbanismo, Vanessa Moltó.

Hay que recordar que el Consistorio ya dio 3,5 meses más a finales del pasado año por el retraso en los trabajos, motivado por varias cuestiones. La obra debía terminar a finales de noviembre, ya que tenía un plazo de 10 meses y arrancó en enero de 2024. Y su coste asciende a 4,4 millones de euros.

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Desde la polémica obra declarada ilegal por el Supremo, La Rosaleda es lo que coloquialmente se denomina una "plaza dura", con la salvedad de que había -hasta el inicio de las obras para acatar el fallo judicial- varias jardineras y un pequeño espacio donde hay arbustos y algunos árboles, pero que no tenían nada que ver con lo que era hasta 2001.

El arreglo de la zona verde de La Rosaleda empezó a encarrilarse a finales de 2020, cuando ya hacía 13 años del fallo del Supremo ordenando su restitución. Ese mismo año se redactó el proyecto, que salió a licitación en los últimos días de 2022. Sin embargo, el concurso quedó desierto, debido entre otras cosas a que la inflación había hecho que los precios quedaran desfasados. Por ello, hubo prácticamente que duplicar el importe. Y el segundo concurso ha permitido acometer las obras, que empezaron en enero de 2024 y enfilan su recta final, aunque con un nuevo retraso.

Responsabilidades

Por otra parte, la Colla La Carrasca-Ecologistas en Acción y Guanyar han criticado al ejecutivo municipal formado por PSOE y Compromís, por rechazar la petición del colectivo conservacionista " a que proceda a la investigación de las posibles responsabilidades patrimoniales de las autoridades y funcionarios que intervinieron en la aprobación del proyecto de La Rosaleda". El Ayuntamiento rechazó la petición y el recurso de alzada posterior de La Carrasca, alegando que "no procede instruir el procedimiento solicitado para exigir esa responsabilidad a las autoridades y demás personal municipal por cuanto no se aprecia la concurrencia de dolo, culpa ni negligencia graves".

El renacer de La Rosaleda de Alcoy

Así, los ecologistas han lamentado que "las autoridades actuales no consideran grave el hecho que el proyecto ilegal se aprobara sin pasar por los departamentos de Urbanismo y de Arquitectura". Para el grupo conservacionista, "los principios de ética pública, buen gobierno y rendición de cuentas han quedado en papel mojado".

Y Guanyar ha denunciado "años de engaños del gobierno municipal sobre la investigación de la Rosaleda. La plataforma ciudadana ha expresado "su indignación por la decisión del gobierno municipal de PSOE y Compromís de no investigar las responsabilidades por el proyecto ilegal de la Rosaleda, después de años prometiendo que lo harían, tal como ha denunciado la Colla Ecologista La Carrasca. Esta decisión evidencia un engaño continuado a la ciudadanía".

Por ello Guanyar exige "transparencia y responsabilidad para aclarar un caso que ha supuesto un grave perjuicio para Alcoy y su ciudadanía, 4.372.000 euros, más el que costó la actuación inicial ilegal".