Caso Luxender de Alcoy: este es el fallo del juez sobre la demanda de 52 millones por su quiebra

Ya hay sentencia sobre la multimillonaria demanda por la quiebra de la promotora Luxender de Alcoy, uno de los pinchazos de la burbuja inmobiliaria de 2008 en la provincia de Alicante. Casi un año después de finalizar la vista de este complejo y farragoso caso, el magistrado del Juzgado de lo Mercantil Número 2 de Alicante ha dado a conocer a las partes este lunes el fallo.

Y es una resolución que absuelve a los demandados y carga contra la firma demandante, al considerar que es una empresa instrumental del que fuera dueño de Luxender para tratar de aparecer como acreedora y salvar todo lo posible de la quiebra.

La constructora Artemisa, como acreedora, reclamaba un total de 52,4 millones de euros a la promotora Luxender, siendo demandados 10 de los administradores concursales -casi todos- que tuvo la inmobiliaria desde 2008, por su responsabilidad patrimonial en la gestión, así como dos compañías de seguros.

El magistrado Gustavo Martín, al frente del Juzgado de lo Mercantil 2 de Alicante cuando se celebró el juicio, absuelve a todos los demandados y concluye que "Artemisa era Luxender y Luxender era Artemisa", algo que ya se dejó entrever durante la vista.

El magistrado concluye que algunas pretensiones de los demandantes han prescrito y otras no se sustentan, no se han acreditado los daños ni las infracciones legales que invocaban, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana.

La sentencia, que consta de 298 páginas, puede ser recurrida en apelación ante la Audiencia Provincial e impone parte de las costas del pleito, en algunos casos con declaración de temeridad, a los demandantes.

El magistrado considera que algunas de las pretensiones de los demandantes están prescritas y en cualquier caso ninguna de ellas se sustenta porque los actores no han acreditado los daños ni las infracciones legales que invocaban.

La sentencia concluye que la empresa demandante "fue parte activa del diseño del sistema" y estaba controlada por la misma persona que dirigía Luxender, beneficiándose de la protección concursal

Luxender SA, constituida en 1994 y que promovía entre otras actuaciones urbanísticas el complejo residencial en la partida de Serelles, en Alcoy, entró en concurso de acreedores en 2008. Tal y como detalla la sentencia, este concurso de acreedores ha atravesado desde entonces cuatro grandes etapas, “con relevos sucesivos y coexistencia de varios administradores”, hasta 2021, cuando se cerró la fase de liquidación.

Dos décadas de relaciones

Para resolver ahora este procedimiento, el magistrado ha tenido que examinar casi dos décadas de relaciones mercantiles, concursales y societarias entre Luxender SL y su filial Artemisa Granatensis, S.L., y los distintos administradores concursales que intervinieron sucesivamente, lo que se traduce en un volumen de las actuaciones que podría alcanzar los 55.000 folios.

Tras ese análisis, el magistrado ha desestimado tanto la acción civil individual, que está prescrita, como la acción colectiva incluidas en la demanda, cuantificadas en 23,4 y en 29 millones de euros, respectivamente.

Según recoge la sentencia, “Luxender no fue una empresa víctima del sistema concursal, sino el eje de una arquitectura societaria” integrada por otras sociedades como Artemisa y dirigida por su socio mayoritario, quien “controló todos los resortes del procedimiento y utilizó la figura del concurso como un paraguas protector frente a sus propios acreedores” con la finalidad “sobrevivir a toda costa”.

“El proyecto urbanístico de Serelles, concebido en los años de euforia inmobiliaria, se había desplomado con la crisis. Las obras, infladas en costes y sostenidas por expectativas políticas y financieras irrealizables, se convirtieron en una carga imposible de asumir”, precisa el juez.

“En ese contexto -añade- la aparición de Edificaciones Artemisa Granatensis, S.L. no respondió a una lógica de continuidad empresarial, sino a una estrategia de supervivencia: convertir el fracaso de Luxender en un crédito masa a favor de una sociedad controlada por el mismo grupo para salvar todo lo que fuera posible”.

Así, destaca que "Artemisa fue parte activa del diseño del sistema. Controlada por la misma persona que dirigía Luxender, participó de la operativa y se benefició de la protección concursal mientras pudo hacerlo. La prueba documental y los propios antecedentes penales así lo acreditan".

Y destaca que en 2009 "Luxender se encontraba sola, sin crédito, sin plan de negocio y con una urbanización invendible a medio construir. Y frente a esa realidad que abocaba necesariamente a la liquidación, la solución aplicada fue autofinanciarse mediante un contrato consigo misma a través de una sociedad pantalla, Artemisa", para aparentemente terminar la urbanización de Serelles, en lo que califica el magistrado que una "huida hacia delante".

Una urbanización a medio hacer en Mariola

La muestra más palpable de la quiebra de esta promotora es la urbanización inacabada de Serelles, en Alcoy, aunque el proceso judicial ha tenido de todo entre sus 55 tomos de documentos. Y es que ha estado marcado por todo tipo de vicisitudes, ya que tiene otros juicios pendientes, un juez fue apartado del proceso por parcialidad, un administrador depuesto por este magistrado y después restituido por orden judicial.

Y no solo por el tema judicial, ya que ha dado a conocer el curioso patrimonio que tenía Luxender, con un Porsche, un tractor, purasangres y una finca con 20.000 olivos que también llevó a una sentencia condenatoria por no ingresar los beneficios obtenidos de la cosecha de aceitunas. E incluso desaparecieron varios tomos de documentación de los autos judiciales, que complicó aún más si cabe el proceso.

Luxender inició hace casi dos décadas la construcción de 500 viviendas unifamiliares en Serelles, justo a los pies de la Sierra de Mariola. Se trataba de un plan urbanístico que, en posteriores fases, preveía hasta 1.000 casas más. Sin embargo, Luxender entró en concurso en 2008, en pleno pinchazo de la burbuja inmobiliaria, con solo medio centenar de casas terminadas o a medio edificar. Solo unas pocas viviendas están terminadas y habitadas en la actualidad. Y 16 años después, la promotora sigue inmersa en concurso de acreedores.

Un largo proceso

El concurso de acreedores de Luxender arrancó en 2008 y ha estado plagado de procesos judiciales, algunos de ellos aún abiertos. El juzgado de lo Mercantil, en el proceso por la calificación del concurso, ya declaró culpable en 2019 a una administradora de la promotora por no ingresar los beneficios obtenidos de la cosecha de aceitunas de la citada finca.

Eso sí, el juez desestimó otras cuestiones como irregularidades contables, inexactitudes en los documentos durante la tramitación del procedimiento, alzamiento de bienes, sobrecostes de la obra, salida fraudulenta de bienes, incumplimiento del deber de solicitar el concurso de acreedores o incumplimiento de los deberes de colaboración, y absolvió a otros ocho demandados.

Del mismo modo uno de los administradores fue apartado de la administración por una orden judicial, que después fue revocada por la Audiencia Provincial. Y la Audiencia también apartó por falta de imparcialidad al juez de Lo Mercantil que llevaba el caso entonces y que veía una supuesta trama de los administradores para dejar sin patrimonio Luxender, tras pedir el propio magistrado su abstención en el procedimiento.

El juicio por la reclamación de Artemisa arrancó en abril de 2024, pero ese mes no pudo terminarse la vista al pedirse nuevas pruebas, lo que llevó a que las dos últimas jornadas se celebraran el pasado mes de diciembre, cuando quedó visto para sentencia.

El magistrado Gustavo Andrés Martín, titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 que estaba cubriendo además la vacante del número 2 cuando se celebró el juicio, ha tardado casi 11 meses en tener lista una sentencia que ha desenmarañado un complejo caso originado en la explosión de la burbuja inmobiliaria.

Un proceso de Luxender que "ha consistido en una pulsión 'brute force' de todos los resortes del ordenamiento, exprimiendo hasta el agotamiento la totalidad de la arquitectura judicial que, a duras penas, consiguió sobrevivir". Así, es posible que la sentencia sea objeto de recurso, dada la millonaria reclamación que había sobre la mesa, aunque los argumentos del juez han sido contundentes y ha impuesto parte de las costas a la demandante.

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