Los vecinos exigen una urbanización "blanda" para reducir el coste e impacto de la reforma de Finca Terol

Los vecinos de Finca Terol exigen al Ayuntamiento de Tibi que modifique el millonario proyecto de reparcelación y urbanización que tramita para limitar su impacto económico y ambiental en esta zona. La Asociación de Vecinos Finca Terol celebró el pasado sábado un encuentro en Castalla al que asistieron unos 180 vecinos, según fuentes de este colectivo, con el objetivo de aclarar dudas y debatir la problemática que representa esta actuación que tramita el Consistorio y que se encuentra en exposición pública.

Un encuentro que no pudo celebrarse en Tibi, donde la Corporación denegó la solicitud de ceder el auditorio municipal u otro espacio para poder realizar la reunión, alegando que al ser un tema donde el competente es el Ayuntamiento, es este quien tiene que informar, no los residentes, insistiendo en que está a disposición de los vecinos para cualquier duda. Pero esta decisión que no facilitarles un lugar de reunión ha enardecido los ánimos de los vecinos, que no consideran una "censura previa".

Así, desde la asociación han explicado este lunes que debido a esta negativa, rechazan la reunión que habían pedido con el Consistorio para proponerles una urbanización "blanda" que mitigue los efectos. Y por ello, esto se incluirá en la avalancha de alegaciones que preparan.

Los residentes quieren que se modifique el proyecto de urbanización, que busca acabar con las deficiencias de esta zona residencial enclavada junto a la carretera que une Tibi con Castalla, en una valiosa zona ambiental con una gran pinada.

Carencias

La mayoría de las calles de la urbanización son de tierra, con un único vial pavimentado por los propios residentes, carecen de aceras e iluminación, muchos vecinos no tienen conexión a la luz y emplean placas solares, y el agua viene de una red privada...

Así, el proyecto contempla el asfaltado y urbanización de las calles, instalación de alcantarillado, alumbrado, zonas verdes y otros servicios de los que adolece.

Esta reurbanización, valorada en 51 millones de euros, se encuentra en fase de exposición pública por tres meses, finalizando el plazo a mediados del próximo mes, y ha generado una gran alarma entre los vecinos por el impacto que supone para sus economías. Afecta a unas 600 viviendas para dotarlas de asfaltado, alcantarillado y otros servicios, pero obliga a abonar el dinero, entre 40.000 y 80.000 euros de media, en solo tres años, lo que los vecinos ven completamente inviable, tal y como informó este medio el pasado diciembre.

La asociación insiste en que hay que rebajar su gran coste, así con ampliar el plazo de abono. Y además insisten en que "sobre todo queremos que se mantenga la esencia de Terol, con menos impacto ecológico, pavimentos filtrantes...".

De esta forma, todo esto se va a plasmar en las alegaciones que se van a presentar, para tratar que se modifique una actuación con la que no está de acuerdo la Asociación de Vecinos.

Agradecimiento a Castalla

Por otra parte "desde la Asociación de Vecinos Finca Terol queremos trasladar nuestro más sincero agradecimiento al Ayuntamiento de Castalla, especialmente a su alcalde, así como a todo el pueblo, por el trato, la acogida y la consideración que nos han brindado con motivo de la reunión informativa celebrada el pasado 21 de febrero".

Así mismo han destacado que "después de casi seis años de trabajo continuo por nuestro entorno vecinal, nos hemos sentido por primera vez tratados con la dignidad que merecemos. Nuestras reuniones, durante todo este tiempo, se han celebrado al aire libre, casi siempre de pie, soportando frío o calor. Por eso, el gesto que han tenido con nosotros tiene un significado especialmente profundo".

Valoraciones

En cuanto a la aportación económica que deben realizar los vecinos con motivo de esta urbanización, el valor de las cargas está estipulado según el aprovechamiento subjetivo asignado a cada parcela.

En general, ese aprovechamiento está en función del uso de la parcela y de la superficie de la misma, por lo que hay desde pagos de 28.000 euros a más de 500.000 euros, aunque en general rondan los 45.000 euros y llegan hasta los 80.000, según la documentación del proyecto que se puede consultar en la web municipal.

En caso de que el propietario no quiera o no pueda afrontar el pago, la alternativa es que soliciten "una justa compensación por la pérdida de su finca", según explica el Ayuntamiento en su web.

Además, en el proyecto de reparcelación se puede ver como hay casas que se dividen en dos, lo que podría corresponderse a errores materiales, y muchas parcelas pierden terreno para viales y otros servicios. Una parte de las casas están en situación irregular, mientras que otras sí que se construyeron de forma legal. Algo que también se tiene en cuenta en las cargas a abonar, pero que no supone grandes diferencias, según han explicado vecinos de la zona.

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