Alcoy asume el derribo de este problemático edificio tras la imposición de multas y reiterados incumplimientos

El Ayuntamiento de Alcoy asume de forma subsidiaria el derribo del edificio del número 50 de la calle Sant Francesc, clausurado desde 2024 tras registrarse un desprendimiento y acumular ya entonces sanciones por incumplimientos de la normativa.

El Consistorio ha puesto en marcha ya los trabajos para garantizar la seguridad y salubridad de esa zona, tras adjudicar las obras para proceder a la demolición de la parte restante del edificio de viviendas, así como a la adecuación de la parcela.

Las labores han empezado con la adecuación del terreno y está previsto que el próximo lunes 2 de marzo comience el derribo del inmueble, según han informado este miércoles desde la Corporación.

Esta intervención se ejecuta de manera subsidiaria y a cargo de la propiedad, con un presupuesto de adjudicación de 47.500,07 euros, IVA incluido. Y es una medida que se adopta tras un largo procedimiento administrativo en el que "el Consistorio ha actuado de forma continua y ha cumplido de manera rigurosa con todos los pasos marcados por la ley ante la inacción de los titulares del edificio", han explicado desde el ejecutivo municipal. La propiedad corresponde a un fondo de inversión que lo adquirió hace varios años.

Desde el primer momento hemos actuado con contundencia y dentro del marco legal para dar una solución definitiva al estado de este inmueble

Vanessa Moltó

— Concejal de Urbanismo de Alcoy

La cronología de este expediente se inicia en agosto de 2024, cuando el Consistorio declaró el edificio en situación de ruina inminente tras registrarse en julio un desprendimiento y ordenó su demolición en el plazo de un mes, siendo desalojado. El inmueble, levantado en los años 40, no había pasado la revisión obligatoria para los edificios de más de 50 años, lo que había motivado la imposición de cinco multas por esta razón ya antes del derrumbe parcial.

Incumplimientos

Ante la falta de respuesta, en octubre del mismo año se emitió un nuevo decreto que otorgaba cinco días para ejecutar los trabajos, advirtiendo de la posible imposición de multas coercitivas y de la ejecución subsidiaria. Posteriormente, la propiedad realizó un derribo parcial, lo que motivó una nueva resolución en febrero de 2025 para ordenar la demolición del resto de la edificación, el tratamiento de la medianera, la ejecución de una solera para la evacuación de aguas pluviales y el cerramiento del solar mediante un murete y una valla.

A pesar de que en abril de 2025 la propiedad manifestó su acatamiento y anunció el inicio inminente de los trabajos, estos no se llevaron a cabo de ninguna manera, según asegura el Consistorio.

Ultimátum

Como consecuencia, en julio se incoó el expediente de ejecución forzosa, otorgando un último plazo de quince días. "El reiterado incumplimiento llevó al Ayuntamiento a imponer dos multas coercitivas de 3.000 euros cada una durante los meses de agosto y septiembre. Además, se dio traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal para que evaluara la presunta comisión de un delito de desobediencia a la autoridad", han apuntado desde el ejecutivo.

Finalmente, al constatar en noviembre que las órdenes seguían siendo ignoradas, el gobierno local acordó formalmente la ejecución subsidiaria de las obras que ahora se materializan, tras su adjudicación a finales de diciembre.

La concejal de Urbanismo, Vanessa Moltó, ha explicado que "desde el primer momento hemos actuado con contundencia y dentro del marco legal para dar una solución definitiva al estado de este inmueble".

Moltó ha añadido que "el Ayuntamiento no ha estado parado en ningún momento, sino que hemos sido extremadamente cuidadosos a la hora de seguir toda la tramitación, imponiendo las sanciones correspondientes y dando cuenta a la justicia del incumplimiento, para finalmente asumir los trabajos subsidiariamente valorando siempre el beneficio y la seguridad de toda la ciudadanía".

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