El TSJ rebaja los servicios mínimos por la huelga de La Alcoyana

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha rebajado los servicios mínimos de la huelga que mantienen los trabajadores del servicio de autobús de La Alcoyana, tras aceptar el recurso de los empleados, que consideraban abusivo el 80 % impuesto por la Generalitat. Así, se pasa a unos servicios mínimos de entre el 60 y el 40 %, dependiendo de la franja horaria, por lo que el impacto de este paro que se mantiene desde hace ya casi tres meses va a ser mucho mayor en el servicio.

Los trabajadores iniciaron el 9 de febrero una huelga indefinida en el nuevo servicio de autobús comarcal puesto en marcha el pasado verano por la Generalitat en l'Alcoià y El Comtat, y que da también servicio a l'Alacantí y la Marina Alta. El servicio, bajo la denominación La Nueva Alcoyana, lo presta Vectalia.

El sindicato CGT, representante mayoritario de los empleados, reclama con esta medida mejores condiciones laborales para los trabajadores, denunciando despidos improcedentes, irregularidades en el servicio y carencias graves.

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En un comunicado han explicado esta semana que "denunciamos públicamente la grave escalada de decisiones empresariales que se están produciendo en pleno conflicto laboral" que "afectan directamente al ejercicio de derechos fundamentales".

Sanciones

Así alertan que la concesionaria "ha impuesto sanciones de empleo y sueldo a tres delegados de personal -60 días a dos de ellos y 30 días al tercero- tras la apertura de expedientes disciplinarios que, desde esta representación sindical, consideramos injustificados y claramente vinculados al contexto de huelga legalmente convocada. El resultado es evidente: la plantilla queda sin representación sindical efectiva durante todo el mes de marzo y parte de abril".

"Entendemos que estas medidas no son hechos aislados, sino actuaciones que, en la práctica, debilitan la capacidad de defensa colectiva de los trabajadores en un momento clave del conflicto".

CGT destaca que "frente a esta situación, la justicia ha vuelto a situar límites a los excesos cometidos durante el conflicto. Esta misma semana una resolución judicial ha condenado a la conselleria por la imposición de servicios mínimos abusivos, obligando a su rectificación y a su cumplimiento por parte de la empresa, reafirmando así la protección constitucional de las libertades sindicales y del derecho de huelga".

Revocación de delegados frustrada

"Lejos de rebajar la tensión, paralelamente se impulsó un proceso de revocación de delegados en un contexto de presión laboral creciente que, según hemos podido constatar, estuvo acompañado de un clima impropio de un proceso libre y democrático. Todo ello se produce tras múltiples sanciones disciplinarias y nueve trabajadores despedidos o no renovados durante el conflicto, configurando un escenario que entendemos como una estrategia de desgaste hacia quienes defienden derechos laborales básicos", han lamentado.

"Denunciamos igualmente la generación de divisiones dentro de la plantilla mediante tratos laborales diferenciados y decisiones que afectan especialmente a los sectores más vulnerables, alimentando un clima de miedo incompatible con la negociación colectiva real".

Imágenes de la huelga de los trabajadores de La Alcoyana

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Así, advierten de que "el proceso de revocación celebrado el pasado martes día 24 -que por ley debe ser libre, personal y ajeno a cualquier intervención empresarial- se desarrolló bajo circunstancias que consideramos profundamente cuestionables: control de accesos mediante seguridad privada vinculada a la empresa, presencia constante de vigilancia y un entorno que muchos trabajadores percibieron como intimidatorio. Además, se negó injustificadamente el acceso a uno de los delegados participantes en las negociaciones pese a pertenecer a la plantilla, circunstancia que compromete las garantías democráticas exigibles".

"A ello se suma el despido de un noveno compañero durante esta misma semana, decisión que interpretamos como una nueva medida de presión en plena escalada del conflicto laboral".

"Pese a todo, la plantilla volvió a demostrar responsabilidad y madurez colectiva. La revocación no prosperó, evidenciando el respaldo mayoritario de los trabajadores a sus representantes y dejando claro que la solución al conflicto no pasa por la confrontación ni por la división interna, sino por la negociación real", han destacado.

Piden la implicación de la Generalitat en el conflicto

Y han pedido que "la Generalitat Valenciana que no puede permanecer al margen. Hablamos de un servicio público de transporte financiado con recursos públicos y esencial para numerosos municipios. La administración tiene la responsabilidad de garantizar que la gestión privada respete los derechos laborales y constitucionales".

"La plantilla sigue dispuesta a negociar. Lo que exige es algo básico: respeto, cumplimiento de los acuerdos firmados y una negociación transparente y de buena fe que permita recuperar la paz social y garantizar un servicio público digno", han concluido.

Desde la concesionaria han declinado por ahora realizar declaraciones sobre esta reducción de los servicios mínimos.

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