El exalcalde de Agres tilda de "encerrona" el acuerdo plenario sobre su sueldo que le ha llevado al banquillo

"Fue una encerrona. Me hicieron una jugarreta". Así ha definido el exalcalde de Agres, Josep Manel Francés (Junts per Agres-Compromís) el acuerdo por el que se limitaron a un año las retribuciones recibidas su cargo. Francés se sienta en el banquillo acusado de haber cobrado este sueldo de manera indebida durante cinco meses, cantidades que ascendieron a 4.054 euros. Durante el juicio, el acusado ha asegurado que no intentó coger nada que no le perteneciese y que incluyó esos pagos en los presupuestos municipales. El fiscal le acusa de delitos de malversación y prevaricación, por los que reclama tres años de prisión y otros doce de inhabilitación.

Los hechos se remontan al año 2019, cuando el entonces alcalde de Compromís accedió a un nuevo mandato en esta población de 600 habitantes, aunque carecía de mayoría para sacar adelante sus propias iniciativas y necesitaba el apoyo de otros grupos. En un pleno celebrado en agosto de 2019, a la hora de pactarse las retribuciones, el entonces concejal del PSOE Rafael Sanjuán, que dos años después sucedió a Francés en la Alcaldía tras una moción de censura junto al PP, estableció la limitación de que estas cantidades solo estarían vigentes durante un año y, una vez pasado el plazo, deberían ser revisadas por el pleno. Francés aseguró que su compañero de corporación llegó con esta exigencia el mismo día del pleno. "La intención era que estos pagos se aprobaran para todo el mandato, pero tuvimos que aceptar esa imposición" porque estaba en riesgo el gobierno del municipio. El acuerdo se cerró verbalmente "en cuestión de minutos porque nos vimos entre la espada y la pared". Un año después, en agosto de 2020, el PP presentó una moción en el Ayuntamiento para poner fin a ese sueldo. Francés ha asegurado que tras su aprobación estuvo dos meses sin cobrar, hasta que finalmente fue aceptado un recurso presentado por el regidor.

Francés aseguró que estas cantidades estaban incluidas en los presupuestos con los sueldos de la corporación, aunque señaló que trató de celebrar varias reuniones con la oposición a lo largo del año de 2020 para tratar de solucionarlo, pero estos no se querían reunir. Desde la defensa, el abogado Ximo Perles, que es portavoz de Compromís en la Diputación destacó que había un informe jurídico que establecía que era la figura del alcalde y no la del pleno quien tenía las competencias de decidir sobre los sueldos de los miembros de la corporación. Los pagos contaron con el informe negativo de la secretaria e interventora municipal, aunque estos no tenían carácter suspensivo por lo que el alcalde podía seguir cobrando su sueldo, argumentó. "Nunca tuve intención de cobrar nada que no me pertenecía por el hecho de estar trabajando". En este sentido, ha insistido en que la propia interventora había testificado que en esos pagos no había vicios de nulidad ni de anulabilidad.

Moción de censura

Las retribuciones que, según la Fiscalía, se percibieron de manera indebida corresponden a los meses entre septiembre de 2020 y enero de 2021. Se trataba del sueldo por las cerca de trece horas de trabajo a la semana que dedicaba al Ayuntamiento y que se le descontaba de su jornada laboral. Francés insistió en que no trató de cobrar el pago tras la moción del PP hasta que se resolvió el recurso. En enero de 2021 se produjo la moción de censura que le desalojó de la Alcaldía y que fue presentada tras tumbar la oposición los presupuestos. Las cuentas municipales iban vinculadas a una moción de confianza presentada por el propio Francés, pero este acabó perdiendo la votación.

Entre los testigos que han declarado en el juicio se encontraba la actual alcaldesa de Agres, María García Pascual (PP), que fue la formación que presentó la denuncia en la Fiscalía, que aseguró que se instó al alcalde a que llevara las remuneraciones al pleno porque este seguía cobrando el sueldo a pesar de la caducidad del acuerdo plenario de 2019. En este sentido, ella ha manifestado que no percibe ninguna retribución del Ayuntamiento. Por su parte, el abogado de la defensa, en declaraciones a los medios tras el juicio, ha incidido en el hecho de que García Pascual ya cobra 40.000 euros por su contrato con la Diputación.

Otro de los testigos fue el exedil socialista Rafael Sanjuán, que resultó aupado a la Alcaldía tras la moción de censura. El regidor fue expulsado del PSOE por el pacto alcanzado con los populares. Sanjuán aseguró que aunque inicialmente decidió que el Ayuntamiento se personara como acusación particular en la causa, optó por retirarse al ver que la Fiscalía asumía la denuncia. En su declaración fue preguntado por sus retribuciones por su dedicación a la Alcaldía, a lo que contestó que él estaba jubilado por lo que ya recibía el dinero de su pensión.

La Fiscalía mantuvo la petición de tres años de cárcel al considerar que el exalcalde percibió de manera indebida ese dinero "a sabiendas de que no le correspondía". Para el representante del Ministerio Público hubo una desviación de poder al haber aprobado estos pagos. Por su parte desde la defensa se ha pedido la libre absolución incidiendo en que se había actuado de buena fe y que el dinero percibido era por su labor como alcalde y que le suponía no cobrar de su actividad profesional privada. "Ochocientos euros al mes y por un trabajo que era mucho más que trece horas a la semana", ha subrayado Perles. El juicio ha quedado visto para sentencia.

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